Esta semana la Comisión de Obras, Seguridad y Planeamiento del Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón (Mar del Plata), integrada por los concejales Katz, Rosso, Laserna, Vargas, Amenábar, Cirese, Maiorano, Baragiola y Beresiarte, realizó una reunión que los vecinos han calificado de vergonzosa. Trataron y aprobaron por unanimidad un dictamen favorable en el expediente 1668/2011, iniciado por el Poder Ejecutivo local, que impulsa una ordenanza para establecer “un régimen promocional hasta el 30 de junio de 2012 aplicable a los distritos urbanos residenciales, centrales, de equipamiento e industriales contemplados en el C.O.T. mediante el cual se incrementan selectivamente los indicadores F.O.T.”.

Como si se tratara de la promoción de una tienda de saldos, autorizan por un año un incremento del 30 por ciento de la superficie construible en varias zonas residenciales de Mar del Plata, atentando contra el derecho constitucional a la preservación del medio ambiente y el patrimonio cultural, y contrariando el reclamo ciudadano que desde hace meses se viene expresando en las presentaciones de proyectos, en las redes sociales y en manifestaciones públicas. Lo que indignó a los vecinos es que la reunión oficial de la comisión en la que los concejales firmaron el dictamen no se realizó en la sede del Concejo Deliberante, sino en... el Colegio de Arquitectos de la ciudad de Mar del Plata.

Los concejales, varios de ellos arquitectos, tal vez se sientan más cómodos en las sillas de esa organización que representa intereses corporativos, y no en las bancas a las que fueron electos por el voto popular. Quien puso la nota fue la concejal Vilma Baragiola, que también es candidata a intendente por el espacio cedido por la UCR a De Narváez, quien fundamentó su voto vía Twitter: “En Mar del Plata la industria de la construcción debe recuperar la previsibilidad y la seguridad jurídica”.

Habría que preguntarle a la concejala si la preservación del patrimonio cultural y el medio ambiente, amparados por la Constitución nacional, la provincial y tratados internacionales suscriptos por la Argentina, no merece de un marco jurídico seguro para su protección. Y si no es, más bien, promover la inseguridad jurídica, la sanción de una ordenanza inconstitucional de carácter “selectivo”, que autoriza en forma “promocional” y temporaria obras que tendrán un impacto permanente en varias zonas de la ciudad.

¿Cuál es la lógica que tiene autorizar obras en una determinada zona por un año? ¿Esas construcciones no tendrán impacto ahora y sí otras que se hagan después de junio de 2012? El proyecto permitirá, según denuncian los vecinos de Alerta Mogotes, “llenar la costa de torres parecidas al Conatus de Sicilia y Trabajadores, y de edificios de cinco pisos en el interior del barrio”, y expresan sus sospechas: “Se ve que el lobby de las cámaras de la construcción tiene tanta urgencia que no les importa el año electoral ni nada de eso, o los candidatos tienen el mismo apuro por juntarse con fondos para la campaña”.

Suspicacia que tal vez explique que se apure una ordenanza totalmente contraria a la norma que suspendió por 90 días la demolición de más de 30 años, que vista en perspectiva parece que fue sólo un amago para calmar a los ciudadanos movilizados, objetivo que no fue logrado.