La Defensoría del Pueblo de la Nación circuló hace poco una orden a todas las defensorías del país –provinciales, municipales y de comunas– para que “investiguen acerca de la preservación y cuidado de bienes declarados monumentos”. La resolución 096/11 explica que la Defensoría ya participa en casos que involucran el patrimonio construido y que, en todo caso, este bien cultural de los argentinos tiene rango constitucional, como dice el artículo 41. Con lo que “los bienes históricos y artísticos, lugares, monumentos e inmuebles propiedad de la Nación, de las provincias, de municipalidades e instituciones públicas, quedan sometidos a la custodia y conservación del gobierno federal, en su casco en concurrencia con las autoridades respectivas”.

Esta iniciativa viene a reforzar la más vale tenue presencia del gobierno nacional en la materia y levanta la esperanza de que se puedan tener pautas a nivel país para zonificaciones, preservación y conservación. Por ahora, la Defensoría nacional habla de edificios u objetos que ya sean propiedad pública, pero ampliando el juego a futuro. Así, les ordena a sus contrapartes que contribuyan a “actualizar el registro de monumentos y lugares históricos nacionales localizados en sus jurisdicciones” y también que “prevengan a las autoridades responsables sobre su estado de conservación y/o necesidad de restauración”. Explícitamente, los defensores del pueblo tienen que comunicar a la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y de Lugares Históricos “situaciones que pudieran resultar anómalas o que conlleven un riesgo prevenible”. El encargo también pasa por “relevar conjuntos edilicios u obras arquitectónicas aisladas” que pueden incluirse eventualmente en el Registro Patrimonial. Todo esto debe comunicarse a la Defensoría nacional.

A esta altura del escrito, aparece un concepto realmente diferente. La Defensoría afirma que “es de competencia originaria la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados por la Constitución y las leyes” y, por lo tanto, “nada obsta a que el defensor del Pueblo de la Nación proponga mecanismos para plantear medidas que permitan realizar la actividad de cooperación con los organismos nacionales, provinciales y municipales”.

En resumen, que la protección del patrimonio es un derecho de rango constitucional y por tanto los defensores del Pueblo a todo nivel tienen que defenderlo. Esta instrucción a nivel nacional abre puertas interesantes.

LA CASA DEL POETA

Los que quieren el patrimonio se alarmaron con la venta de la casa del poeta Baldomero Fernández Moreno, en la esquina de Bilbao y Robertson. La casa es una de esas bellezas del barrio de pasajes por atrás de Primera Junta, camino al Parque Chacabuco, de la época en que Buenos Aires se permitía diferenciar zonas bajas de altas, tranquilidades de agitaciones. Como hoy todo es departamento especulativo y como Primera Junta es uno de los ojos de tormenta de la invasión de torres, el anuncio de la venta despertó preocupaciones.

Por su asociación con el poeta, el edificio está protegido por ley y no puede ser demolido ni remodelado. De hecho, la ley de 1996 hablaba de transformar la casa en un centro cultural y museo abierto al público, con un uso de eventos, reuniones literarias y exposiciones, cosa que nunca se amagó siquiera a cumplir. Entre los alarmados por la venta hubo quien se comunicó por mail con el Ministerio de Cultura porteño para ver si sabían del tema. No hubo respuesta.

Pero más allá de leyes y patrimonios, la casa del poeta está siendo colocada en el mercado por la firma Hilda Lew, que se presenta como especialista en “inmuebles especiales” y es una de las inmobiliarias que se dedica en particular a vender patrimonio. Una de las maneras de ver qué tiene esta ciudad es recorrer la página web de la empresa, tachonada de maravillas. Los de Hilda Lew no hablan de terrenos, ni de fots ni de alturas permitidas porque no piensan, a la primate, en demoler. Las fichas destacan pinoteas y marqueterías, cúpulas y vitrales, equipamientos originales y elegancias pasadas. Estos patrimonios se venden como viviendas o edificios comerciales para ser usados, con metrajes, número de ambientes y otras normalidades raras en el rubro. Y se venden a precios de edificio, no de lote especulativo.

Cuando este suplemento se comunicó con la firma Hilda Lew, aseguraron con naturalidad que sabían exactamente lo que tenían en venta. No sólo no hubo confusión, desconcierto o broncas, como ocurre en general con las inmobiliarias, sino que taxativa y espontáneamente afirmaron que “la casa se vende como un bien catalogado, que no puede demolerse ni reformarse. Se lo decimos a los clientes”. Y agregaron un bello concepto: “No es la tierra que está en venta, sino la casa”. Exacto ¿no?

El sitio de la inmobiliaria permite pispear la casa y ver que fue alterada pero no drásticamente. Los baños parecen a nuevo, cuándo no, pero ningún genio de la decoración de interiores se dedicó a “crear”. Los cerramientos de origen están en su lugar, como las pinoteas y la escalera de maderas duras. Hay un vitral y una puerta a la francesa de metal rumbo a uno de los jardines, que hay dos aunque pequeños. La casa sigue siendo básicamente la que habitó Baldomero Fernández Moreno. Ojalá encuentre nuevos dueños cariñosos, que la conserven como se debe.