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La confitería inaugurada en 1917 en un elegante edificio de Julio Dormal está cerrada, vaciada y con las vidrieras mal pintadas de cal. Hubo un cartelito de mala fe avisando un cierre “por reformas”, rápidamente arrancado, hubo mozos que se enteraron de que no tenían trabajo por los diarios, y también hubo una mudanza de madrugada en el fin de semana, que incluyó vandalizar las cámaras de seguridad del edificio para que no quedara registro (lo que les salió mal a los vivos). Un desastre que se podría haber evitado si el ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi, fuera ministro de Cultura y no de Turismo distraído por el festival de tango, y si no le tuviera tanto miedo a su colega de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín.

Ya la semana pasada se sabía que la Richmond estaba en peligro de cierre para transformarse en un megastore de Nike. Con el runrún salieron a la luz anécdotas de vaciamiento, como que hace meses que no se mantenía el lugar como antes, se raleaba el personal y se bajaba la calidad del servicio. Pero la ubicación y la fuerza de la marca son fuertes, con lo que la confitería donde paraba el Grupo Florida seguía llena. De ahí que primero cerraron los billares –las mesas están arrumbadas al fondo del subsuelo– y el cierre final fue un pase a la clandestinidad.

Según se supo, en la madrugada del domingo vaciaron el local, previa rotura de las cámaras de seguridad del edificio. Una tontería vandálica, porque el evento quedó grabado por las cámaras de seguridad de los edificios linderos... Para el lunes, el hecho consumado llevaba a los empleados, a los que nadie les avisó, al Ministerio de Trabajo, hasta que se enteraron de que efectivamente estaban despedidos pero cobrarían.

Mientras, la firma Nike se encontró con que era el nuevo Citibank, recordado por cambiarle el nombre al Teatro Opera y comprarse un desastre de relaciones públicas espectacular: hasta el gato se enteró de que el teatro ahora es del banco y hasta el gato lo repudió. El Citi aguantó lo que pudo hasta que alguna cabeza más inteligente ordenó devolverle nombre y cartel (protegido en la catalogación, de paso) y cerrar la crisis. No queda claro todavía hasta dónde Nike participa de la operación, pero la marca ya está asociada a un acto de vandalismo patrimonial.

Que no hubiera ocurrido si se aplicara la Ley 1227 de patrimonio cultural. La ley sigue sin reglamentarse, porque Chaín rechazó de plano el proyecto escrito por la secretaria de Patrimonio Josefina Delgado y firmado por Lombardi. El ministro de Cultura se comió el sapo –Chaín manda, Lombardi obedece, Delgado se esfumó– y la cosa quedó en la nada. El tema se nota cada vez que alguien destruye una pieza patrimonial sin sanciones, y se nota en casos como el Gato Negro y el Británico, Bares Notables según la ley pero sin protección efectiva. Esos bares siguen vivos gracias al escándalo y movilización, en los que Lombardi –autoridad de aplicación de la 1227– estuvo cuidadosamente ausente. Esta vez hasta dijo en público que no se podía afectar la propiedad privada...

Ante esta ausencia, se movió la gente. Por un lado, hay un acampe en Florida y una reunida de firmas sorprendente. Este jueves hubo un festival y abrazo, donde se vio al defensor adjunto del Pueblo porteño Gerardo Gómez Coronado, a la titular de la Comisión de Preservación del Patrimonio Cultural porteño Mónica Capano, y a diputados como María José Lubertino, Gabriela Alegre, Eduardo Epszteyn y Adrián Camps. Hasta hay un cantito –“no se va, la Richmond no se va”– y un amparo presentado por Miguel Astudillo, que le pide a la Justicia que pare la destrucción de la confitería, explicite la protección de los Bares Notables y hasta haga lo que se rehúsan a hacer: reglamentar por orden judicial la Ley 1227.

Y parte de la prueba es el prólogo de Mauricio Macri y el de Lombardi a la edición 2008 del catálogo de Bares Notables, donde cantan loas al patrimonio cultural. El abrazo, el festival y las preguntas a Nike siguen esta semana.

Polémica y APH

En su edición del sábado pasado, m2 reveló que la Comisión de Planeamiento de la Legislatura porteña recibió una carta firmada por el CPAU y la SCA oponiéndose a la iniciativa de ampliar la APH1. La gran extrañeza al respecto era ver entidades tan disímiles como el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo y la Sociedad Central de Arquitectos compartiendo membrete para oponerse a un proyecto de preservación de primer orden. Quienes siguen estos temas saben que ver la sigla “CPAU” en un tema de patrimonio es sinónimo de “me opongo” y que no lo hacen precisamente por idealismo, teorías o modelos urbanos, sino para garantizar la libre piqueta empresarial.

Con lo que el título de la nota habló de lobby, idea recogida por Basta de Demoler y por el defensor adjunto del Pueblo Gerardo Gómez Coronado, entre otros, y fue levantada por medios de prensa inesperados. Esta semana, como para aclarar los tantos, el presidente de la Sociedad Central Enrique García Espil envió esta carta a este suplemento:

“Para defender al patrimonio construido es necesario reflexionar sobre las leyes que lo protegen y la Sociedad Central de Arquitectos entiende que existen dos leyes ya aprobadas que, de implementarse, producirían una extraordinaria simplificación en los procedimientos y darían claridad a la normativa, que hoy es extremadamente confusa”.

“La primera de estas leyes es la que encomienda la elaboración de un catálogo completo de edificios protegidos mientras, provisoriamente, agrega un trámite preventivo para la demolición de toda obra anterior al año 1941. Las sucesivas prórrogas de la parte provisoria de esta ley contrastan con la demora en cumplir su parte sustantiva: la elaboración del catálogo que todavía no se ha iniciado a pesar de los años transcurridos. Mientras tanto, la Legislatura ha delegado su responsabilidad sobre la indispensable protección en un órgano ad honorem, que sólo analiza casos donde existe un emprendimiento inmobiliario en marcha. Así resulta imposible un análisis sereno, lejos de los apuros o los intereses comerciales”.

“La otra ley hasta acá incumplida es el Plan Urbano Ambiental, marco de toda la normativa urbana por definición constitucional. En esta ley se establece, como tarea prioritaria, la elaboración de un nuevo código urbanístico en reemplazo del actualmente vigente, que debe basarse en criterios de morfología urbana que surjan de la ciudad existente. El mandato indica, además, que en lugar de codificar con la misma norma amplias áreas de la ciudad debe resolverse cuadra por cuadra y manzana por manzana. Toda la extensa discusión sobre entornos y áreas de amortiguación quedaría resuelta con la aprobación de esta norma”.

“Si tuviéramos, entonces, una volumetría para la ciudad definida manzana por manzana a partir de los edificios existentes y un catálogo completo y consensuado de los edificios a preservar por su valor patrimonial, la protección de ámbitos urbanos y de edificios significativos tendría un marco jurídico claro y preciso, con normas aprobadas con anterioridad a su aplicación. La acumulación de normativa parcial y fragmentaria, por el contrario, no ayuda a lograrlo”.

“La carta a la Presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura apunta a estos objetivos y no, como usted erróneamente suponía, a favorecer lobbies inexistentes en nuestra entidad. Ciento veinticinco años de historia avalan a la Sociedad Central de Arquitectos en su compromiso con una mejor arquitectura y una mejor ciudad”.

Más que en la historia de la SCA, uno termina confiando en su bulliciosa vida interna –¡cómo discuten ahí adentro!– y por eso queda flotando la pregunta: ¿por qué le firmaron la carta al CPAU? ¿No saben que viven mandando cartas para parar la protección? Una cosa es señalar que un proyecto tiene defectos y exigir que se cumpla por fin la ley que indica que hay que crear el listado, junto a la que zonifica en serio por sectores más pequeños. Otra cosa es decir que hasta que no se haga eso no se puede catalogar, porque eso es darle vía libre a la destrucción indiscriminada de la ciudad para que unos pocos se hagan ricos.

Zoologías

La semana pasada hubo una fascinante audiencia por la causa del Zoológico, en la que se pidió un amparo para evitar que el gobierno porteño prolongue por decreto la concesión que ya se vence. Durante dos horas Mónica Capano, la titular de la Comisión por la Preservación del Patrimonio Cultural, el ente de la Legislatura que se está transformando en una fiscalía de estos temas, hizo un relato espeluznante y detallado del estado patético del parque creado por Sarmiento.

La visita más casual permitirá ver ruinas por todos lados: edificios patrimoniales pintados con esmalte, estatuas rotas y verdaderos peligros como la reja sobre Libertador, emparchada malamente pero de pronto derrumbe. También se supo que lo que queda de la Biblioteca junta humedad en el templo de Vesta, en unos estantes metálicos cualunques y en tan malas condiciones que es asfixiante entrar. Según Capano, de los 12.000 libros que recibió el concesionario quedan 7000, sin catalogar y sin que nadie se haga cargo de los 5000 faltantes. La biblioteca tuvo ese triste final porque su sede fue desalojada para que el privado ponga sus oficinas.

Resulta que Capano pudo hablar dos horas sobre el tema, no porque se recibió de Sherlock sino porque simplemente recorrió y comprobó lo que la Auditoría porteña revisó hace un par de años para un informe minuciosamente ninguneado por el gobierno porteño. Para dar una muestra del nivel con que piensan este asunto, la abogada que lo representa decía cosas como “y bueno, es un parque de diversiones”, sin saber que es un APH, un sitio histórico y un monumento nacional. Una tristeza...

Jornada

El viernes que viene se realiza la tercera jornada nacional de Patrimonio Cultural de los Organismos Públicos, que viene a tratar sobre uno de los conjuntos más fuertes del país. Es de 9 a 17.30 en el Banco Central –Reconquista 266– y los panelistas son una colección realmente interesante que va del responsable del patrimonio del Ministerio de Economía a su par del de Defensa, pasando por el jefe del Archivo del Cooperativismo, directores de museos, el director del Museo de Aguas de AYSA, Jorge Tartarini, representantes de Interpol y los Carabinieri italianos, docentes especializados y curadores. La actividad es gratuita, otorga certificado de asistencia y requiere inscribirse en [email protected].