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Esta semana vimos cómo la impotencia del Ministerio de Cultura porteño y el consecuente incumplimiento de la ley permitieron que cerrara la protegida confitería Richmond. Viene al caso enterarnos de lo que está pasando en Zacatecas.

Esa ciudad, capital del estado del mismo nombre en el centro de México, es conocida por sus reservas de plata y otros minerales, pero sobre todo por ser una ciudad colonial muy atractiva para el turismo. Un inmueble ubicado en el centro histórico fue alquilado para que se instalara allí la conocida cadena de hamburguesas. Bien sabemos que cuando las autoridades le hacen cumplir la ley, es muy respetuosa del patrimonio arquitectónico –Salamanca, México D.F. y Madrid son ejemplos de ello–, pero cuando los dejan hacen destrozos.

La Junta de Protección, Conservación de Monumentos y Zonas Típicas de Zacatecas realizó 16 observaciones al proyecto presentado por el propietario, y hasta que esto no se cumpla no se permitirá avanzar con el proyecto. La negativa giró en torno de que no se respetaron los requisitos desde el punto de vista arquitectónico, de usos de suelo, adecuación del proyecto al Centro Histórico y acceso a personas con discapacidad.

También se le exige la integración de las fachadas y hasta un particular y respetuoso diseño del mobiliario y los materiales de construcción que emplearán al interior del edificio, que deben ser madera o barro, según los criterios establecidos para el centro histórico.

Recientemente, los manifestantes en contra de la instalación de este restaurante argumentaron también que al no ser comida típica la que ofrezca el establecimiento, no se permite según la ley de monumentos.

Es decir, que no solamente se está planteando la restricción al uso en forma genérica, sino también de modo muy específico, el planteo es: hamburguesas no.

Si bien hoy la legislación local no lo prevé, los detractores de este proyecto argumentan que las convenciones internacionales que protegen los usos, costumbres y patrimonio intangible se deben respetar y esto implicará –según los expertos– la necesidad de rever la legislación local y adecuarla a esos tratados. Esta medida no solamente iría a favor de la protección del patrimonio cultural, sino también del trabajo y la producción local, afirman los representantes de los ciudadanos movilizados.

Ante esta situación, el presidente de la Junta de Protección, Conservación de Monumentos y Zonas Típicas exhortó a los zacatecanos a proteger desde lo local los usos, costumbres y tradiciones que “son los que dan sentido de pertenencia a la comunidad”. Como vemos, el debate sobre los usos de los bienes de valor patrimonial está en auge y no se puede clausurar la discusión anteponiendo siempre el derecho a la propiedad privada. Es que desde hace unos cuantos años –y en la Argentina, con rango constitucional desde 1994– tiene valor jurídico la preservación del patrimonio cultural como un derecho colectivo.

En una oportunidad, una encumbrada abogada del Ministerio de Cultura –en tiempos de las Chicas Superpoderosas, como bautizó a esa gestión el editor de m2– me dijo, en tono irónico, que pretender preservar el uso de los bares notables era una medida que sólo se podía tomar en Cuba. Desconocía, por supuesto, que la normativa de Londres impide el cambio de uso de los pubs históricos de la ciudad.