Muchos de los arquitectos que despreciaron la protección patrimonial durante su carrera, se dedicaron a demoler sin piedad y veían en un edifico antiguo solo un estorbo que ocupaba un predio y les impedía desarrollar sus ideas novedosas y superiores, ya peinan canas.

Ahora son sus propias obras las que comienzan a caer bajo la piqueta, con lo que se despiertan del letargo depredador para exigir la protección de lo que ellos o sus colegas construyeron hace no tantos años. Algo así está pasando con la Casa Di Tella del arquitecto Clorindo Testa, símbolo de la arquitectura moderna y estilo “brutalista”, que está siendo demolida.

El presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, que por cierto no es reconocido por su aprecio por la preservación patrimonial, acaba de reclamar la protección de este inmueble construido en 1968 en la calle Arribeños. Y agregó que no sólo los edificios anteriores a 1941 son merecedores de protección, por supuesto refiriéndose a la ley 2548 que protege preventivamente los inmuebles construidos antes de esa fecha.

Es totalmente cierto que hay muchos inmuebles posteriores a 1941 que merecen conservarse, pero también es cierto que la corporación de los arquitectos fue la que se opuso férreamente a que se aprobara la versión original del proyecto de ley, presentado por la entonces diputada Teresa de Anchorena, que imitando la normativa de Rosario, San Pablo y otras ciudades del mundo buscaba proteger a todos los inmuebles con más de 50 años de antigüedad. Es decir, que año tras año se iría actualizando ese régimen preventivo.

También fue Anchorena la que presentó un proyecto de ley para catalogar un importante listado de edificios representativos de la arquitectura moderna, que esos mismos lobbies impidieron que se aprobara y finalmente perdió estado parlamentario, como recordó esta semana la organización Basta de Demoler, y corrió la misma suerte un proyecto específico de catalogación de la obra de Testa.

Otro intento de protección lo impulsó el diputado Patricio Di Stefano, cuando propuso la catalogación de un conjunto de edificios próximos a la abadía de San Benito, entre los que se encontraba el de la calle Arribeños. A pesar de la existencia de este proyecto de ley, la Casa Di Tella no se encuentra dentro del catálogo preventivo. El Poder Ejecutivo porteño deberá explicar el porqué de esta omisión y las razones por las cuales autorizó una demolición ilegal.

El reclamo por la casa de Testa lo había iniciado el arquitecto Justo Solsona –tal vez uno de los mayores demoledores de la historia porteña– cuando escribió que en “edificaciones como éstas, que constituyen parte de nuestro acervo cultural, debe entrar en juego el concepto de intervención para mantener vigentes edificios que pudieran cambiar sus destinos funcionales pero sin modificarse arquitectónicamente, conservando su espacio, la materialidad, etc.”.

Este surgimiento de un interés por la preservación del patrimonio moderno, en las voces de los más renombrados arquitectos locales, debería servir para que las instituciones que los representan dejen de reclamar públicamente una cosa –la necesidad de dictar normas de protección claras y ordenadas– y que, por el otro, recorran los pasillos de la Legislatura presionando a los diputados para cajonear los proyectos que buscan preservar el patrimonio arquitectónico de la ciudad: el que a ellos les gusta y también el otro.