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En una de las pocas reuniones del complicado año electoral, esta semana la comisión de cultura de la Cámara de Diputados dio vía libre a una serie de proyectos de protección de edificios escolares, declarándonos parte del Patrimonio Cultural de la Nación. Las iniciativas de la diputada Adriana Puiggrós incluyen la Escuela Normal Mixta Joaquín V. González ubicada en Chilecito, La Rioja –en este caso hay otro proyecto del diputado Martínez–; el Complejo Social Educativo Escuela Hogar Evita, de la provincia de Buenos Aires; la Escuela Normal Domingo Faustino Sarmiento, de Chivilcoy; la Escuela Normal Mixta de Viedma, Río Negro; y la Escuela Normal Doctor Juan Pujol, de Corrientes.

Estas propuestas responden a los reclamos ciudadanos, que a lo largo del año se sucedieron en La Rioja, Córdoba y otras provincias. Son también consecuencia lógica de la luz que echó sobre este tema el pormenorizado estudio de los arquitectos Fabio Grementieri y Claudia Schmidt, que dio lugar al libro Arquitectura, educación y patrimonio. Argentina 1600-1975. Esa obra permitió comprender y valorar la real magnitud del complejo sistema de edificios escolares que a lo largo de la historia del país se fueron construyendo en todo el territorio, verdaderas joyas por el valor y calidad arquitectónica, pero también testimonios materiales de diversas etapas de la política educativa nacional.

La sanción de estas leyes será también una manera de reivindicar la lamentable actuación en torno de la alteración irreparable de la Escuela Normal de La Rioja, donde funciona un shopping bautizado con el eufemístico nombre de “Paseo Ramírez Cultural y de Entretenimiento”. Los lectores de m2 recordarán que el proyecto de ley de declaración como monumento histórico nacional naufragó en una escandalosa sesión en la que diputados riojanos interrumpieron el tratamiento –que ya contaba con dictamen favorable de las comisiones de Cultura, Educación y Presupuesto–, indicando que el gobierno provincial se había comprometido a preservar el uso educativo y que la declaratoria en el marco de la Ley 12.665 implicaba una “expropiación”.

Lo primero fue un engaño que la realidad se ocupó de desmentir –el edificio ya no funciona como escuela y los niños fueron trasladados a otro edificio–, y lo segundo es una aberración jurídica, porque de ningún modo una declaración como monumento tiene algo que ver con una expropiación. Pero esas palabras en medio de una sesión complicada fueron suficientes para que se levantaran los diputados y la falta de quórum impidiera que se vote aquella ley que hubiera salvado la escuela. Esperemos que esta vez los proyectos de ley se sancionen y permitan proteger las escuelas y otros bienes arquitectónicos.

Durante el tratamiento de estas leyes, las autoridades deberían dictar medidas de protección preventiva para evitar situaciones como las de La Rioja. En consonancia con los antecedentes de la Ciudad de Buenos Aires, en los que la Justicia determinó que alterar o destruir un bien que se encuentra en proceso de protección implica no sólo un daño irreparable al patrimonio sino también un acto inconstitucional, porque impediría –en este caso al Congreso– ejercer las facultades legislativas que le son propias.