Este fue un año realmente curioso para el patrimonio, con un viraje violento al final. Recorrer los temas de 2011 permite recordar que hubo relativamente pocas obras que saludar, que se perdieron batallas como la del lamentable Quartier San Telmo, que abundaron las obras clandestinas sin control. También hubo momentos de felicidad, como cuando se sancionó el Area de Protección Histórica en Floresta, un logro de un barrio alerta como pocos. Y también cuando Barracas, otro barrio que sabe organizarse, festejó la baja de alturas en treinta manzanas, salvando muchos edificios de una segura destrucción.

Las pérdidas se dieron en el Ejecutivo, las ganancias en el Legislativo, ya que el primero sigue negándose a controlar a su industria favorita, la de la construcción, y el segundo es el ámbito donde los vecinos se hicieron oír. Por eso se lograron leyes que preservaran lo nuestro y se perdieron edificios por falta de inspectores y de vocación para que se cumplan esas leyes.

No extraña que la gran batalla final de este año se diera por orden del Ejecutivo en el Legislativo, y terminara en la Justicia.

Mauricio Macri decidió librarse del débil y flaco sistema que protege hasta esta noche a las doce el patrimonio edificado de su ciudad.

Según los mismos macristas, lo hizo energizado por su triunfo electoral y para despejar “molestias”. El sistema vigente, el de la Ley 2548 primero y 3056 después, implicaba que los agentes inmobiliarios de Macri no podían autorizar demoliciones por ventanilla, directamente ante el Ejecutivo.

Por primera vez en la historia, el patrimonio tenía un status legal diferente al de otros edificios por el solo hecho de ser patrimonio.

El límite fue el primer día de 1941, con todo lo anterior sometido a un trámite especial En estos cuatro años, la pelea del macrismo contra el patrimonio y por la industria inmobiliaria en su expresión más vandálica fue de retaguardia. El órgano encargado de revisar los casos de demolición, el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, siempre fue una suerte de comedia, brutalmente parcial a la piqueta y rellenado de incondicionales del gobierno –funcionarias de carrera– o personas muy afines a la industria.

No extraña que menos de un veinte por ciento de los edificios considerados fuera girado a la Legislatura para su consideración. De hecho, las críticas a la desprolijidad, arbitrariedad y hasta ilegalidad de las decisiones del CAAP fue uno de los temas del año.

Se ve que el trámite y la posibilidad de uno en cinco de que un edificio fuera protegido molestaban a los amigos del gobierno porteño. Macri tiene una sola profesión, la de constructor, y toda la cadena de mando –como se anunció con orgullo allá en 2007– es de “gente de la industria”.

Es evidente que las quejas fueron escuchadas y este año el mismo jefe de Gobierno ordenó tumbar la ley, que tenía que ser

renovada cada diciembre. No salió bien: la falta de cuadros del PRO ya es proverbial y le encargaron el tema a ese hombre tan poco sutil en el armado llamado Cristian Ritondo.

Fue un papelón innecesario, con los diputados propios yendo a la reunión de la Comisión de Planeamiento y retirándose sin firmar, cosa de matar administrativamente el proyecto de renovación.

No lo anunciaron, no lo negociaron, no lo armaron. Simplemente lo hicieron. El diputado PRO Patricio Di Stefano, que

presidió hasta hace días la misma Comisión de Patrimonio de la Legislatura, firmó el despacho. Los gritos de Ritondo se escucharon de lejos, hasta humillar a Di Stefano haciéndole retirar la firma.

Un triste final de gestión para un diputado que logró el APH de la City y la ampliación del APH 1 San Telmo.

Tanto secreto y tanto grito irritaron a propios y ajenos. Llovieron críticas y proyectos de renovación, y María José Lubertino presentó con Martín Hourest un proyecto para catalogar simplemente todo lo anterior a 1941.

Con el fallo de la Cámara de 2007, el Ejecutivo no puede permitir demoliciones de absolutamente nada hasta que el Legislativo

resuelva el tema.

Nada de esto importó, porque la movida era esencial. Tanto que hasta se pasaron de indiscretos. Por ejemplo, el jueves 22, el presidente de la Comisión de Ejercicio Profesional de esa institución tan representativa de la industria, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, abrió el encuentro habitual con un tirón de orejas. “Daniel Chaín me retó

porque no salimos desde la corporación a apoyar el fin de la Ley de Patrimonio”, dijo el presidente de la comisión. Daniel Chaín, se sabe, es el ministro de Desarrollo Urbano porteño, un arquitecto y constructor en actividad que no ve conflicto de intereses en dirigir su empresa abierta y seguir trabajando como funcionario. El reto del ministro al CPAU no fue bien recibido, y colegas más maduros y equilibrados le explicaron al presidente de la comisión que ellos no hablan por ninguna corporación y no tenían por qué apoyar al gobierno porteño.

El viernes pasado, el tema llegó a la Justicia. La jueza Andrea Danas mandó parar con un fallo muy inteligente y sutil, que analiza en estas páginas Facundo de Almeida.

Este martes, el caso fue sorteado al juez Hugo Zuleta, que al cierre de esta edición todavía no había decidido, Zuleta es un juez independiente y de pocas pulgas con las mañas del gobierno, y es el hombre que le embargó el sueldo a Macri por dar largas en los arreglos del Parque Lezama y le cobró 10.000 pesos de multa a un funcionario que no entregó a tiempo un informe requerido.

Con lo que el tema pasa por los tres poderes y, como en 2007, los ciudadanos nos sentimos protegidos por el instituto del amparo frente al poder de un gobierno que defiende una industria y nonuestros intereses.