El patrimonio porteño está en el exacto punto medio de una batalla por el perfil de la ciudad. Por un lado, está un sector de desarrollistas que sólo concibe su actividad de la manera más explotadora y especulativa, tratando a Buenos Aires como los madereros al Amazonas. Este sector se defiende afirmando que si no le dejan hacer lo que quiera habrá desocupación y crisis, que el destino inevitable y teóricamente apto es la mayor densidad posible y que sólo hay un modelo posible de ciudad, la de alturas y medianeras, con calles superpobladas. Los gobiernos porteños, por venalidad o cobardía, nunca les hicieron frente a este sector y a estas ideas, y el actual es simplemente su expresión política, ya que de Mauricio Macri para abajo son profesionales orgánicos de esa manera de especular.

Enfrente están los vecinos, categoría mucho más amplia que aprendió a salir a la calle a defenderse. Tomó muchos años, pero el patrimonio, la calidad de la vida urbana y el tema de quién se llena los bolsillos a costa de todos pasaron a estar en la agenda política. Ni el especulador más contumaz ni sus tantos arquitectos asalariados se animan a decir ya que se trata de románticos que quieren hacer de la ciudad un museo.

No extraña, en una pelea tan asimétrica, que la Justicia haya tenido un rol fuerte y claro. Es de honra que los jueces porteños tomaran el tema y utilizaran esa espada que tiene el ciudadano raso frente al poder oficial, que es el amparo. Si nuestra ciudad no sufrió cientos de demoliciones este verano es por un amparo clarísimo presentado por Basta de Demoler a fin de año para evitar el truco del macrismo de dejarnos sin ley de patrimonio. Ahora, dos amparos buscan explorar las mañas del gobierno porteño para liberar terrenos, revisar decisiones y enturbiar las aguas aun dentro de la ley. Se trata de peticiones que señalan de lleno los procederes del Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, que es donde se trata el porvenir de todo lo construido antes de 1941.

En orden cronológico, el primero de estos amparos es el que presentó en diciembre Guillermo Blousson, que preside la Asociación Civil Barrio La Imprenta contra la Dirección General de Interpretación Urbana y con el CAAP. Lo que plantea Blousson es profundo y grave, y se centra en un edificio de Teodoro García 1733, que fue incluido en un listado del CAAP emitido el 12 de mayo de 2009 como “desestimado”, la curiosa palabrita que eligieron los consejeros para condenar a muerte a edificios. Blousson afirma que ese edificio y los demás que figuran en el listado sí tienen valores arquitectónicos. Y luego va al centro de la cuestión, diciendo que el Consejo “no expone ningún tipo de fundamentación” y apenas dice que “no es pertinente propiciar su protección a través de la catalogación”. En ningún momento se explica por qué se llega a esa decisión ni se cita expediente, antecedente o documento alguno.

Quienes hayan presenciado una sesión del Consejo –algo rarísimo, excepto que uno sea un empresario invitado por el ministro Daniel Chaín para cuestionar una protección– sabrá que efectivamente no se estudian los casos. Se miran algunas fotos y se estima o desestima al toque.

El juez porteño Juan Cataldo pidió informes a la dirección general y al Consejo y escuchó las razones del empresario que quería demoler, la firma TG 1721 SRL –el nombre es la dirección de la obra, la figura es apenas una sociedad de responsabilidad limitada, lo que indica una empresa creada ad hoc para este emprendimiento– y luego comenzó a distinguir cosas importantes.

Una es que los empresarios pueden verse perjudicados si se pospone o prohíbe la obra, mientras que el conjunto de la sociedad puede verse también perjudicado si se pierde una pieza patrimonial. Pero, distingue Cataldo, en el primer caso “es más que evidente que la eventual concreción de tal acto destructivo del bien tornaría totalmente inoperante una ulterior sentencia: una vez demolido, es imposible volver las cosas atrás”. Por el contrario, el daño al empresario “se trata, por su propia esencia, de un perjuicio puramente económico, lo que hace que a la inversa del otro sea por definición reparable”.

A esta importante distinción, el juez le agrega algo hasta ahora ausente en todo amparo. Dice Cataldo que “sin duda ayuda a la pretensión cautelar de la demanda la total carencia de fundamentos de la decisión adoptada (por el CAAP) que se hace evidente con la mera lectura de la ‘nota’ emitida ese día”.

El juez Cataldo concedió la medida cautelar el 28 de diciembre y suspendió explícitamente todo permiso de obra o demolición, prohibiéndole al gobierno porteño emitir nuevos permisos y a la firma realizar cualquier trabajo. El juez también rechazó una peculiar chicana de los empresarios, que se presentaron como parte y le exigieron a Blousson una caución de dos millones de dólares para seguir adelante.

El siguiente amparo fue presentado ya en enero y hace a un edificio en Puán 123, cuya aventura burocrática es realmente notable. En este caso, el amparo entero gira sobre los actos del Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales y resulta de lo más revelador. Sucede que el CAAP trató el destino de este predio en sus sesiones del 9 y el 16 de agosto del año pasado, ya que alguien –no se sabe quién, porque el CAAP guarda el secreto– había pedido una de las benditas reconsideraciones a la protección original. De estas sesiones resultó un empate que llamativamente surge del voto, contrario a la catalogación, de alguien que no tiene derecho a votar. El 16 de agosto, el Consejo registra en actas que votó el arquitecto Luna, representante del Consejo del Plan Urbano Ambiental. Pero resulta que el Copua tiene asiento de observador, con voz pero sin voto.

Sólo la extrema laxitud con que maneja el CAAP estos temas tan importantes haría que todo esto se asentara por escrito. Pero la historia no termina aquí. Todo empate debe ser resuelto por la autoridad superior del Consejo, que es nada menos que el arquitecto Antonio Ledesma, director general de Interpretación Urbanística del gobierno porteño. En ninguna acta o papel del Consejo se puede ver qué decidió o votó Ledesma, pero sí se supo que el arquitecto autorizó desestimar a Puán. Lo hizo en soledad, porque pese a que es su deber, Antonio Ledesma jamás concurre a una sesión del Consejo y no lo hizo en ninguna de las dos que trataron a este edificio.

La jueza porteña Elena Liberatori decidió, el 18 de enero, que el gobierno porteño debía informarle si había emitido algún permiso de demolición, reforma o construcción que afectara a Puán 123. Si lo hubiera hecho, la jueza ordena que los suspenda y, si no, que se abstenga de emitirlos. En el mismo escrito, le ordena al CAAP que informe qué pasó en esas dos sesiones de agosto de 2011, quién estuvo presente y con qué carácter.

Con lo que la manera habitual de proceder del CAAP pasa a estar bajo la lupa de la Justicia. Esto sólo puede traerle problemas a una entidad cuyo jefe jamás aparece y que maneja con abandono temas que valen millones y más millones.