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La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos acaba de reprender al cura párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Merced de Alta Gracia porque avanzó con una obra para el templo, poniendo en riesgo el patrimonio arquitectónico y arqueológico.

Se trata de un edificio del siglo XVIII, construido en estilo barroco colonial entre 1743 y 1762 por el sacerdote jesuita italiano Andrea Bianchi, la planta es de forma de cruz romana y el altar es de mampostería, con laminado de oro y al aceite, coloreada con vegetales sobre yeso, y según documentos históricos, un antiguo cementerio se encontraba localizado en uno de sus laterales.

Este conjunto, que comprende además un museo, un obraje y un tajamar, y fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2000, algo que ahora con las intervenciones realizadas sin autorización seguramente se pondrá en discusión.

La actuación de las autoridades nacionales en materia de patrimonio fue destacada por los diarios locales de la provincia, que dieron cuenta de un duro intercambio que incluyó una comunicación al gobernador José Manuel de la Sota y al arzobispado local.

La Comisión Nacional envió a relevar el lugar al prestigioso arqueólogo Marcelo Weissel, quien informó de la gravedad de la situación, y con su estudio provocó que el organismo advirtiera sobre “los impactos ya causados tanto en el patrimonio arqueológico-funerario, como en sectores del edificio (maderamen del templo, y dintel y techo de la sacristía), como los impactos potenciales (incluyendo riesgos estructurales en la sacristía) hacen aconsejable prorrogar cautelarmente la suspensión de los trabajos”.

El presidente de la comisión, Juan Repetto, notificó la suspensión, que debe aplicarse de inmediato, a Marcelo Siderides, cura párroco, y le indicó que las obras no podrán reanudarse hasta que se presente –y sea aprobado– un proyecto de recuperación arquitectónica y arqueológica del solar, que debe ser “fiscalizado por el arqueólogo designado, Marcelo Weissel”.

Agregó que “la intervención (que se hacía) en el interior del templo excede ostensiblemente los alcances puestos en conocimiento de la Comisión Nacional por parte de la autoridad parroquial y sus asesores técnicos”. La excavación, que ha afectado el solado histórico subyacente, su patrimonio implicado y el debido respeto a las sepulturas existentes, “no ha podido contar –ni cuenta– con la aprobación de este organismo”.

La nota criticó que “los hallazgos efectuados durante el proceso de avance de las obras en el interior del templo no fueron debidamente informados ni ponderados en su valía por la autoridad parroquial y sus asesores técnicos. Antes bien, tales elementos fueron objeto de permanente relativización en su valoración cultural”, remarcó.

El 25 de enero, la Comisión Nacional ya se había expedido, alertando sobre “los impactos ya causados tanto en el patrimonio arqueológico-funerario como en sectores del edificio (maderamen del templo, y dintel y techo de la sacristía), como los impactos potenciales (incluye riesgos estructurales en la sacristía)”. Las obras habían comenzado casi un año antes, en marzo de 2011, con un aporte del gobierno provincial de 3 millones de pesos.

Una vez más queda en evidencia la necesidad de dotar de mayores recursos a la Comisión Nacional para permitirle una intervención certera e inmediata, sobre todo en regiones de mayor densidad patrimonial o con áreas protegidas a nivel mundial.

También es imprescindible que los gobiernos provinciales y municipales se abstengan de destinar fondos públicos a las intervenciones sobre bienes patrimoniales, hasta tanto no haya certeza de la debida aprobación por parte del organismo de control.