La deteriorada imagen del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) –con algunas honrosas excepciones, como las de la secretaria general de la Comisión para la Preservación Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, la licenciada Mónica Capano– refleja el estado de ausencia en el que se encuentran los organismos de patrimonio porteño, que han perdido prestigio y potencia en los últimos años.

La Comisión de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la Legislatura nació en 2005, luego de que la entonces diputada y primera presidenta de ese órgano parlamentario, Teresa de Anchorena, les propusiera la creación a sus pares. En los primeros cuatro años de funcionamiento no sólo logró consolidarse como espacio institucional dentro de la propia Legislatura sino como interlocutor con el Poder Ejecutivo y con las organizaciones de ciudadanos, e impulsar más leyes patrimoniales que todas las aprobadas en los diez años anteriores desde que fue sancionada la Constitución local.

La gestión siguiente a cargo de Patricio Di Stefano –hoy subsecretario de Espacio Público–, si bien fue un poco más limitada en su accionar, sobre todo porque su nuevo presidente pertenecía al oficialismo, también tuvo méritos destacables como la protección de la city porteña. Terminó el año pasado un poco deslucida, cuando el ex legislador retiró su firma del despacho de la ley que prorrogaba la protección preventiva de los edificios anteriores a 1941. El resto de la historia es conocida, el bloque del PRO evitó que se aprobara esa ley, la Justicia finalmente aceptó una medida cautelar para mantener su vigencia y el gobierno porteño no cuestionó esa decisión.

Esta semana comenzó el nuevo período parlamentario en la Legislatura porteña y en el discurso del jefe de Gobierno no aparece ni una sola referencia al patrimonio arquitectónico. Mala señal...

En este contexto debe asumir la nueva o el nuevo presidente de la comisión y, según fuentes legislativas, dicha designación recaería en la diputada Diana Martínez Barrios. Su formación –es profesora de Ciencias biológicas y naturales– y trayectoria no permiten dilucidar cuál será el enfoque que le dará a la comisión, pero es algo que con el correr de las semanas podremos analizar. La tarea que tiene por delante es muy ardua. Los conflictos patrimoniales no cesaron ni con el verano. La situación de los inmuebles de Sucre 2625, Terrero 279, Sánchez de Bustamante 2558 y la Casa Suiza; la destrucción del Area de Protección Histórica provocada con la construcción de la estación de subte en Plaza Francia, que denunció Basta de Demoler, son sólo algunos ejemplos.

Sin embargo, es solamente una parte de labor que deberá realizar. En lo estrictamente parlamentario, la comisión deberá impulsar la prórroga de leyes de protección de los edificios anteriores a 1941; elaborar el régimen de sanciones de la ley 1227, cuya obligación legal de hacerlo está pendiente desde hace 9 años; tratar la segunda lectura de la Ley de Transferencia de la Capacidad Constructiva y de la ampliación de la APH 2 “Parque 3 de Febrero”, entre otras normas de relevancia; intervenir en la escandalosa situación que vive el CAAP –con un último capítulo en el que se opusieron a proteger el Pasaje Anasagasti–, modificando su reglamento y composición; y dictaminar sobre la expropiación de la Confitería del Molino, entre muchas otras cuestiones.