Hay ciertos funcionarios que hay que verlos bien de cerca para creerlos. Desde los comunicados, desde las declaraciones, desde los actos, hasta parecen formidables y, dependiendo de cómo piense cada uno, malévolos o beneficentes. Pero en vivo, paraditos al lado de un pozo y bajo el sol fuerte de esta Buenos Aires que no se decide al otoño, los funcionarios muestran con fuerza sus hilachas. Este martes, a las 11.30 de la mañana, la Justicia porteña hizo una inspección de la plaza Intendente Alvear, plena Recoleta, donde la estación del subte H sigue paralizada por una medida precautelar. Un quién es quién del gobierno porteño estuvo presente para defender la ubicación de la obra y hasta el más curtido se fue apocado por la debilidad de estos macristas.

El pozo de lo que sería la estación Plaza Francia es una trinchera ancha y poco profunda que ya se está llenando de agua y que, vista de cerca, hasta recorta una de las pocas barrancas que le quedan a la ciudad. El pasto crece, las máquinas siguen quietas y la única actividad es en los containers que sirven de oficinas y cambiadores. Este martes, los jueces Esteban Centenaro y Mabel Daniele, los vecinos amparistas y los de otra ONG fueron recibidos en la plaza lastimada con una serie de muy coquetos paneles con fotos de los árboles arrancados o desplazados, y de planos de accesos y ubicación de la estación, con uno más largo que exhibía un render mostrando que una vez terminada la obra, la estación ni se vería, tapada por el pasto.

Así quedó en claro que el gobierno porteño está cortando sus pérdidas con una estrategia doble. Por un lado, quiere que los vecinos acepten el hecho consumado de que ya se cargaron los árboles y quevachaché... total, son apenas más de una docena, incluyendo despreciables ligustros y tres eucaliptus que, juran, iban a talar igual porque estaban podridos. Dos palmeras grandes, tres pequeñas y un ficus fueron “transplantados” con paradero desconocido.

Por otro lado, la idea es conformar con la “invisibilidad” de la estación, que ya no tendría accesos en esa esquina. Las escaleras de entrada y salida serían en la vereda de enfrente cruzando Pueyrredón, en la plaza de Bellas Artes, justo al pie del puente peatonal, y yendo bajo la plaza a la entrada del Design Center sobre la peatonal que recorre el frente del cementerio, la iglesia del Pilar, el Centro Cultural y la ONU. Son túneles largos en una zona que, de noche, no es de las más recomendables.

Todo esto sigue siendo la contrapropuesta original del gobierno porteño, presentada apenas se concedió el amparo presentado por Basta de Demoler, con el único agregado de los coquetos paneles. El presidente de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado y ex funcionario macrista Juan Pablo Piccardo funcionó como maestro de ceremonias, rodeado del profundo silencio de varios funcionarios. Piccardo parpadeaba fuertemente cuando la historiadora urbana Sonia Berjman, una de las amparistas, le explicó que la obra no es disculpable porque “se mueva un árbol tres metros para acá o para allá”, ya que se altera un proyecto integral de Carlos Thays de 1892. Berjman le enseñó a Piccardo que un parque no está compuesto de floreros que se corren si se cambia la mesa sino de árboles que forman parte central del conjunto. También le señaló a los jueces dónde se había cavado la barranca y les recordó que el país firmó tratados internacionales sobre este tipo de cosas. Piccardo, literalmente, miraba con cara de quien se entera de que también eso...

Santiago Pusso, de Basta de Demoler, hizo una pregunta muy sutil: ¿dónde termina la línea H? Piccardo levantó las cejas y contestó que en Retiro. Pusso siguió hablando del desastre que sería para el conjunto de parques que se abanica en Pueyrredón y Libertador que la estación en discusión fuera la terminal, dado el desastre urbano que son Once, Constitución, Retiro y Lacroze, lugares vencidos por el uso masivo. La pregunta resulta sutil por un detalle nada menor: todavía ni se consideraron las obras en lo que sería la siguiente estación del plan original, una de cuyas bocas ya tendría que andar asomando a la altura de Libertador y 9 de Julio.

De hecho, la llamativa curva nueva que deja a la estación donde la quieren hacer ahora es una novedad sobre ese plan original, cocinado ya en tiempos de Fernando de la Rúa. Piccardo cerró la cara –como dicen los brasileños– cuando habló uno de sus antecesores en el cargo, Alejandro Nazar Anchorena. El ingeniero le explicó a los jueces que varias afirmaciones escuchadas no eran tan así. Por ejemplo, que una curva tiene que tener un radio de giro de 200 metros como mínimo, lo que obliga a doblar por abajo de la plaza afectada. Nazar Anchorena le dijo a Centenaro y Daniele que eso es un ideal que de ninguna manera es indispensable.

Otra desmentida tiene que ver con la bendita cuestión de cambiar o no cambiar los recorridos. El gobierno porteño y Piccardo dicen que Sbase no puede cambiar los planos y tiene que seguir los actuales por ley. Pero resulta que el ingeniero prácticamente escribió la ley 317, que regula estos temas, donde dice claramente que la firma sí puede cambiar recorridos y planos si es necesario. “De hecho”, se extendió Nazar Anchorena, “nunca me imaginé que iban a usar la ley para decir que no pueden cambiar”.

Hablando de leyes, María Carmen Usandivaras, la abogada de Basta de Demoler, intervino diciendo que no es cuestión de discutir accesos o escaleras, porque la plaza es parte de un Area de Protección Histórica. Fue entonces que le preguntó a Piccardo si habían consultado o no al área de APH del gobierno porteño, respuesta cubierta por un silencio incómodo y por la seguridad de que “todo fue hecho de acuerdo a la ley”.

Y entonces se retomó un tema formidable, francamente increíble. Resulta que la ley que autoriza la línea H manda hacer la estación bajo la plaza Francia. Pero la estación está bajo la plaza Intendente Alvear, del otro lado de Pueyrredón. Piccardo intentó débilmente explicar que sabía eso pero que “por costumbre” se le dice Francia a la Alvear. Cuando le señalaron que una cosa es la costumbre y otra lo que dice la ley, no supo qué contestar.

Los jueces le dieron a Piccardo hasta esta semana para presentar una alternativa que no incluya la estación bajo la plaza Alvear. No se lo dijo, pero cada vez queda más claro que la estación tiene que ir bajo el parque Thays, donde anduvo alguna vez el Italpark y más cerca de Callao. No sólo no joroba el patrimonio sino que hasta sería un desagravio por la poda intempestiva de su proyecto cercano.

Y pensar que todo esto es por un caño de agua que, opinión de gente que sabe y mucho, tienen fiaca de esquivar. La línea debería pasar derechita por debajo de Libertador y doblar más allá, donde no toca APH ni patrimonios de nuestra ciudad.

GAONA AMPARADA

La Justicia concedió el amparo para proteger la vieja quinta del obispo Podestá, en Gaona 1367, un frágil edificio de 1864 que retiembla y se parte por los martillazos de una demolición lindera. Es otro caso de descuido del gobierno porteño, que colecciona amparos y sablazos judiciales por la curiosa ineptitud que siempre beneficia a los especuladores.

La casa es una verdadera excepción en el tejido urbano porteño, una que deberíamos custodiar con particular atención. Hace un siglo y medio, la avenida Gaona era una huella fuera de la ciudad que todavía terminaba por Callao, un andurrial de quintas y chacras que alimentaba a las tres ciudades vecinas, Flores, Belgrano y Buenos Aires pre-capitalización. La quinta es robustamente italianizante, con un lindo pórtico con columnas, levantada del suelo y con galerías. Su pasillo central tiene lucarnas y los ambientes rematan en cielorrasos de madera en ángulo.

Como la ciudad se comió ese campo, los loteos se comieron el parque de la quinta, que quedó en el pulmón de manzana transformada en un secreto. Lo único que se ve del edificio es una estrechísima fachada en el 1367, apenas lo suficiente para un portón de hierros y vidrios que abre a un larguísimo zaguán que lleva a la casa en sí. Esta joyita fue primero alquilada y luego comprada por el obispo Jerónimo Podestá, expulsado de la Iglesia Católica por defensor de los derechos humanos y por casarse. Fue su casa de vuelta del exilio y fue su hogar final, lo que terminó de juntar argumentos para que la Legislatura la catalogara en grado estructural con la ley 1284 de 2004.

Con lo que no sólo no se puede demoler sino que tiene su entorno protegido, cosa que no parecen saber en la ventanilla de trámites del Ministerio de Desarrollo Urbano. El problema es que, con la liviandad habitual, se autorizó la demolición del edificio de Gaona 1343, otro edificio viejo que cometió el pecado de ser pequeño y dar a una avenida. Por supuesto, eso no “cumple la carga” del lote y condena que el edificio sea reemplazado por una torre que recontra cumpla esa carga y se vaya bien para arriba.

La demolición del vecino muestra una torpeza notable. La casa, de ladrillos y perfiles metálicos, está desapareciendo a mazazos y listo, con el estilo pegale que se derrumba y sin siquiera rescate de puertas y pavimentos para reciclar. Como era de esperar, tanto golpe retumba en la quinta vecina, tan vieja que ni estructura tiene y que retiembla con la violencia medianera al medio. Y esto sin hablar de lo que vendrá, con una obra que no tiene la menor idea del entorno y que no recibió ninguna instrucción al respecto.

Con lo que tres vecinos se presentaron y lograron una medida precautelar de la Justicia porteña, que ordenó esta semana el “cese inmediato” de la demolición de Gaona 1343 y niegue cualquier permiso posterior de obra en ese lugar hasta que se decida la cuestión de fondo. Este es un caso de interés porque no va a la existencia o destrucción de un edificio catalogado sino al respeto de su entorno, con lo que se está hilando algo más fino que lo habitual y hablando de un aspecto legal que el actual gobierno porteño parece simplemente ignorar.

Y una pregunta final: ¿lo estarán felicitando al encargado de la obra, que acaba de demorarla olímpicamente por no cumplir la ley?

LA 3056

Este jueves no se trató la renovación de la ley 3056, sucesora de la 2548 con la que la entonces diputada Teresa de Anchorena salvó tantos edificios de nuestro patrimonio desde 2005. Como se sabe, la 2548 creó un régimen especial que debe ser renovado cada año, cosa que se cumplió cada diciembre, hasta que el PRO se sintió fuerte por su triunfo electoral y decidió talar este sistema molesto. Y eso que lo tenía bien bajo control.

En diciembre pasado, con el poco sutil Cristian Ritondo a la cabeza, los diputados macristas dejaron a la 3056 sin estado parlamentario al negarse a firmarla –y hacerle retirar la firma a uno del bloque– en la Comisión de Planeamiento. Era una manera de tumbar la única barrera a la piqueta sin freno que no pasaba por el recinto, el voto y el costo político.

El escándalo fue inesperado, con varios proyectos de renovación presentados de inmediato y un fuerte tiro por la culata, un amparo que simplemente dice que la 3056 sigue con efecto “hasta que la Legislatura trate el tema”. Es un fallo que crea jurisprudencia y un homenaje a la categoría política de Ritondo que las cosas terminen así.

En este abril a estrenar circularon varias versiones sobre el tratamiento legislativo del proyecto de renovación, todas confusas. Primero, que iba a ser tratado sobre tablas, luego con tratamiento especial, variantes ambas que dejaron preocupados a quienes velan por el patrimonio edificado ya que permitían trampas diversas. Pues la cuestión es más simple y normal: el proyecto de renovación de la ley va a comenzar su recorrido de comisiones, como cualquier otra ley.