Todo parecía indicar que el inmueble que albergaba hasta hace casi un lustro a la Brigada de Investigaciones de la Policía de Tucumán iría a parar bajo la piqueta, perdiéndose un bien íntimamente ligado a la represión de la dictadura, y por lo tanto con un alto valor patrimonial asociado a la historia reciente.

Pero la semana que pasó entró a la Legislatura provincial un proyecto de ley del oficialismo que propone la adhesión de la provincia a la ley nacional que protege, como Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, a los espacios en los que funcionaron centros clandestinos de detención.

Si esta iniciativa prospera, dejará de lado la intención de los legisladores José Gutiérrez y Sisto Terán Nougués, quienes pretendían la demolición del inmueble, con el argumento de que se trataba de un “símbolo del horror” y también porque “tapa la vista del nuevo edificio de la Legislatura desde la plaza Urquiza”.

Llamativo criterio el de estos legisladores, que desconocen la valoración que desde un enfoque multidisciplinar se les da hoy a los lugares donde ocurrieron hechos horrorosos y, por esa misma razón, merecen ser conservados como testimonios del pasado.

El edificio data de principios del siglo XX y fue concebido por el arquitecto belga Alberto Pelsmaekers para ser destinado a la dependencia policial, pero en 1999 la Brigada fue trasladada a otro inmueble y quedó desocupado. Cuando en 2008 se proyectó la nueva sede de la Legislatura, se derrumbó el sector donde estaban los calabozos, pero un planteo realizado en la Justicia Federal posibilitó que se mantuvieran los 30 metros de fachada y siete de profundidad. La propuesta es conservar esos restos y que se construya allí un museo, quedando en manos del Colegio de Arquitectos provincial el diseño del proyecto.

“La nueva Legislatura es una obra espectacular, pero la ex Brigada le quita toda la hermosa vista desde la plaza Urquiza”, abundaron los legisladores demoledores, desconociendo los criterios de valoración patrimonial contemporánea, que no sólo incluyen aspectos arquitectónicos, sino también criterios sociales e históricos.

La iniciativa de los diputados Ramiro González Navarro, Alfredo Quinteros, Roque Alvarez, Reinaldo Jiménez, Beatriz Bordinaro de Peluffo y Gerónimo Vargas Aignasse, pretende que la provincia adhiera a una norma sancionada por el Congreso de la Nación en junio de 2011, mediante la que se declaran Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de represión ilegal.

El objetivo de esa ley es facilitar las investigaciones judiciales y el resguardo de la memoria histórica de los hechos, por más que a algún diputado le moleste que este edificio le tape la vista de la sede legislativa.

Si se aprueba esta adhesión, ya se anunció que se realizará un concurso de ideas y proyectos para revalorizar la ex Brigada y la ex Legislatura.