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Este martes preferiado se realizó en la Legislatura el encuentro para debatir acerca del Zoológico porteño, organizado por el diputado de Proyecto Sur Adrián Camps. El viejo parque, que es monumento histórico y tiene un discutible, tramposo estatus en la protección porteña, está en estado crítico, con más de un año de concesión vencida y muy serios problemas de mantenimiento de su patrimonio edificado y de sus pobres, pobres animales. El encuentro permitió enterarse de cosas alarmantes y entender un misterio: por qué Mauricio Macri tarda tanto en hacer la licitación, que se iba a realizar el 20 de junio y fue nuevamente pospuesta para el 20 de julio.

La actividad fue abierta y cerrada por Camps y tuvo la novedad, insólita, de tener por un rato la presencia de dos diputados PRO. El macrismo se negó cerradamente a discutir, hablar o compartir el tema del Zoológico, con lo que los minutos que estuvieron los legisladores fueron apreciados. Fue durante la primera mesa, la del patrimonio edificado del jardín, y para la segunda, que trató de los animales y el rol de la institución como lugar de ciencia y crianza, ya no estaban.

En la primera mesa estuvieron Mónica Capano, titular de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad, Lidia Waissman y Pedro Kesselman. Lo que se habló fue el patético estado de los edificios y el parque, con un resaltado muy importante: el Jardín Zoológico es un conjunto, un paisaje, el Jardín de su nombre completo, y no unos edificios victorianos con pastito entre medio donde construir stands. De hecho, la ley 12.665 que lo declara monumento histórico lo hace porque es un “un conjunto edilicio, paisajístico, ambiental y artístico-ambiental”.

Esta claridad de la ley nacional contrasta con el raro limbo en el que el lugar está en la legislación porteña. Resulta que el APH que protege el Parque Tres de Febrero termina en la avenida Libertador, con lo que mapa en mano no incluye al Zoo. Pero el anexo de la ley –que es tan parte de la ley como el resto– sí incluye al Jardín, con lo que no termina de saberse de qué se trata. Para más confusión, hay más de un proyecto de ley para catalogar los edificios individuales, pero no el conjunto. Lo más notable del enredo legal es que el Zoológico es por ley una urbanización parque, un distrito especial para zonas verdes de uso público, o sea sin pago de entrada. Y si es parte del APH, no puede tener ningún uso comercial, algo absolutamente prohibido por esas leyes.

Como destacó Capano y también el resto de los panelistas, el nuevo pliego de licitación dedica casi todo su texto a hablar de los edificios patrimoniales, con apenas mención de las actividades y muy poco sobre animales, que al fin son el centro de la cuestión.

Esto no estaría mal si no fuera porque la sobreexplotación del Jardín, la concesión avara de espacios, no fuera la razón de su deterioro. Quien recorra el lugar, chico en mano, verá que las rejas perimetrales se están por caer, los pabellones son una ruina y la circulación fue alterada para que uno pase por los negocios, que son lo único limpio y brillante. Toda la obra nueva es una porquería utilitaria que degrada uno de los lugares mejor construidos de Buenos Aires. Y todo espacio “vacío” es ocupado por un kiosco, una granja paga, un concesionario o un bar.

Finalmente, está el daño irreparable a los bienes muebles, como la biblioteca, que ni siquiera tiene un catálogo, y los muebles, que desaparecieron en buena parte. Y pensar que los concesionarios hasta acusaron al Museo de la Ciudad de “apropiárselos” porque, sabiendo con qué bueyes araban, lograron salvar algunos para sus colecciones... De hecho, que se haga una auditoría antes de la licitación fue una de los reclamos consistentes en el encuentro, con el anfitrión hablando de poner un interventor y otros pensando en el proyecto de Tito Nenna de formar un comité de inspección, con input legislativo, de la comuna y los vecinos.

El segundo panel habló de la tragedia en que viven los animales del Zoo, cuya mortandad es muy alta. La institución supo ser un centro científico y por eso todavía recibe los animales secuestrados como contrabando, que engruesan sus colecciones y disimulan las muertes. Pero el Zoológico porteño está reducido a un teatro con prisioneros, sin investigaciones y sin el menor interés en volver a ser la institución que publicaba boletines, investigaba y creaba ciencia. ¿Para qué? El concesionario quiere vender galletitas y alquilar bares, no mantener bibliotecas y laboratorios.

Las propuestas oídas fueron drásticas, como la de darles a los animales un lugar digno donde morir en paz y transformar el actual Zoo en un parque ecológico con espacios donde no haya prisioneros.

MEDIANERAS

Si tanta indefinición legal llama la atención, hay que recordar las inmortales del Garganta Profunda de Watergate: Sigan el dinero. En temas urbanos, de construcción, obras públicas y concesiones, entre más fumé sea todo mejor. La defensora del Pueblo porteño, Alicia Pierini, acaba de emitir su resolución 1159, que descubre con precisión la vuelta al ruedo de un viejo favor municipal a los especuladores inmobiliarios. Se trata de la interpretación de todo a favor de la mayor cantidad posible de metros a construir, pase lo que pase con el entorno urbano.

La historia empieza a fines de 2010, cuando el ombudsman adjunto Gerardo Gómez Coronado abrió la actuación 5763 por pedido de la vecina Adriana Díaz por una obra en la avenida Cramer 3151, comuna 13. La señora avisó de obras en un terreno que, entendía, iban a superar la altura máxima permitida hoy en el barrio, que es un R2bI. El 2 de diciembre, Gómez Coronado le envió una nota a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro preguntando si efectivamente había algún pedido de permiso de obra en esa dirección. La DGROC remoloneó –hubo que repetir la nota–, pero el 27 de enero de 2011 contestó que no, que no había nada.

Un año después, el 5 de enero de 2012, la vecina Díaz se volvió a comunicar con la Defensoría avisando que esta vez sí había una obra. Otro oficio, esta vez a Interpretación urbanística, que respondió que sí: el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales nuevamente había mostrado qué fácil tiene el sí, había permitido la demolición y por eso se había permitido una obra. En el fárrago de tecnicismos de la nota aparecía algo llamativo, que la Digiur encontraba que se podía aplicar parte de las disposiciones sobre “completamiento de tejidos” a esta obra.

En castellano llano, el regalito municipal suele llamarse “enrase” y consiste en los metros de más que se permiten, gratis y gratarola, cuando un edificio queda entre medianeras más altas. Esto ocurre muy seguido, porque las alturas cambian y es común que un edificio de hoy tenga que ser más petiso que los construidos cuando la industria tenía mano libre. Para no dejar la famosa “huela cariada”, el bajón en la línea allá arriba, se dan excepciones.

Pero en este caso el regalito es increíble.

Resulta que el proyecto original es de planta baja con garaje y tres pisos de pequeños departamentos, más un cuarto piso en retiro más chiquito, con lo que el edificio tiene 10,81 metros adelante y 13,90 atrás. Esto es exactamente lo que permite la zonificación actual y no habría mucho que discutir, excepto por uno de los vecinos. Resulta que el lote de Cramer tiene de un lado una casa de familia que llega apenas a los siete metros de altura, y del otro un edificio con la altura anterior, de 28 metros de altura. Los desarrollistas se quejan de que les va a quedar en su obra nueva –que describen en términos de gloria, con todos las “volumetrías” y pomposidades imaginables– un paredón ciego sin gracia. Y por eso piden que les permitan enrasar hasta los 28 metros de altura.

La Dgiur todavía no dijo ni que sí ni que no, pero alguien debe ser muy optimista o debe saber algo que los civiles no sabemos, porque la inmobiliaria que comercializa el emprendimiento ya lo da por hecho. Para ellos, el futuro edificio tiene nueve pisos de altura, descriptos con todo detalle en cuanto a número de unidades y retiros. La defensora Pierini hasta incluye un párrafo advirtiendo que esta publicidad puede “generar importantes perjuicios a los posibles compradores” y puede incumplir la ley porteña 2340, que regula a las inmobiliarias.

La resolución recomienda al secretario de Planeamiento porteño –y ya no subsecretario, porque es el único que recibió un ascenso– Héctor Lostri que revea la resolución de sus subordinada Dgiur y no permita un registro de obra hasta que lo haga. Le da treinta días para hacerlo y contestar con qué se encontró. Habrá que esperar para saber si volvimos a los viejos buenos tiempos de la generosidad municipal.

NOMBRECITOS

Los lectores de m2 recuerdan divertidos que el gobierno porteño quiere poner la estación Plaza Francia del subte H en la Plaza Intendente Alvear, que viene a quedar enfrente cruzando Pueyrredón a la altura de Libertador. Hasta se vio, en vivo y sin doblaje, al titular del subte explicarle a la Justicia porteña que no importaba que la ley dijera “estación en Plaza Francia” porque igual todo el mundo le dice “Francia” a la “Intendente Alvear”. Pues parece que no era un truco sino algún tipo nuevo de dislexia municipal, que afecta a funcionarios involucrados con áreas públicas.

La conclusión surge de la nueva parada de colectivos que acaban de estrenar en la Plaza Francia –la Francia de verdad– casi en la esquina de Pueyrredón. La flamante pieza del nuevo mobiliario urbano tiene al frente su adhesivo con el número del colectivo que allí para y el nombre de la estación. Pero esta parada, sombreada por el gran ombú de Plaza Francia y con vista privilegiada del monumento de los Franceses, tiene un adhesivo que lee “Plaza Intendente Alvear”.

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