La ciudad de Córdoba fue noticia tiempo atrás por la aprobación de las obras que autorizó el municipio en el predio de la ex Cervecería Córdoba. Allí la empresa Euromayor proyectó seis torres y para eso demolió la chimenea de la fábrica, con autorización municipal a pesar de que contaba con protección patrimonial.

La Docta también sufrió los embates de los depredadores patrimoniales, cuando otro emprendimiento inmobiliario puso en riesgo el Banco de Córdoba y la Manzana Jesuítica, área declarada Patrimonio Mundial por la Unesco.

Tanto despropósito parece que ahora el Concejo Deliberante busca revertirlo con un proyecto para proteger los bienes de valor patrimonial y otorgarle al municipio la facultad de controlar las intervenciones que se realicen. Para eso, los concejales acaban de declarar la emergencia patrimonial y crearon una comisión mixta revisora, integrada por cinco ediles y dos miembros del Poder Ejecutivo, que tendrá a su cargo el relevamiento de los bienes inmuebles valiosos.

El listado de base fue confeccionado en la década del 70 y ampliado en tiempo de la gestión de Luis Juez al frente de la municipalidad, y reúne cerca de 1900 edificios, que a partir de la ordenanza aprobada por unanimidad, quedarán preventivamente protegidos.

Para ello, la norma establece la revisión del listado de construcciones protegidas y suspende la emisión de los certificados de edificabilidad, según ordena la iniciativa, que presentó el concejal Esteban Dómina, al que se sumó su par Analía Romero, quien fundamentó: “Es necesario reflexionar sobre la conjugación entre mercado, Estado y sociedad para que se tome conciencia sobre el valor arquitectónico de la ciudad”.

La vigencia de la emergencia será por 180 días, y en ese plazo la comisión debe expedirse sobre el valor patrimonial de los inmuebles involucrados en el proyecto.

Este avance se produce cuando el tema del barrio Alberdi, donde estaba ubicada la ex cervecería, vuelve a ser noticia, porque los vecinos se movilizaron nuevamente reclamando que también se declare la emergencia patrimonial en ese sector. La empresa constructora, en una decisión francamente insólita, luego de demoler la chimenea original, construyó una nueva, de carácter “evocativo”, tal vez para calmar los ánimos y que el planteo vecinal no afectara el marketing del nuevo emprendimiento.

Pero los ciudadanos movilizados a través del Foro en Defensa del Patrimonio Cultural ahora van por más. Piden que se protejan el Cine Moderno y el complejo de las casas de estudiantes de la Reforma de 1918 en Pasaje Verna, y que se recuperen la casa del Chango Rodríguez, el Registro Civil, el Hospital de Clínicas y “todos los lugares que reflejan la identidad alberdiana”.

Cuando de patrimonio cultural se trata, la política reacciona frente al reclamo ciudadano. Esperemos que esta comisión sesione y debata de cara a la ciudadanía, y lo haga en pos del interés público. En seis meses, les contaremos los resultados.