Una de las discusiones más agrias que hubo en el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales fue sobre la publicidad de sus actos. El Caap mantenía sus costumbres de cuando era un sello de goma que pervivía en su placidez burocrática, y no quería soltar prenda. Desde afuera y desde adentro en la figura de Mónica Capano, se le exigía que publicara sus actas, de modo de cumplir aquello de la publicidad de los actos de gobierno. Pocas cosas erizaron más a sus miembros, en particular los funcionarios –que por algo tienen que cuidarse de aquello del incumplimiento de sus deberes públicos– y pocas veces se vio lenguaje más agresivo dirigido a los que impulsaban la apertura. Las excusas eran pueriles, como que se discutían edificios que eran propiedad privada, pero el objetivo era serio: mantener en secreto decisiones que literalmente modelan la ciudad y significan mucho, mucho dinero en negocios inmobiliarios.

Con lo que fue una sorpresa, un logro y una alegría el anuncio de que finalmente el Ejecutivo aceptaba publicitar por Internet los actos del Consejo. Esto fue debido a múltiples presiones que iban de medidas legales a movidas legislativas, y tenía sabor a curarse en salud. Efectivamente lo era, ya que lo que terminó publicando el macrismo es patético, una falta de respeto a los interesados en el tema.

Quien vaya a la página correspondiente del gobierno porteño encontrará frases como “varios edificios en La Boca”, “algunas catalogaciones” como toda información sobre qué contiene el orden del día del Consejo. Por supuesto, el que reciben sus miembros es mucho más completo, ya que contiene las direcciones de los “varios edificios” y el rango de las “algunas catalogaciones”. Lo que se busca es, evidentemente, que nadie se entere de qué va a permitir demoler el Consejo hasta que sea un hecho consumado. La idea es al revés, consejeros, publicar de antemano para que los ciudadanos puedan prevenir los hechos consumados.