Los lectores de m2 recordarán la destrucción de la Escuela Normal de La Rioja para transformarla en un shopping. El escándalo incluyó el uso de fondos del Plan Federal de Infraestructura Escolar para el reciclaje, el abuso de la ley provincial de emergencia escolar, para evitar seguir los pasos habituales de una licitación pública, y la interrupción del debate parlamentario por parte del diputado Yoma, para evitar que se sancione el proyecto de ley que declaraba al inmueble como Monumento Histórico Nacional.

Parece que la tendencia de transformar edificios públicos y de valor patrimonial en centros comerciales no terminó allí. Ahora es el turno de Famaillá, en Tucumán, donde el Concejo Deliberante autorizó al intendente Juan Enrique Orellana a vender o regalar el edificio sede de la Municipalidad, de 1914. Leyeron bien: vender o regalar.

La ordenanza aprobada dice claramente: “Artículo 1. Facultar al Departamento Ejecutivo Municipal a vender, ceder, transferir a título gratuito u oneroso, total o parcialmente, el inmueble ubicado en la esquina de avenida Bartolomé Mitre y San Martín, ochava sudeste, Ciudad de Famaillá, inscripto en el Registro Inmobiliario en la Matrícula 11.111”.

La norma tiene ya varios meses, fue aprobada en esas fechas tan propicias para que los cuerpos legislativos voten aquello que saben necesita de la discreción y velocidad que ofrecen esas sesiones maratónicas donde se vota de todo y cada proyecto tiene un valor de cambio: fue aprobada el 23 de diciembre de 2011.

La generosidad del Concejo Deliberante no termina allí porque, además de permitirle al intendente regalar el inmueble, tampoco le fija un destino claro, y se lo autoriza a “celebrar contratos con terceros de participación municipal, por los cuales la Municipalidad de Famaillá aporte dicho inmueble donde pueda emplazarse toda clase de edificios destinados a los fines industriales, comerciales o de vivienda”.

Pero el intendente que quiere regalar y destruir un edificio histórico intenta explicarlo: “El tema es así: tenemos un edificio municipal obsoleto, destruido, donde funcionan el Concejo Deliberante y la Municipalidad. Está muy deteriorado y roto. Mi propuesta, pero no quiere decir que vaya a ser así, es que al quedar vacío el edificio, queremos generar a través de la Municipalidad, y con ayuda de la universidad, el proyecto de un centro comercial, con estacionamiento para 124 vehículos; en la primera planta, 18 locales; en la segunda, un cine con dos salas, patio de comida y centro de juegos; y en el tercer nivel, oficinas para profesionales y consultorios”, explicó Orellana. “Que se financie con los privados que vayan comprando”, explicó.

Parece que el intendente Orellana no entendió que su obligación constitucional es preservar el patrimonio cultural, y no transformar a la Municipalidad en una empresa constructora que vende desde el pozo.