Seguramente los lectores de m2 estarán aburridos de leer en esta columna el reclamo por el incumplimiento en el que incurre el gobierno porteño desde hace una década, por no enviar a la Legislatura un proyecto de ley para crear un régimen de penalidades que sancione a quienes violentan la Ley 1227. Hace unos meses hubo una luz de esperanza cuando el diputado Maximiliano Ferraro, cansado de esta demora inexplicable, presentó una iniciativa para establecer “el Régimen de Penalidades para la Protección del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Algo similar habían hecho, tiempo antes, los diputados Patricio Di Stefano y Fernando Sánchez.

Lo cierto es que han pasado los meses y la ley sigue sin aprobarse, y por lo tanto quienes burlan la Ley de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires –incluidos los funcionarios, a los que además les cabe una sanción prevista en el Código Penal– no tienen ningún castigo.

En estos casi diez años, la ley sólo se ha aplicado por reclamos ciudadanos y mediante la intervención del Poder Judicial, pero para el Ejecutivo porteño, particularmente para el Ministerio de Cultura, que es la autoridad de aplicación y el que debe ejercer el poder de policía, es como si no existiera.

No extraña que así sea, porque es el mismo Ejecutivo que –como mencionamos hace dos semanas en m2– envió a la Legislatura un proyecto de ley de Presupuesto en el que la protección del patrimonio cultural brilla por su ausencia. Este régimen de penalidades, que organizaciones vecinales y desde esta misma columna venimos reclamando, debería acompañarse con otro instrumento, que ya superó la década sin concretarse, y es el Fondo para la Recuperación de Inmuebles Catalogados (Ferec), en este caso responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Urbano.

Ambos instrumentos son las caras de una misma moneda. Uno tiene como fin perseguir y sancionar a quienes no cumplen con la ley y destruyen el patrimonio; el otro, incentivar y compensar a quienes sí cumplen con las normas vigentes y restauran y preservan los bienes culturales de su propiedad.

Mientras esto no suceda, la preservación del patrimonio cultural estará librada al accionar ciudadano y a la intervención judicial, algo que es insuficiente, no solo por lo excepcional de ese tipo de intervenciones, sino porque además se pierde otro de los objetivos a los que está constitucionalmente obligado el gobierno: gestionarlo para el bienestar del conjunto de la comunidad.

Esperamos que el próximo año, la Legislatura y el gobierno porteño cumplan con las obligaciones que les competen, y aprueben un régimen de penalidades que transforme a la Ley 1227 en un instrumento efectivo y pongan en marcha el Ferec, para incentivar la restauración y compensar a los propietarios de inmuebles protegidos.