En el suplemento m2 del 13 de octubre comenté la enriquecedora experiencia que viví en Medellín observando la implementación del plan de ordenamiento territorial de raíz participativa, que se viene desarrollando con éxito en esa ciudad colombiana. Una de las características del proceso antioqueño –y una de las causales de su éxito– era el accionar coordinado entre las distintas jurisdicciones, alcaldía, provincia y nación, a lo largo de varios lustros, a pesar de pertenecer a signos políticos distintos.

Con cierta ingenuidad, quien esto suscribe reclamó/anheló que por estos pagos pudieran darse acuerdos políticos y coordinaciones similares entre el gobierno macrista, la provincia, el gobierno nacional y su lógico correlato legislativo, con el acompañamiento crítico de las otras fuerzas políticas de la ciudad.

Hace unas semanas, esa posibilidad parecía una utopía teniendo en cuenta que el jefe de Gobierno consultaba con su asesor “experto en transporte e infraestructura” Duran Barba si le convenía o no hacerse cargo del subterráneo (finalmente parece haberlo aceptado) y a su vez el kirchnerismo aprobaba una ley en el Congreso Nacional mediante la cual se reducirán sustancialmente los depósitos judiciales que actualmente “fondean” al Banco Ciudad.

Los acuerdos que reclamábamos tenían que ver con las cuestiones prácticas y necesarias para favorecer el desenvolvimiento y la calidad de vida de los vecinos, como ser la coordinación de las fuerzas de seguridad, para que no se siguiera dando el absurdo de poder cruzarse con una patrulla de la Metropolitana, una consigna de la Prefectura y un retén de la Federal en un tramo de doscientos metros de Barracas, mientras a pocas cuadras no existe vigilancia de ninguna especie. O bien que se pudiera poner definitivamente en marcha el Ente de Transporte Metropolitano para evitar entre otras cuestiones que las empresas de colectivos se excusen en cuestiones jurisdiccionales para evadir el cumplimiento de las leyes ambientales, tanto porteñas como nacionales.

También nos habría gustado que Nación y Ciudad acordaran la expropiación y el destino de la Confitería del Molino, la implementación de programas de regulación y manejo de los Monumentos Nacionales que se emplazan en la ciudad, terminar con el incumplimiento de las leyes porteñas en que incurren los propietarios de las máquinas tragamonedas de Palermo excusándose en cuestiones jurisdiccionales... estoy seguro de que cada lector podría agregar un inmenso rosario de temas y cuestiones que están en la agenda cotidiana de los vecinos.

Pero no: el acuerdo al que llegaron los bloques legislativos macrista y kirchnerista porteños no avanzó sobre ninguno de esos tópicos, sino que, por el contrario, acordaron avanzar sobre un conjunto de polémicos (y acá la expresión polémico debe entenderse como turbio) proyectos vinculados con desarrollos inmobiliarios que venían siendo “lobyados” hace años y no pasaban el filtro legislativo.

Obviamente que, como suele pasar en estos casos, dentro del “paquete” están incluidos y resaltados en las marquesinas algunos pocos proyectos “políticamente correctos”, como pueden ser la construcción de viviendas sociales en la zona sur o la habilitación de créditos para las obras del arroyo Vega. Difícilmente estos proyectos habrían podido ser objeto de oposiciones si se los trataba de forma singular.

Uno se pregunta cuál sería el interés estratégico del kirchnerismo porteño en que se pueda construir un shopping en Palermo o torres de departamentos premium en Caballito. ¿Cuál es el interés estratégico del macrismo para aprobar un barrio privado en Costanera, cuyo convenio ya se había firmado en tiempos de Telerman? Daría la impresión de que como pocas veces, los grupos sectoriales con intereses patrimoniales –corporaciones, grupos económicos– han logrado que los representantes políticos hagan suyas sus agendas y demandas.

Como externalidad positiva de este hecho merece resaltarse la natural, espontánea e intersectorial reacción que han tenido vecinos, ONG y militantes políticos, particularmente de los bloques que participaron del acuerdo, para organizarse en la oposición a estos proyectos, oponiendo al lobby empresarial una presión vecinal y ciudadana.

Otro dato no menor y que nos permite albergar una razonable esperanza es que la mayoría de las leyes alcanzadas por este pacto deben sancionarse mediante el procedimiento de doble lectura con audiencia pública, lo cual otorga a los legisladores en general y a los decisores políticos en particular la posibilidad de rever la conveniencia de avanzar con la sanción de leyes que van claramente en contra de la ciudad integrada, plural, policéntrica, saludable y diversa a la que nos compromete nuestro mentado Plan Urbano Ambiental.

* Defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.