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La felicidad de las fiestas, las ganas de que Papá Noel te traiga algo, la vana costumbre de decidir cada fin de año ser mejor el año próximo... vaya a saber qué pasó con el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales que sesiona en semisecreto en el Mercado del Plata. La cosa es que por los crecientes escándalos políticos, por un arranque de bondad o por razones ocultas al vulgo, los consejeros aplicaron una de cal y una de canto, concentrando sus esfuerzos en un día de enorme actividad, el 18 de diciembre, donde firmaron resoluciones y más resoluciones. Algunas fueron rutina para el augusto cuerpo que se supone custodia nuestro patrimonio anterior a 1941, como la lista de 75 edificios “desestimados” y entregados a la piqueta o la reforma tonta. Pero otras fueron producto del activismo de ONG como Salvar Floresta y de los constantes pedidos de informes de la Defensoría del Pueblo porteño.

Este 18 de diciembre a los consejeros les terminó doliendo la mano de tanto firmar y firmar resoluciones. Una fue una verdadera lista-ómnibus de edificios liberados a la piqueta y la especulación, 64 en total. Otra es una segunda lista de 11 edificios escolares de la ciudad que tampoco merecen el buen humor de los consejeros, ni siquiera a una semana de Navidad. Estos difícilmente serán derribados –el macrismo no invierte tanto en educación– pero al no tener parámetros patrimoniales serán remodelados a la bartola, en el estilo colegio argentino con los caños de gas a la vista y pintados de amarillo.

Pero las sorpresas arrancan en las siguientes resoluciones, todas sin número, que sí protegen edificios. En esa lista aparece el conjunto de Paraná 247, 257 y 261, con grado cautelar. Y también aparecen Mario Bravo 930 y Pichincha 1136. Y hasta hay dos ratificaciones de catalogaciones, rechazando pedidos de reconsideración, para Montes de Oca 318 y Terrada 530, casos en los que algún especulador se clavó por comprar para demoler antes de preguntar si podía.

El Consejo hasta se puso progresista y protegió Automotores Orletti, en Venancio Flores casi Emilio Lamarca, dándole a la prisión clandestina una catalogación especial. Y luego procedió a catalogar varios edificios del conjunto de la Fábrica IMPA, recuperada en 1998, a la que elogia por su rol social y destaca por su arquitectura de los años veinte. ¿Sabrá Macri que andan haciendo estas cosas?

La lista hiperactiva –todo en un día, asombroso en un ente tan parsimonioso– sigue con la Facultad de Agronomía, protegida en conjunto como un lugar ecológico con la categoría de Protección Ambiental, y en particular con doce edificios catalogados, dos de ellos con el raro grado estructural.

Pero el asombro llega realmente al ver los actos del CAAP hacia el muy castigado barrio de Floresta, invadido por la peste del outlet, la forma más especulativa del comercio minorista que heredó la pasión del parripollo y la cancha de paddle. El barrio está bien defendido por Salvar Floresta y por Gerardo Gómez Coronado, el defensor adjunto del Pueblo porteño que se dedica a los temas de identidad barrial, servicios y también patrimonio. Los vecinos se cansaron de denunciar con fotos y con informes detalladísimos cosas como la aparición instantánea de locales donde había livings o garajes. Y Gómez Coronado se lució llenando páginas y páginas de pedidos de informes, señalamientos y resoluciones dando la razón a los del barrio.

Estas cosas, se sabe, pueden parecer ejercicios de futilidad cuando se trata con un gobierno porteño dedicado a mimar a su industria favorita, la de la demolición y la especulación en hormigón. Pero parece que se puede hacer masa crítica y lograr. Uno, en este día notable que destacamos, fue la resolución sin número que toma esta masa de denuncias y, citando tres expedientes diferentes, le hace un pedido inusitado a la superioridad. Vale la pena citarlo: “Dado que a partir del estudio del sector se verificó el incumplimiento de las normativas vigentes en cuanto al visado patrimonial previo a las obras y usos, y notándose que estas acciones contravencionales alteran el carácter del área, razón por la cual se ha conformado el APH, se solicita que por su intermedio se canalice el pedido de refuerzo de los controles a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y demás organismos competentes”.

El castellano será malo y lleno de figuras notables –el “visado patrimonial”– pero aun así queda en claro que hasta el disciplinado y blandito CAAP se da cuenta del nivel de impunidad con que se hace y deshace en el Area de Protección Histórica 53, Floresta. El macrismo tiene una verdadera política de no invertir en controlar obras, apoyando a los ladrilleros especulativos, pero el desorden se nota. La resolución tiene la firma de los representantes de la Sociedad Central de Arquitectos, el Cicop, la FADU, el mismísimo CPAU –tal vez porque son obras chiquitas y no de los megaestudios que el colegio defiende a muerte– y hasta de la blanda y medrosa nueva autoridad de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural porteño. El mismo jefazo, Antonio Ledesma, firma el papel.

La cosa no termina ahí, porque el mismo día el Consejo le firma a Floresta una lista de catalogaciones, 35 en total, que hasta incluye dos estructurales, cosa rara. Para detalle, hay una ratificación a nivel estructural de un edificio y algo que debe ser primicia, la vuelta atrás de una reconsideración concedida del edificio de Bacacay 3599. Floresta hasta se gana 14 edificios singulares, aunque se desestiman 7, y se confirman las catalogaciones en esa categoría de otros tres, que tenían reconsideración. Claro que tanta bondad tiene sus peros: el representante del CPAU y el de la FADU votaron en disidencia en ocho edificios y hasta se ocuparon de anotarlos uno por uno arriba de sus firmas...

Un buen regalo de fin de año para un barrio. Ojalá que el espíritu les dure a los consejeros y no vuelvan a su estilo de Tío Rico amargo. Miren si vienen los fantasmas de las demoliciones pasadas.