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El gobierno de Mauricio Macri desde sus inicios parecía que había implementado la metodología del ensayo-error, lo cual no parece ser una práctica muy recomendable para el manejo del Estado. Ultimamente, esta metodología parece haber sido reemplazada por la del error-error.

La noticia, anunciada livianamente por las autoridades de Sbase, de que no se construiría la estación de subterráneo sobre la plaza Intendente Alvear, y lo harán del otro lado de la avenida, frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, podría ser un buen chiste, si no le hubiera costado millones al erario porteño.

Los lectores de m2 recordarán que fueron los miembros de la organización Basta de Demoler los primeros que levantaron la voz y denunciaron ante la Justicia ese nuevo atropello del patrimonio cultural de Buenos Aires.

El gobierno porteño terminó, como con casi todos sus emprendimientos en los espacios públicos –casi siempre violatorios de alguna ley vigente– en los estrados judiciales del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, porque estaban modificando un Area de Protección Histórica, talando árboles, y en definitiva afectando el patrimonio cultural y medioambiental de la ciudad.

Siguieron con las obras a pesar de la prohibición cautelar dictada por la Justicia, destruyeron el trazado de la plaza, arrancaron árboles añosos de cuajo y avanzaron con una obra que, además de los cuestionamientos desde el punto de vista patrimonial, también los tenía técnicos, porque los usuarios del subte –con una gran afluencia de público proveniente de la actividad universitaria– debían cruzar para poder entrar en la estación.

Los relatos desopilantes de las visitas con el juez de la causa al lugar fueron ampliamente reflejados por el editor de m2. Finalmente la Justicia aceptó que se realizara la obra, aunque los ciudadanos que habían presentado el recurso de amparo expresaban que la medida judicial no se encontraba firme.

Ahora la empresa Subterráneos de Buenos Aires anunció que no se realizarán las obras de la estación de subte H que estaba siendo construida en la plaza Intendente Alvear, en Recoleta, y en una declaración pública que sólo puede interpretarse como una burla el presidente de la empresa informa: “Siendo éste un espacio verde de gran valor y de alto tránsito, Sbase ha decidido restituirlo. Para ello ha convocado a un paisajista especializado, Eduardo Ottaviani, que en un lapso de 15 días presentará un anteproyecto en el cual se le ha pedido que conserve la armonía del espacio verde en su conjunto y entorno (y no sólo la porción afectada), y que evalúe realizar mejoras”. Seguramente, lo que en este comunicado se menciona como “mejoras” serán “peoras” –neologismo elaborado por un destacado arquitecto–, tal como nos tienen acostumbrados con cada intervención en Areas de Protección Histórica.

Sin embargo, lo único que conmueve a estos funcionarios es el dinero; la decisión se habría tomado porque el proyecto hubiera costado 250 millones de pesos, cifra que hoy el gobierno local no puede afrontar. Y esto lo dejó entrever Juan Pablo Piccardo en su declaración: “Cuando se comenzaron a construir estas estaciones, el traspaso ni se había planteado aún –agregó el funcionario–. Hoy tenemos un costo de mantenimiento del servicio de 700 millones de pesos, a los que se suman 400 millones de emergencia para invertir en la seguridad de los coches y cuestiones estructurales importantes”.

Ahora se dan cuenta de que Basta Demoler tenía razón. El funcionario agregó: “Para nosotros, la estación quedaría mejor al lado de la Facultad de Derecho”. El problema es que el “error” de la administración macrista ya habría costado unos 40 o 50 millones de pesos, además de la destrucción provocada en la plaza.

Tal vez en unos días se den cuenta de que los vagones nuevos de la Línea A no doblan y vuelvan a restituir a las antiguas y nobles brujitas. La pregunta de más absoluto sentido común y que ya comenzó a circular con fuerza en las redes sociales es quién va a pagar por este caro error. Lo primero que debería hacer el jefe de Gobierno porteño es pedir la renuncia a todos los funcionarios involucrados.

Al menos eso harían en cualquier ciudad razonable del mundo. Y algún día estas irresponsabilidades políticas también deberían afrontarlas con su patrimonio –y no hablo del cultural– los involucrados.