“... solo en un vasto, artístico y accesible parque, el pueblo será pueblo, solo aquí no habrá extranjeros, ni nacionales ni plebeyos...”

Estas palabras de Sarmiento en Palermo, inaugurando el Parque 3 de Febrero en noviembre de 1875, eran consecuentes con su pensamiento que le atribuía virtudes educativas al espacio urbano. Como bien retrata Adrián Gorelick en su libro La grilla y el parque, a partir de su federalización, con la disposición en Buenos Aires de un sistema de parques perimetrales encontramos tanto las aspiraciones de igualdad social e institucionalización cívica que proponían los “iluministas”, como las razones “higiénicas” que necesitaba una ciudad industrial en crecimiento. Tampoco debemos descartar lo que David Viñas planteó como un pasaje del utilitarismo al consumo estético en el ámbito de las ideas de la elite gobernante.

Sea como fuere, con la creación y diseño del sistema de parques urbanos de Buenos Aires de fines del siglo XIX y principios del XX, entre los que además de los “bosques” de Palermo se destacan el Centenario, el Chacabuco, el de los Patricios, el Lezama y el Olivera (renombrado Avellaneda), la ciudad hereda hermosos y pintorescos paseos diseñados por prestigiosos paisajistas como Thays y durante todo el siglo XX arraiga una concepción del espacio público en general y de estos grandes parques en particular como lugares de encuentro entre las distintas franjas de la sociedad, en sintonía con el rol igualador que también se le atribuía a la escuela pública. El todavía no resuelto conflicto suscitado con el enrejamiento del Parque Centenario, que se suma a los ya practicados en innumerables parques, plazas y paseos, pone de manifiesto claramente tres cuestiones:

- Que los parques como símbolos planimétricos de modelo de ciudad y sociedad se hallan claramente en crisis, o bien ya responden a otros paradigmas de interacción entre los ciudadanos y el espacio público.

- Que el valor simbólico-alegórico que muchos les atribuimos a las rejas, muros o vallas, para grandes franjas de vecinos les resulta indiferente o lo consideran cuestiones prescindibles frente a otros valores como “orden” o “seguridad”.

- Que el Gobierno de la Ciudad no sabe, no quiere o no le interesa dejar de lado el “decisionismo” para encontrar mecanismos participativos y consensuados de intervención en el espacio público y para la resolución de conflictos entre grupos de vecinos con posturas antagónicas.

Sobre las dos primeras cuestiones, que por cierto se encuentran fuertemente entrelazadas, voy a hacer mías las reflexiones de la prestigiosa socióloga Saskia Sassen, quien en su reciente paso por Buenos Aires nos referenciaba que “la esencia de una metrópolis no está en sus construcciones ni en la cantidad de habitantes, sino en el ámbito que ofrece para la vida en común”.

Es interesante lo que nos recuerda Sassen, por cuanto los conflictos por el espacio público que se vienen sucediendo en nuestra ciudad a ritmo creciente, que en un principio se lo atribuíamos casi exclusivamente a los estertores de la crisis económica, hoy se está transformando en una cuestión patológica que nos impide compartir lugares, espacios o actividades con vecinos o grupos que no nos son afines: parecería que nos encaminamos hacia una teoría del “crisol de razas” al revés: nos mostramos incapaces de utilizar las calles, veredas o espacios verdes sin apropiárnoslo en el peor de los sentidos, el del territorio propio e inaccesible para los “otros”.

Y esto es particularmente serio por cuanto como bien alerta David Harvey: “Las ciudades que no puedan albergar la diversidad, los movimientos migratorios, los nuevos estilos de vida, y la heterogeneidad económica, política y religiosa sucumbirán por efecto del entumecimiento y la parálisis o se desmembrarán azotadas por conflictos violentos”. Estas palabras pueden sonar alarmistas, pero siguiendo con el autor: definir las políticas que puedan preservar la diversidad sin reprimir las diferencias es uno de los mayores desafíos de la urbanización del siglo XXI.

La tercera y última cuestión que mencionaba aborda una temática más pedestre y para los lectores de este suplemento, más cotidiana: la falta de voluntad del gobierno porteño para abordar los conflictos y las políticas públicas de manera participativa en consonancia con lo establecido por la Constitución de la Ciudad.

Observemos el caso del Centenario: es indudable que los vecinos de Caballito próximos al parque están “hartos ya de estar hartos” de la ocupación indebida y patotera de los espacios verdes, de los bancos y senderos, de la conversión de varios sectores de la feria artesanal en una “saladita” regenteada por mafiosos que ostentan sus lujosos autos y camionetas y que hasta les cobran peaje a los artesanos para poder exhibir sus manualidades. Frente a este evidente descontrol, y tal como señalamos en los párrafos precedentes, enmarcados en cánones sociales que nos invitan a disfrutar de la seguridad y la naturaleza encerrados dentro de countries o barrios cerrados, o que nos invitan a compartir compras, paseos y encuentros sociales dentro de las paredes custodiadas de los shoppings, no resulta extraño que los vecinos reclamen o vean con buenos ojos la instalación de rejas o cualquier otro dispositivo simbólico que les ofrezca imagen de orden o seguridad.

Quien esto suscribe al igual que –presumo– gran parte de los lectores de m2, no considera el enrejamiento como la solución a los problemas de orden, higiene o seguridad. Pero debemos a su vez ser respetuosos de las familias que se sienten imposibilitadas de disfrutar del espacio público y entienden (o le hicieron creer) que las rejas son la solución. El ámbito de discusión y consenso natural para las cuestiones vecinales que previó la Constitución de la Ciudad son las Comunas, y si bien sabemos que el Ejecutivo no es afecto a abrirles el juego a estas instituciones, para la resolución de casos como el del Parque Centenario aún esta instancia comunal resulta insuficiente.

Justamente la cantidad y variedad de actores, la ubicación del parque en el límite con otras dos comunas y principalmente la función de carácter metropolitano que tiene el Centenario, llevó a que la Legislatura votara casi por unanimidad la Ley 3711 –iniciativa del entonces diputado y hoy presidente del Consejo Económico y Social Sergio Abrevaya–, que conformaba una Mesa de Trabajo y Consenso para el parque. Lamentablemente, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, la vetó. Hoy ese instrumento sería más que necesario para evitar estas disputas de vecinos contra vecinos.

* Defensor adjunto del Pueblo porteño.