Cristina Lancelotti reflexionaba tiempo atrás sobre los distintos agentes que provocan el deterioro o directamente la destrucción del patrimonio arquitectónico y afirmaba que “el peor es el ser humano”. Esto ocurre con funcionarios mediocres o corruptos, empresarios convertidos en depredadores patrimoniales, pero es mucho más grave y masivo cuando la destrucción es la consecuencia de una guerra. Es otra de las secuelas de la guerra civil que actualmente enfrenta Siria, no tan dramática como la catástrofe que significan los miles de muertos y heridos que deja la contienda, pero que sin dudas tendrán consecuencias para el futuro del país.

Los enfrentamientos en torno de la mezquita Umayyad, en la antigua ciudad amurallada de Alepo, han puesto en riesgo la estructura, del siglo XII. La mezquita, también conocida como la Gran Mezquita de Alepo, está cerca de un mercado medieval techado dentro de la ciudad amurallada de Alepo, designada por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. La mezquita sufrió daños severos en octubre de 2012, luego de que un incendio calcinara el mercado un mes antes. Esta situación ya ha despertado la alarma internacional, más aún porque los combates que se libran en los últimos días llegaron a la histórica mezquita en la ciudad siria de Alepo.

La pérdida de patrimonio también fue una de las consecuencias directas de las guerras en Irak y también en Líbano, que poco a poco fue perdiendo su rica arquitectura, que le había permitido ser considerada la “París de Medio Oriente”.

Para estas situaciones, la comunidad internacional aprobó en 1954 la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, que comprende bienes muebles e inmuebles, esto es, monumentos arquitectónicos, artísticos o históricos, sitios arqueológicos, obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés artístico, histórico o arqueológico, así como colecciones científicas de todo tipo, cualquiera que sea su origen o propiedad.

Los Estados que son parte en la Convención son más de cien, y han decidido adoptar medidas de salvaguarda en tiempo de paz, como la preparación de inventarios, la planificación de medidas de emergencia para la protección contra incendios o el derrumbamiento de estructuras, la preparación del traslado de bienes culturales muebles o el suministro de una protección adecuada in situ de esos bienes, y la designación de autoridades competentes que se responsabilicen de la salvaguardia de los bienes culturales.

El acuerdo también prevé el respeto de los bienes culturales situados en sus respectivos territorios así como en el territorio de otros Estados Parte, absteniéndose de utilizar esos bienes, sus sistemas de protección y sus proximidades inmediatas para fines que pudieran exponer dichos bienes a destrucción o deterioro en caso de conflicto armado, y absteniéndose de cualquier acto de hostilidad respecto de ellos; y establecer unidades especiales de las fuerzas armadas encargadas de la protección de los bienes culturales, entre otras acciones.

Sin embargo, como habitualmente ocurre con este tipo de tratados bien intencionados, pero que no cuentan con una autoridad que pueda aplicarlos en forma efectiva, son pocos los resultados que se verifican en la práctica. Este es lo que está sucediendo hoy en Siria, que está destruyendo el pasado e hipotecando su futuro.