La participación de los ciudadanos en la defensa del patrimonio arquitectónico no es algo ajeno a la dinámica política de la Argentina.

La ciudad de Buenos Aires sea tal vez el lugar con más grupos activos, pero también surgieron asociaciones vecinales en puntos tan distantes y con problemáticas tan disímiles como Mar del Plata, Salta, Goya, Bahía Blanca, Jujuy y Entre Ríos, entre otros lugares. Sin embargo, la actuación –casi sin excepción– se limita a formular denuncias, presentar recursos de amparo, elaborar proyectos de ley y de ordenanza, entre otras acciones, lo cual no es poco, pero en España fueron mucho más allá.

Se trata del grupo Acción Directa, que una vez por semana y desde hace un año se reúnen en Ferrolterra, Galicia, para trabajar voluntariamente en la restauración de edificios patrimoniales, la limpieza y mantenimiento de espacios verdes, y en general la recuperación de espacios de valor patrimonial. Ya son varios los logros obtenidos por este colectivo ciudadano, entre otros la restauración de la antigua muralla defensiva de la ciudad. Participan de esta propuesta desempleados, pero también otros que tienen trabajo y dedican sus horas libres a embellecer la ciudad en la que viven.

El origen de este emprendimiento lo explican sus protagonistas y no es muy diferente de la situación local. El motivo fue “La falta de interés por parte del Ayuntamiento y de la Xunta” y, concretamente, se inició cuando uno de los fundadores de Acción Directa fue a dar un paseo y vio un letrero que indicaba la existencia del antiguo lavadero de oro y cobre de la zona.

Comprobó que su estado era desastroso y a partir de allí, con la ayuda de las redes sociales, se puso en contacto con gente que rápidamente accedió a conformar un grupo que va camino de llegar a un año de un trabajo voluntario, y por cierto, muy valioso.

El grupo no solo pone manos a la obra, también viene denunciando al gobierno local y a las empresas contratadas para el mantenimiento de los espacios públicos por el “abandono, dejadez y mal estado”.

Una experiencia más de cómo los ciudadanos deben tomar a su cargo el cuidado del patrimonio cultural cuando el Estado es el gran ausente.