Negar la realidad equivale a volar por instrumentos. Las computadoras tranquilizan, la máquina parece saber lo que está haciendo, pero en una de esas terminás viendo muy de cerca una montaña. Es lo que acaba de pasarle al gobierno porteño con la feroz y fatal tormenta de la Semana Santa. Peor fue en La Plata, pero ahí sí se puede aplicar la disculpa de que nunca había pasado: como dijo la misma Presidenta al visitar su barrio de la infancia, estas cosas no pasaban en su ciudad.

Pero a Mauricio Macri le avisaron una y otra vez que las tormentas no sólo se iban a poner peor sino que tendrían consecuencias cada vez mayores. No se puede esperar que el ingeniero-intendente comprenda eso del calentamiento global, tema seguramente demasiado a largo plazo para él, y mucho menos que haga algo al respecto si ni siquiera quiere hacer una planta de tratamiento de aguas. Pero que haya seis muertos y daños masivos en Buenos Aires es plenamente de su alzada.

Esta ciudad es un espacio construido con sus peculiaridades. Es una llanura blanda, de poco relieve y francamente esponjosa, famosa en tiempos coloniales por sus interminables aguadas, pantanos y pajonales húmedos. Los porteños llevan siglos rellenando y crearon espacios como las Barrancas de Belgrano al ahuecar la costa para rellenar Palermo, cuando Rosas mandaba carretones para su quinta. Esta lucha contra el agua no llega a ser holandesa, pero es una memoria histórica.

Y es algo que no le importó a la primera camada de especuladores inmobiliarios que hacia 1886 empezaron a lotear la flamante Capital Federal sin tener la menor consideración con el agua. Las tres cuencas principales de lo que hoy es la ciudad, los arroyos Medrano, Vega y Maldonado, fueron loteadas y construidas hasta el borde. Borges recordaba que su Villa Malcolm –hoy paquetamente rebautizada Palermo Viejo– era el barrio de las latas, inundable y marginal.

Para valorizar esos terrenos y cumplir el sueño feo de crear un espacio homogéneamente cubierto de edificios, se entubaron los arroyos, decisión muy complicada. No hay ley natural que ordene que esto funcione mal, pero entubar lo natural implica un altísimo nivel de mantenimiento y planeamiento, dos fobias de los porteños. Los arroyos entubados se taparon hasta con autos por décadas y por más décadas no se ampliaron ni cambiaron.

Comparemos con Nueva York, que este año se asombró cuando el huracán Sandy logró lo imposible: cerrar el subte inundando los túneles. En más de un siglo de existencia, nunca había ocurrido. Ni en los tiempos de la máquina a vapor había entrado agua salada al sistema. Sandy fue una tormenta de una magnitud nunca vista, por suerte, entre nosotros, lo que da una idea de la magnitud del desastre.

En 1998, el efímero jefe de Gobierno y más efímero presidente Fernando de la Rúa sancionó el Plan Director Hidráulico para mejorar el drenaje de la ciudad interviniendo en las tres cuencas. En 15 años, se completaron las obras del Maldonado, se prometieron las del Vega para 2015 y ni siquiera se empezaron las del Medrano. Donde los porteños deberían estar evaluando el rendimiento del sistema y pensando en modernizarlo otra vez, estamos esperando que alguien termine de una vez un plan ya obsoleto.

Macri le agrega a este chanterío heredado el carácter manifiestamente cosmético de su gestión. Al jefe actual no le gustan los túneles porque no se ven, como sí se ve el muy cuestionado metrobús. Mientras se queja de que no tiene créditos internacionales por culpa del gobierno nacional, gasta buenos dineros en la Nueve de Julio haciendo una obra que nadie le pidió y nadie quiere, pero que es fotografiable. Es la misma lógica que hace que no haya suficientes guardias de tránsito o suficientes inspectores de obra, para mencionar dos rubros que cuestan vidas, pero no dan para la foto inaugurando.

Y por supuesto está el tema de fondo, el sueño de la ciudad de densidad máxima, con la mayor cantidad posible de gente apiñada, sin espacios verdes ni drenajes, pero juntita en torres. Esta visión de ciudad es la más rentable posible para un sector especulativo al que Macri cuida como propio. No sólo hay torres y se pierde la costa “blanda” que defiende la ciudad de las sudestadas haciendo de colchón absorbente. Hasta los adoquines vuelan, reemplazados por asfalto o vueltos a poner arriba de una carpeta de hormigón perfectamente impermeable. Todo para dar contratos.

Una de las tantas imágenes de la inundación porteña resulta ejemplar de esta tendencia. Es una cochera en un edificio nuevo en la calle Luis Beláustegui, Santa Rita, un barrio que no sufrió una catástrofe. Pero la cochera al aire libre era un sereno lago cubriendo los autos hasta el techo porque fue construida bajo el nivel de la vereda. Alguien encontró rentable desafiar la física de esta manera y alguien encontró rentable permitir este desafío. Lo mismo ocurre con el incompetente asfaltado de las calles, que lejos de canalizar las aguas las empuja hacia las veredas porque la calzada es una curva, en muchos casos al nivel de la acera o más arriba.

La Defensoría del Pueblo porteño atendió este verano un caso que realmente da vergüenza ajena. Los vecinos de Núñez se comunicaron el 7 de diciembre con el defensor adjunto Gerardo Gómez Coronado y le enviaron fotos de los “sapitos” de su barrio, completamente inundados por la tormenta del día anterior. Esa tormenta fue nada comparada con la de esta semana, pero alcanzó para anegar por completo los pasos bajo nivel de la línea Mitre, en particular los de Crisólogo Larralde y Manuela Pedraza.

La incompetencia y falta de planeamiento del gobierno porteño fue tal que, todavía al día siguiente de la tormenta, nadie había cerrado los túneles, con lo que había regios embotellamientos de autos que trataban de pasar por ahí, se encontraban con la laguna y tenían que maniobrar para salir. Por supuesto, nadie había puesto un cartel de desvío indicando un camino alternativo. Todo esto se repitió y peor esta Semana Santa.

Gómez Coronado le pidió al inexplicable ministro de Desarrollo Urbano de la ciudad, Daniel Chaín, que le comunicara si iba a hacer un canal aliviador bajo la calle Arcos a la altura de Campos Salles, para drenar los sapitos. Nunca le contestaron. En estos días tampoco hubo siquiera una valla y un cartel desviando el tránsito.

El juez Fastman

Lisandro Fastman es juez porteño desde hace exactamente 23 días y ya tiene su primera recusación, un record verdaderamente notable. El magistrado tomó el Juzgado 14, del que era secretario, justo después de que lo subrogara el juez Guillermo Scheibler, que decidió la cautelar sobre el destrozo de los árboles de la avenida Nueve de Julio. Scheibler no tomó la cuestión de fondo, que era la necesidad o posibilidad legal de hacer el metrobús, pero ordenó parar con el manoseo a los árboles y nombró a la UBA –Facultad de Agronomía– como asesora en su manejo. Todo fue apelado por ambas partes.

Pero el tema ni llegó a la cámara, como corresponde, cuando Fastman decidió cambiar todo. El 26 de marzo el juez levantó la prohibición y le permitió a la ciudad “asesorarse” con sus propios jardineros. El fallo es notable porque le da piedra libre al macrismo en funciones para romper todo y porque es una segunda vuelta de la primera instancia, una novedad jurídica que seguramente creará un antecedente.

Este miércoles, una de las amparistas, Mónica Capano, recusó a Fastman “por la emisión de opiniones intempestivas respecto de cuestiones pendientes que aún no se encuentran en estado de ser resueltas”. Capano acusa a Fastman de faltar a su deber de mandar la causa a la cámara y, “de manera sorpresiva”, emitir una resolución que “tergiversa y modifica de manera subrepticia” la cautelar. Lo más grave, legalmente, es que lo acusa de “sustitución indebida del rol que le cabe a la segunda instancia, creando una especie de instancia única”.

Parece que Fastman, como señala Capano en su escrito patrocinado por Pedro Kesselman, anuncia nomás cuál será su fallo final sobre la cuestión de fondo. ¿No habrá ya segunda instancia en los temas que realmente le interesan al gobierno de Mauricio Macri?

Furcios

Hay cosas que los norteamericanos no entienden ni entenderán, como nuestro maravilloso arte de improvisar. Por eso andan tan enojados en el World Monuments Fund con una reciente publicación de la serie Patrimonio Argentino, de Clarín, dedicada a la reducción jesuítica de San Ignacio Miní. Este número trece de la colección que dirige María de las Nieves Arias Incollá, de recuerdo indeleble tras su gestión del patrimonio porteño bajo Ibarra/Telerman, hace la historia de las obras realizadas en las ruinas. Pero hay un recorte quirúrgico de varios años, justo los que toman los trabajos realizados con financiación del WMF –y de la Fundación American Express– y dirigidos por el especialista Marcelo Magadán.

Lo curioso del caso es que muchas de las fotos del fascículo le fueron pedidas a Magadán, un arquitecto muy acostumbrado a registrar sus trabajos. Y también es curioso que los trabajos posteriores a su intervención, que sí están incluidos en el texto, siguen las técnicas que el WMF y Magadán establecieron como apropiadas para el sitio.

El monumento

La idea de trasladar el monumento a Cristóbal Colón de la plaza justo atrás de la Casa Rosada –de hecho, su jardín privado desde 2007– a Mar del Plata está levantando críticas y una medida legal doble. Por un lado está la delicadeza física de esas 623 toneladas de mármol de Carrara, tan blando él, que hacen que sea peligroso pensar en desarmarlas, trasladarlas 400 kilómetros y volver a armarlas. También hay que tener en cuenta que varios especialistas en patrimonio edificado coincidieron en que la estructura muestra sus casi noventa años frente al río, con erosiones y grietas, con lo que ponerlo frente al mar sólo agravaría su desgaste.

El grupo ¡Salvemos a las Estatuas! se alarmó por la idea y Basta de Demoler acaba de presentar un amparo para evitar la mudanza, en el que nombra por igual al gobierno nacional y al de la Ciudad. El reclamo es porque la plaza Colón, aunque cerrada al público desde hace seis años, sigue siendo propiedad de la Ciudad, que de hecho pagó las obras de enrejado y construcción. En ningún momento el convenio firmado entre los dos gobiernos para enrejar y modificar la plaza dice que ésta pasó a ser propiedad de la Nación.

Con lo que el gobierno nacional no tiene base legal para sacar una propiedad porteña de un lugar porteño. Como el gobierno local no movió un dedo, aunque el monumento ya está cubierto con lonas, queda incluido en el amparo por su pasividad o su acuerdo tácito con la movida. La única manera legal de sacar o poner un monumento es con el voto de la Legislatura, que tiene la exclusividad de imponer “nombres a sitios públicos, disponer el emplazamiento (y desplazamiento) de monumentos y esculturas y declara monumentos, sitios y lugares históricos”.

El tema ya lo tiene el juez Francisco Ferrer, del Juzgado porteño 23. Bastante costó: nadie quiso habilitar la feria para recibir el escrito durante el feriadón.

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