Floresta supo ser un barrio residencial con el comercio concentrado en sus avenidas, como debería ser natural y como tienden a hacer los tejidos urbanos. Pero está la ciudad de las fiebres, la del paddle y la del parripollo y la del vaya a saber qué más, con lo que Floresta cayó avasallada por los comercios de ropa, los brandpoint y los outlets. Los vecinos de Salvar Floresta, deprimidos por la constante agresión de obras clandestinas, cartelerías salvajes y demoliciones truchas, se transformaron en verdaderos vigías de irregularidades. Y acaban de encontrar una que es una perlita porque muestra que la actitud del gobierno porteño ya pasa de la incompetencia a lo que allá por Córdoba suelen llamar relajo.

La historia se centra en una serie de locales en estilo horror suburbano que se alzan en Emilio Lamarca 380, legalmente la Sección 77, manzana 125, parcela 001D. Esa dirección entra de pleno en el Area de Protección Histórica Floresta, aunque el edificio en cuestión no está catalogado ni merece estarlo. Quien quiera ver qué hay en ese lugar no tiene más que entrar en el sitio de la Ciudad –que anunció esta semana que por fin volvió a funcionar– y buscar la ficha correspondiente. Lo que verá ahí es una foto de un edificio de planta baja con cinco locales y dos pisos por encima. Lo curioso del asunto es que la ficha indica que se está viendo un lote de 18,75 metros de frente por 8,91 de fondo, dividido en propiedad horizontal, con cinco unidades y planta baja y un piso de altura.

Este disparate se explica por la extraordinaria pereza y lasitud del gobierno porteño. Según fotos de vecinos viejos, en 2002 sí había cinco locales con un piso por encima, pero para 2007 ya habían construido otro por encima. La contradicción entre la foto, que muestra el edificio como es, y el texto, que lo describe como fue, indica que la obra de ampliación se hizo sin que nadie se molestara en pedir los permisos correspondientes. Lejos de sancionar, investigar, multar o, el Dios de los inmobiliarios lo prohíba, ordenar demoler lo ilegal, el gobierno porteño simplemente lo ignora en su propia documentación.

La ficha oficial sigue teniendo curiosidades muy sugestivas. Quien haga click en la pestaña que abre los “datos útiles” de la parcela encontrará que la zonificación también está mal. Todavía figura una R2aII, exótico glifo que indica un lugar residencial de baja densidad, cuando se trata de un Area de Protección Histórica, con legislación especial. Al explorar la pestaña del menú que abre el rubro de “Actividades/Usos permitidos” comienza el verdadero misterio, porque esta ficha está en blanco.

Ante este vacío, la Dirección General de Interpretación Urbana y Registro, la célebre Dgiur, partió hacia el bonapartismo y se mandó a autorizar usos que no sólo no están previstos sino que contradicen abiertamente la ley 3507, la que hace que esa parte de Floresta sea un APH. La disposición de la dirección general 2141/12 autoriza un comercio minorista de “ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles” en el local de Emilio Lamarca 384. Un año después, con el número 314/13, la misma entidad autorizó otro comercio minorista de “tejidos, trenzados, trencillas, cordones, puntillas, encajes y broderies” para su vecina del 382.

Leer estas resoluciones firmadas por Antonio Ledesma, director general, lleva a la curiosidad más total. Resulta que Ledesma sí sabe que la dirección en cuestión está en el APH 53 Floresta –lo que demuestra que no consulta la página de su propio gobierno– y que hay una zonificación especial, equivalente a R1bII. Su área técnica también sabe que los usos pedidos “no son permitidos para el distrito de Zonificación APH 53” y que otros usos similares, como el de venta de textiles y ropa confeccionada, son permitidos sólo en avenidas y en locales anteriores a 1996. ¿Qué hace Ledesma? Autoriza a vender manteles y ropa confeccionada aunque Emilio Lamarca sea calle, porque los dueños presentan un plano de 1992 donde ya existía el local del 382. El caso del 384 es todavía más asombroso porque se autoriza todo aunque el único documento al parecer presentado por los peticionantes es ¡el reglamento de consorcio!

Los vecinos de Salvar Floresta se quedaron llenos de preguntas. Por ejemplo, por qué se autorizan usos de avenidas en calles y por qué no se piden los papeles completos. Donde la Dgiur parece aceptar planos de mensura y reglamentos de consorcio como válidos, el trámite formal indica que hay que pedir declaraciones juradas del uso, certificado del mismo uso –con un formulario modelo– y planos de habilitación por duplicado. Tampoco se entiende por qué absolutamente nadie parece notar que hay dos pisos donde debería haber uno. De hecho, lo que firma Ledesma incluye superficies que abarcan sólo el local y el primer piso, sin que el señor director general parezca incomodarse con eso de darle luz verde al uso clandestino de un tercer ámbito. Tal vez sea hora de que el arquitecto Ledesma sí mire la foto de la ficha del sitio oficial de la Ciudad a la que sirve como funcionario público, y proceda en algo de acuerdo a la ley.