El objeto principal de esta nota no es el análisis de la represión irracional que la Policía Metropolitana realizó el pasado 26 de abril. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad ya se pronunció por la Resolución 872/13, señalando entre otros ítem que “nada puede justificar semejante accionar policial que configura un caso de evidente gravedad institucional, ... se constató que el operativo fue dispuesto de madrugada, sin aviso previo a las autoridades del hospital, con conocimiento de que habría conflicto y sin que se haya adoptado ninguna medida de resguardo de los pacientes o profesionales del hospital”. Hago mías las palabras de la defensora del Pueblo Alicia Pierini: “Ejercer violencia ante una protesta expresa la impotencia política para conducir, abordar o encauzar los conflictos que son propios de cualquier sociedad”.

Tampoco haré en esta oportunidad una apreciación valorativa sobre la iniciativa del Centro Cívico en Barracas con los fondos obtenidos por la venta del edificio conocido como “Mercado del Plata”, aprobado por la Legislatura en el marco de un acuerdo que incluyó la reforma del Código de Planeamiento para permitir la construcción sobre decenas de hectáreas desafectadas del uso ferroviario sobre las que ya nos explayamos (Ver nota “El pacto de Perú” en m2 del 17/12/12).

Sí considero interesante abordar un argumento recurrente por parte de los funcionarios (y de profesionales de la construcción), sobre la identificación del progreso de un área degradada o menos desarrollada con el incremento de la capacidad constructiva, y como único indicador de valuación de calidad de vida la cotización de mercado del metro cuadrado de las propiedades. Es una lógica que pudiera tener algún correlato empírico al comparar los valores de Palermo con Soldati o Pompeya, pero que hace agua cuando comparamos el valor de la superficie edificada en la Villa 31 con el de muchísimos barrios residenciales consolidados del GBA.

Esta lógica apreciativa parece inspirada en la definición del hombre urbano exitoso que nos daba Eduardo Galeano: “Que no puede mirar un cuadro sin calcular su precio, o mirar a otro hombre sin calcular sus ventajas o a una mujer sin calcular el riesgo”. También se la puede identificar con la historia del desarrollo urbano de la Ciudad, la que salvo interesantes experiencias de excepción (Plan Regulador de 1925, etc.) estuvo marcada por una planificación dictada por el mercado. Vaya paradoja que sobre este tópico coincidieron desde la arquitecta planificadora de origen marxista Susana Flores hasta Antonio Bullrich, intendente designado por el presidente Roca quien, quejándose por las ordenanzas que aprobaba el Concejo Deliberante de entonces, afirmaba que “es absurdo lo que se está permitiendo... todo se edifica, cada terreno baldío se entrega a la especulación y cuando la densidad reclame estos pulmones o jardines públicos, será necesario pagarlos a precios exorbitantes...” Ejem, no se puede menos que acordar que esta premonición de 1904 del intendente conservador y conocido martillero se ha cumplido acabadamente.

Esta lógica urbana hasta tiene su correlato en los espacios públicos y sobre las políticas gubernamentales para intervenirlos. Patricia Phillips, en forma obviamente exagerada, refiriéndose a los programas urbanos, nos plantea que “el espacio público, tal como hoy se define, es en verdad un eufemismo socialmente aceptable utilizado para designar un área dejada de lado por los desarrolladores privados”.

Hasta la sanción del Plan Urbano Ambiental, uno de los últimos estertores normativos que reflejaban este paradigma de progreso=incremento de capacidad constructiva lo tenemos en las disposiciones especiales para el Area de Desarrollo Prioritario (zona sur) del Código, que (siguiendo la lógica del mercado) fue aprovechada para aumentar la altura de los edificios en zonas ya consolidadas como el eje de Montes de Oca-Martín García o en derredor de Parque Chacabuco, pero no sirvió para desarrollar las zonas más postergadas.

¿Está mal llevar inversiones a las áreas postergadas? Claramente que no, de hecho la descentralización administrativa hacia la zona sur no solamente está contemplada en los lineamientos del Plan Urbano y el Plan Estratégico, sino que estuvo contemplada en las propuestas y programas de gobierno de casi todas las fuerzas políticas de los últimos lustros. Pero ¿por qué el macrismo dejó de lado las propuestas primigenias de instalar el centro cívico en los terrenos ferroviarios del eje Pompeya/Parque Patricios/Barracas que, además de desarrollar una zona postergada, descongestionaría el tránsito pasante del Area Central, algo que el Centro Cívico en Barracas no resuelve y hasta agrava? La respuesta inicial que me ofreció un alto funcionario sobre la imposibilidad de acordar con el gobierno nacional el uso de los terrenos dejó de tener asidero con el mencionado acuerdo legislativo de noviembre.

Es más, la eliminación de los desequilibrios territoriales a los que el Estado está obligado normativa y éticamente implican necesariamente el desarrollo de políticas e inversiones públicas: las luminarias de Patricios y Pompeya deberían tener el mismo grado de mantenimiento y potencia lumínica que las del centro y la avenida Santa Fe, el mobiliario urbano y los juegos en las plazas de Soldati y Lugano deberían ser de igual o mejor calidad que los instalados en el resto de la Ciudad, el asfalto, empedrado, arbolado y espacios públicos de esta zona deben tener una mayor inversión y un mantenimiento sistemático.

Todo esto debe conjugarse en un marco de sustentabilidad ambiental. Estamos a tiempo de no repetir los errores que la falta de planificación urbanística conllevó a Belgrano, Saavedra y la cuenca del Maldonado. Parafraseando al intendente Bullrich, la falta de previsión no sólo le hará pagar al Estado precios exorbitantes, además se podrá llevar vidas.

* Defensor adjunto del Pueblo de la CABA.