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Un clásico de la falta de gobernabilidad de esta ciudad porteña es que sus autoridades renunciaron a controlarla, al menos en lo que hace a su industria favorita, la inmobiliaria especulativa. De todas las promesas de campaña que quebró sin más, está la que Mauricio Macri ni siquiera pensaba cumplir. Así lo anunció, antes de asumir, su actual secretario de Planificación, Héctor Lostri, en una reunión inolvidable en la Sociedad Central de Arquitectos, cuando les dijo abiertamente a los profesionales del rubro que por primera vez la cadena de mando entera, del jefe de Gobierno al último director general, quedaba en manos de “gente de la industria”.

Era lo que en los barrios se llama un engañapichanga, porque pocos socios de la SCA fueron incluidos en un negocio pensado y protagonizado por los grandes, los concentrados, los de millones de capital. Los demás se ganan la vida como empleados de un modelo de alta concentración y gran altura.

Lo que explica que el macrismo en funciones se concentre en lo cosmético –la foto para que el jefe llegue a presidente– y no haya invertido ni un penique en crear estructuras de control. Mueren obreros, mueren vecinos en los derrumbes< de obras mal hechas, pero nada conmueve la deliberada indiferencia de los funcionarios. Macri hasta se permite burlarse de los deudos preguntando si esperan que ponga un inspector en cada obra. Pero así como no hace falta poner un policía en cada semáforo para que la luz roja se respete, no hace falta ser tan simple. Basta con levantar la garantía de impunidad, el apoyo ideológico a las travesuras de algunos.

Este proceso se repite en varias ciudades argentinas, con la correntina Goya como ejemplo brillante de la tendencia. La intendencia local parece haberse rendido, deliberadamente o no, y perdió el control de su ciudad. Recientemente se mostró en este suplemento cómo se abrieron boquetes para locales en la casa Fernández, una bella pieza “de altos” a la que le arrancaron puerta y ventanales, se agrandaron a golpes los vanos y hasta se agregó una viga para que no se venga abajo.

El intendente Ignacio Osella no pareció darse cuenta y reaccionó apenas cuando la ONG Proyecto Goya lo obligó. Sólo entonces se supo que la obra no tenía permiso alguno, con lo que fue clausurada.

El caso fue un escándalo local, debido a que hay una sorda lucha porque la Cámara de Diputados de la Nación nunca vote la declaración de Lugar Histórico del casco viejo de Goya, ya votada por unanimidad por el Senado. Osella y algunos empresarios se movieron y bien para frenar el proyecto, cajoneado por sus amigos en el Legislativo.

La idea, parece, es ganar tiempo para hacer dinero antes de que la legislación federal proteja estas cuadras de historia.

La tensión explica que la intendencia por fin se dio por enterada de otra demolición sin permiso, ésta de mayor escala que la anterior. La víctima es la que fuera residencia para el gerente del Banco de Corrientes, un caserón centenario a metros de la catedral local, pleno centro. Y la técnica es la tan familiar de demoler de adentro para afuera, sin permiso. Pero finalmente alguien se dio por enterado y se realizó una inspección que comprobó que los trabajos no tenían permisos, con lo que quedaron clausurados.

El profesional a cargo, explica la intendencia, es el arquitecto Hugo Fatigetti, el mismo que ya demolió la escuela donde enseñaba Camila O’Gorman para construir un edificio en altura que violará por siempre la escala de Goya. Fagetti ya construyó locales perforando los frentes del Club Social, del Hotel de Turismo y de la antigua Casa Guglielmone, entre otros edificios patrimoniales de la ciudad.

Desde España

Que nadie parezca preocuparse en sacar permisos de demolición de edificios en el casco histórico indica una convicción firme de que aquí no pasa nada. No es difícil leer estas señales, porque son claras. Por ejemplo, ya casi nadie recuerda cuándo se reunió por última vez la Comisión de Patrimonio de la municipalidad, porque Osella no la convoca. El papelón de Goya ya pasó por el Senado, que sancionó la primera y hasta ahora única ley federal de protección de un casco histórico, y se puso internacional con las quejas y pedidos de la embajada italiana. Ahora, se suman los españoles. Román Oyarza, embajador español, le envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, para transmitir su “inquietud para que nuestras comunidades no pierdan un patrimonio valiosísimo para nuestra historia común y nuestra identidad”. Al oído simpatizante de Domínguez, Oyarza le destaca que “Goya es un Lugar de Memoria para España y Argentina”, con una “riqueza patrimonial e histórica que está hoy amenazada por obras en altura y demoliciones que avanzan en pleno Casco”. Estos desmanes dejan “en peligro en parunacular una tipología arquitectónica de gran valor para nuestra cultura común: la fusión, en las casonas típicas de Goya, entre las fachadas de estilo italianizante y patios de tradición española colonial con aljibe”.

Bien informado, el embajador, ya que la casa del gerente bancario muestra una fachada criolla italianizada, pero todavía exhibe un aljibe de pura línea española en su viejo jardín. Los interiores fueron destruidos por completo, con todos sus elementos arrancados sin más, lo mismo que las herrerías y las rejas del jardín. Proyecto Goya, espantada ante la pérdida y temiendo que se alce otro edificio en altura en pleno centro histórico, y uno que deje enanita a la catedral, presentó un escrito al Concejo Deliberante pidiendo que aunque sea se proteja el jardín.

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