Sábado, 5 de octubre de 2013 | Hoy
Uno de los últimos almacenes porteños cae en Flores, mientras el macrismo afila el lápiz para crear negocios inmobiliarios y obras en la zona sur.
Por Sergio Kiernan
Los vecinos de Flores y Floresta están francamente ofendidos. Según parece, en los cafés de la zona ya se habla de que las coimas deben ser baratas para el barrio, o que directamente el gobierno porteño ni se da por enterado. Es que los ilícitos edilicios ya son tan blandos, tan comunes, que se llega a la conclusión de que es gratis.
Por ejemplo, con la demolición del Almacén de Alonso, en la esquina de San Nicolás y Aranguren, la bella pieza de la foto. Este edificio de un tipo que fue muy común pero ya es rarísimo en esta ciudad destruida, desapareció en un fin de semana. Lo destruyeron de adentro para afuera y para el lunes quedaba un coqueto lote para construir.
Lo amargante del caso es que estaba protegido. Por un lado, ya estaba en el catálogo preventivo de la Ciudad, inhibido de todo trámite por ventanilla. Por otro, el necio CAAP había recomendado su preservación, demostrando que hasta ellos tienen límites. Y para mejor, el diputado Alejandro Amor había presentado el proyecto de catalogación 2114-D-2012, que ahora seguirá durmiendo en los cajones de la paralizada Comisión de Patrimonio de la Legislatura.
Esta triple protección no salvó al almacén, porque los especuladores se saben protegidos por el gobierno porteño. En sus seis años de gobierno, Mauricio Macri demostró sobradamente que ni en sueños le va a poner límites a “su” industria, la única en la que alguna vez tuvo algo parecido a un empleo real. Las sanciones para este tipo de desobediencia rentable son risibles, con multas que no se ajustan hace añares y una sola y débil sanción, la de no poder construir más que un fragmento de la superficie destruida sin permiso.
Esta situación de desprotección efectiva no va a ser remediada por el macrismo en funciones, que acelera sus proyectos de “desarrollo” pensando en que quedará en minoría en la Legislatura. En naciones civilizadas que cuidan su patrimonio, las multas son severas y existe una obligación realmente dura, la de reconstruir el bien perdido con materiales y técnicas de época, sin importar el costo. Los ingleses la tuvieron que usar una vez, hace décadas, con un especulador que no se resignó a respetar una casa del siglo XVIII y la demolió de prepo. La Justicia lo condenó a reconstruirla con el único changüí de usar ladrillos de hoy –los del siglo XVIII ya no abundan– pero reponiendo las aperturas, pisos y yeserías demolidas. El empresario se presentó en quiebra y ése fue el último caso.
Los franceses actúan de un modo muy similar, hasta expropiando sin compensación el terreno despejado por el vándalo, y trabando todo desarrollo en esos metros malhabidos. Y no se trata de palacios o tesoros notables: en Grecia como en Italia, un almacén como el de Alonso estaría protegido y cuidado con dignidad.
En resumen, hay que recurrir a la Justicia para buscar soluciones creativas y con más rigor, como hicieron los vecinos de San Telmo junto al diputado Rafael Gentili y Basta de Demoler para tratar de parar el ovni de Caseros y Piedras. Como se recuerda, en esa esquina se cerró una vieja estación de servicio y se anunció un proyecto de particular mal gusto, inspirado en una CPU coreana –en la redacción de m2 hay una alarmantemente similar al edificio– y con una suerte de farolito en la esquina copiado de la Enterprise. Los vecinos se enfurecieron y los especuladores del caso aceptaron aplacar un poco el proyecto, anunciando que no lo van pintar de verde flúo...
Pero además del indecible mal gusto del/los profesional/es involucrados, el proyecto nunca debió autorizarse porque quiebra de lleno la ley. El lote está sobre un área de protección y tiene medianeras con un edificio catalogado, con lo que le caben las generales de la ley que protege los entornos. La ciudad no debería haber dado permiso de obra para semejante objeto, de ese tamaño y con esa vocación rupturista. Pero se lo dieron igual, aunque por razones desconocidas los dueños lo dejaron vencer sin hacer nada. Ahí viene la segunda irregularidad: pasados tres años y con una zonificación nueva, de Area de Protección Histórica, el ministerio que encabeza el cuestionable Daniel Chaín renovó el permiso sin cambios ni adaptaciones a la nueva realidad legal. Como siempre, la interpretación más conveniente para la industria.
Esa es la actual divisa del PRO, que espera una mala elección este mes. Golpeados por sorpresas como haber perdido en Recoleta, los macristas se ven venir una Legislatura donde ya no tienen la mayoría y están acelerando sus proyectos de “desarrollo” en la zona sur. Este miércoles se vieron en la Comisión de Planeamiento Urbano varios proyectos de rezonificaciones y cambios de uso, en particular uno que lleva el inocente nombre de Plan Maestro Comuna 8, que afecta sus buenos terrenos en la zona lindera al Riachuelo.
En el paquete del miércoles se vio una hilacha casi burlona, un proyecto del mismo Jefe de Gobierno para catalogar el chalecito de Eugenio Diez, que asoma por encima de la Nueve de Julio desde su lugar en Sarmiento 1113. El chalet, de estilo inglés a la moda de los treinta, era el showroom de una mueblería que tomaba todo el edificio. Uno paseaba por los salones de exhibición viendo las piezas y podía subir a la terraza a ver las ambientaciones en la casa. Cuando la mueblería cerró, el edificio se parceló y alquiló a empresas –Editorial Perfil tuvo redacciones ahí por muchos años– y el chalet tuvo usos diversos, hasta de cueva de cambio de dólares en la época de Alfonsín. Pues Macri decidió catalogarlo, en parte porque no ocupa ningún terreno donde se pueda edificar otra cosa. Pero pidió apenas una cautelar: ni en las alturas se permite conservar algo en serio, apenas la fachada.
Más preocupante es la Ley de Higiene Urbana, nombre positivo de un proyecto para incluir ese concepto en el Código de Planeamiento Urbano y en el de Edificación. Toda esta ecología se articula en conceptos como qué es un residuo seco o un punto limpio, inocentes y convencionales. Pero el proyecto incluye la creación de plantas de recolección o de tratamiento de estos residuos por toda la ciudad, con un mínimo de una manzana de superficie, centros de recolección y otros “centros” de tamaños diversos. Oculta en el denso articulado hay una serie de desafectaciones de predios y cambios de zonificación de predios, sobre todo en la zona sur. Como en la vida del macrista todo es negocio, habrá que observar de cerca cómo siguen estas iniciativas aparentemente inocentes.
La Organización de las Naciones Unidas para la Cultura acaba de entrar en el debate por la preservación del casco histórico de Goya, la linda y valiosa ciudad correntina. Y lo hizo a lo grande, con su subdirector general, el arquitecto italiano Francesco Bandarin, afirmando que “la Unesco está totalmente a favor de la protección de Goya”.
El italiano le contó a la Agencia France Presse que en su reciente reunión con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le comentó su preocupación sobre el retraso del tratamiento parlamentario de la ley que protege a Goya. “La Presidenta estaba al tanto del asunto, había recibido documentos y estaba personalmente interesada”, dijo Bandarin.
Como se sabe, el Senado votó por unanimidad y con apoyo de la Casa Rosada la ley que crea un Lugar Histórico en varias manzanas de Goya el 28 de noviembre pasado. El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, que está restaurando el edificio del Congreso con particular rigor y cuidado, declaró a m2 su interés personal en el proyecto. Pero la cosa se trabó por la hostilidad feroz del ahora derrotado intendente goyense y de poderosos diputados correntinos.
“Debería poder encontrarse una solución”, dijo Bandarin, que se vio con la Presidenta porque Argentina es candidata para ser parte del Consejo Ejecutivo de la entidad internacional en el período 2014-2017. Tal vez un gesto cultural de este porte ayude a que el país se gane la distinción de ser parte del directorio de la Unesco.
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