El macrismo en funciones está pasando una batería de leyes para hacer negocios, que van desde instalar bares en las plazas, ya votada, a legalizar el suicidio ecológico de levantar todos los adoquinados, dejando algunas cuadritas aquí y allá de muestra. No es sólo el concepto de una ciudad-espacio de negocios, sino de ciudad-recurso a explotar con los amigos y los socios, que reciben contratos y más contratos. Como se sabe, en la voleada cae el patrimonio y el paisaje porteño, recursos también a explotar. Y sin embargo, esta semana el macrismo se dedicó a hablar de patrimonio de una manera y en un contexto que son un deleite de hipocresía: que el PRO chucee a alguien por los monumentos históricos es una delicia.

Una de las divertidas fue que la presidenta de la Comisión de Cultura de la Legislatura, la macrista Lía Rueda, se permitió enmendarle la plana al arquitecto Jaime Sorín, que acaba de asumir la presidencia de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos. Rueda es una desconocida en el mundo del patrimonio, notable tal vez por su mudez a la hora de defender un edificio o frenar un negocio. Sorín es una voz conocida desde varios ámbitos, un duro crítico de la piqueta rentable y un fino analista de sus mecanismos. La diputada le envió una carta pública al arquitecto en la que primero lo felicita por su nombramiento y luego lo critica por decir que “lo importante son los monumentos, no los lugares donde están emplazados”.

La frase viene al caso por el monumento a Cristóbal Colón en la plaza atrás de la Casa Rosada. La remoción del monumento fue un error que le permitió a un partido que blanqueó miles de demoliciones y destruyó la Nueve de Julio ponerse en el rol de víctima. También les abrió un espacio a otros partidos que nunca movieron un dedo por estos negocios ponerse en el lugar de la virtud, además de exhibir los verdaderos colores de ONG que se comportaban de un modo apolítico. En fin, parece que el filón rindió y el PRO sigue.

Rueda hasta descubrió la Ley 1227, sancionada a palos en tiempos de Ibarra-Telerman y cuya reglamentación mató de toda muerte el PRO al que la diputada representa. En su carta, Rueda recita la 1227 y hasta la Constitución de la Ciudad, lo que hace pensar en muchos de los amparos que su partido tuvo que aguantarse por romper edificios y otras cosas frágiles. Pero el tema no se queda en esta chicana, porque el macrismo está creando una torcida criatura, un Area de Protección Histórica en el Bajo que no tiene otro sentido que el de tomar la plaza Colón.

La cosa arrancó el año pasado, con un proyecto presentado por el Ejecutivo porteño y firmado por uno de los grandes enemigos del patrimonio, el ministro de Desa-rrollo Urbano Daniel Chaín, para proteger el Correo Central, las plazas de alrededor, tres edificios de enfrente sobre Corrientes y el Luna Park. El “Area de Protección Histórica Entorno del Correo Central” iba a ser pequeña y fácil para el ministro porque abarcaba un espacio público y edificios ya catalogados, con lo que no le arruinaba el negocio a nadie.

Pero este año, la diputada macrista Marta Varela presentó el proyecto 883, que es en esencia una ampliación del de Chaín y se llama “APH Palacio de Correos, Parque Colón y entorno”. Esta APH, que sería la 40, cruza la calle Perón y sigue hasta la avenida Belgrano, tomando todo lo que hay entre la vereda de arriba de Ingeniero Huergo y la de abajo de Alem-Paseo Colón. Así, quedan envueltos edificios como la Aduana y el Libertador y son explícitamente mencionados monumentos como la Diana Cazadora y la Venus –meras copias–, los olvidables monumentos a Brown y Bouchard, y el espantoso objeto de Enrique Gaimari en homenaje a los soldados de Malvinas, un ejemplo de la crisis terminal del arte público argentino.

Pero el verdadero objetivo de la ley de Varela aparece al seguir la línea sobre Alem-Paseo Colón y ver que cruza por la vereda de abajo de la Casa Rosada, separándola de la plaza Colón, que funciona, por convenio con la Ciudad, como su jardín privado. También queda en el paquete el helipuerto presidencial y, por supuesto, el monumento al Descubridor.

Los fundamentos muestran a qué llega el arte de buscarle el pelo al huevo, arrancando con el invento de que la plaza Colón es el centro de un conjunto urbano y de lo que fue un espacio verde continuo, del que quedan “restos”. Además, se inventa que este eje complementa el de la Avenida de Mayo y se consigue, con fecha de junio de este año, un dictamen de la Secretaría de Planeamiento legitimando el invento. Lástima que lo firma la inefable Susana Mesquida, funcionaria de carrera en la que siempre se puede confiar para firmar en la línea de puntos, y que el texto repite literalmente frases del proyecto del PRO en la Legislatura.

Lo que no se hizo –nadie parece haberse molestado– fue utilizar información actualizada. Las fichas y documentación de trabajo están fechadas en el 2002, con lo que ni siquiera la superficie construida del ex Correo Central que aparece en el proyecto es exacta, porque el edificio fue remodelado para ser una sala de conciertos, con amplias demoliciones internas. Cuando Mónica Capano, asesora del bloque kirchnerista en la Legislatura, señaló esta anomalía, le contestaron con un encogimiento de hombros y un “¿qué querés?”.

En contraste, el macrismo en funciones mostró sus verdaderas prioridades en un tema patrimonial de verdad, uno que hace a la especulación inmobiliaria que se dedica a proteger. El Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales ya tiene cinco años de “trabajo” permitiendo demoliciones de edificios anteriores a 1941, que tienen trámite especial gracias a la entonces diputada Teresa de Anchorena. Pese a la blandura del Consejo, que dirige de facto la obediente Mesquida, varios cientos de edificios fueron salvados con una “consideración”, que significa que el CAAP recomienda que la Legislatura los catalogue.

Pero el Ministerio de Desarrollo Urbano de Chaín agregó una nueva chicana al sistema, la de cajonear por añares las fichas, sin mandarlas a los legisladores para que las traten. Esta semana, finalmente, llegaron a la Legislatura las cajas y cajas, agrupadas en los expedientes 3618 y 3636/2012, y ahí empezaron las cosas raras. Fueron los diputados Ritondo y Ocampo los que arrancaron pidiendo que se sacaran fichas porque “no hay tiempo” de estudiar tanta cosa y enviaron listas de direcciones a sacar. El ministerio de Chaín ni siquiera constató que lo que enviaron todavía exista, en una jurisdicción en la que abundan las demoliciones clandestinas por la falta de penalidades, que el macrismo se encarga de establecer. Con lo que la excusa es perfecta: saquemos y saquemos, que cada edificio que sale es un lote a demoler y construir...

Y después hablan de la 1227.

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