El caso del Monumento de los Italianos al Centenario, más –y mal– conocido como Estatua de Colón, parece estar por llegar a su fin. Y esperemos que a buen puerto. Sucede que el gobierno nacional, dentro de su potente programa revisionista histórico y reivindicatorio del género femenino, decidió este año remover de manera intempestiva y desprolija este bien cultural de todos los argentinos, emplazado en la capital de la República, y buscó trasladarlo a Mar del Plata. El proyecto incluye liberar de alegorías el sitio por detrás de la Casa Rosada, muy cambiado desde los tiempos de instalación de “Colón”, para emplazar un monumento a Juana Azurduy, regalo de la hermana República de Bolivia.

Desde entonces se han sucedido protestas, polémicas y amparos impulsados por diversos colores ideológicos y políticos, aunque teñidos por malentendidos y escaso diálogo. La preservación del monumento ha estado en boca de muchos, pero el mismo se ha venido deteriorando por acciones y omisiones de todos los actores involucrados.

Hay algunas variables fundamentales que deberían concurrir a la solución del conflicto. En primer lugar, el monumento fue un fraternal obsequio de la comunidad italiana a la nación y al pueblo argentinos, que tomó la figura del italiano Cristoforo Colombo como la del primer “inmigrante” en América, a la manera de símbolo conmemorativo, más allá de las posteriores relecturas de la figura del navegante. Con el paso del tiempo se transformó en un bien patrimonial de alto valor por sus significados artísticos, urbanos, culturales, en consonancia con su entorno arquitectónico. Y que además forma parte de un “sistema patrimonial” de tiempos del Centenario integrado por el Monumento de los Españoles, el de Alemania, el de Francia a la Argentina y la Torre de los Ingleses, que se eslabonan a lo largo de las avenidas del Libertador y Leandro N. Alem.

Desde el punto de vista legal, el Monumento de los Italianos, como cualquier otro obsequio a la Nación Argentina, es propiedad del Estado Nacional. En este caso, está ubicado en la ciudad capital del país por voluntad de los obsequiantes y aceptación de los poderes Ejecutivo y Legislativo Nacional en representación de todos los argentinos.

De esta manera, no es un bien que pertenezca a la Ciudad de Buenos Aires ni sobre el cual la misma pueda ejercer la posesión o tutela, más allá de declaraciones o incorporaciones dominiales unilaterales en tal sentido realizadas por el antiguo municipio o el actual gobierno autónomo a lo largo del tiempo. Como cualquier otro bien del Estado Nacional situado en la Capital, puede ser incorporado a las Areas de Protección Histórica o ser catalogado o incluido en las listas de bienes patrimoniales que alberga la ciudad. Como un preciado bien del Estado Nacional, debió haber sido declarado Monumento Histórico Nacional, cosa que no ha ocurrido aún.

De todas maneras, las tratativas entre el gobierno nacional y el de la Ciudad, después de varios meses de disputas, son muy bienvenidas y la ciudadanía de todo el país, en especial la de ascendencia italiana, espera que este monumento se ponga en valor y se preserve de manera definitiva. No puede volver a ponerse en riesgo y afectarse la conservación de monumentos tan valiosos por falta de tutela apropiada, por lanzamiento de proyectos apresurados, por falta de diálogos jurisdiccionales (el “Caso Colón” es otro reflejo más de la histórica problemática Nación-Ciudad de Buenos Aires), por escasa difusión y búsqueda de consenso en temas que, como el patrimonio, son, o deberían ser, políticas de Estado.

En este caso, como en otros varios en estos últimos años, no se puede dejar de destacar la participación y actuación de la ciudadanía, fundamentalmente a través de ONG que literalmente pusieron el grito en el cielo a través de manifestaciones, cartas públicas y de lectores o llevando el caso a la Justicia. Asociaciones como Basta de Demoler contribuyeron a hacer público el proyecto del Poder Ejecutivo, atraer la atención de los medios, agitar el tema de la preservación del patrimonio a nivel local y nacional.

El sonado “Caso Colón” aún no está cerrado. Es de esperar que tenga la mejor de las resoluciones y que sea un buen precedente para mejorar y enriquecer la “cultura del patrimonio” de todos los argentinos.