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El gobierno porteño apeló el magnífico fallo del juez Trionfetti por la casa Carriego y, en contraste con la profunda crítica que hizo el camarista a los métodos municipales en el tratamiento del patrimonio, se limitó a presentar 39 páginas de ninguneo a los amparistas y reivindicación de la “endogamia burocrática”. El escrito es notable en su falta de ideas y recursos, un verdadero caso de abogados cumpliendo con su deber hacia un cliente que ya perdió y no tiene mucho más que decir. Los amparistas lo contestaron en apenas quince páginas claras y concisas.

El primer problema de la apelación del gobierno porteño no es una sorpresa para quienes los conocen y leyeron el fallo de Cámara: es una serie de generalidades sobre la sentencia y un copy paste del primer escrito que entregaron, cuando los vecinos presentaron el amparo. Esta mezcla de fiaca con ideas difusas es una marca en el orillo y una de las razones por las que el macrismo vive teniendo Waterloos judiciales.

Los abogados de la procuración buscan, entonces, negarles legitimidad a los vecinos que defendieron la casa Carriego ante la Justicia, diciendo que no son nadie en estas cosas porque sus derechos no fueron afectados en forma directa. Esto es simplemente sensacional, porque limitaría el derecho a defender algo en esta ciudad al dueño del objeto afectado y le daría piedra libre al macrismo para levantar adoquines, cementar plazas y demoler bibliotecas patrimoniales, que no son de nadie porque son públicas. Pero los amparistas son vecinos de la ciudad y tienen derecho a defenderla y, más circunstancialmente, nadie aceptó que no tuvieran derecho a presentarse, ni en la primera instancia que perdieron ni en la segunda que ganaron.

Como, por las dudas, la Ciudad entonces cuestiona el mismo amparo diciendo que hay otras vías para evitar daños en la casa Carriego. Esto es tramposo, porque llamar al 147, denunciar por la prensa o ir a un diputado porteño no es, se sabe, suficiente para que el macrismo detenga una licitación. El amparo, además, no es una última instancia sino un medio perfectamente lícito siempre que, según la Constitución porteña, no exista “otro medio judicial más apto”. Esto es, si existe otro igualmente apto, también corre el amparo.

Pero eventualmente hasta los macristas logran llegar al grano y buena parte de la apelación se queja de que el juez Trionfetti se habría excedido al ordenar reconstruir el edificio semidemolido por la misma Ciudad. Sólo que la procuración se extravía tratando de mostrar que reconstruir es opuesto a restaurar, en lugar de un casi exacto sinónimo. Para peor, como le recuerdan los amparistas en su contestación, la Carriego fue demolida a medias en un proceso destructivo que sólo paró cuando los amenazaron con una fuerte multa pagadera por cada funcionario de su propio bolsillo.

A la vez que mantiene un prolijo silencio sobre los testimonios de sus propios funcionarios, silencio entendible por el papelón que hicieron algunos, el escrito de los abogados oficiales defiende que no se haya llamado a ningún profesional fuera del gobierno para tratar esta pieza patrimonial. Como descubrió Trionfetti, los funcionarios de la Ciudad se consultan entre ellos, siempre se dan la razón mutuamente y luego llaman a eso un enfoque mutidisciplinar, cuando en realidad es una “endogamia burocrática” bastante pedantona. Según la Ciudad, parece, que una licitación pase de oficina en oficina y sea sellada equivale a un estudio técnico meduloso, con oposiciones y cambios reclamados por profesionales especializados. No importa que los testimonios, peritajes e inspecciones del camarista hayan dejado en claro que la obra era, en el mejor de los casos, un cachivache y acaso un peligro (eso de poner hormigones sobre paredes de barro...). Si se cumplieron los pasos burocráticos, todo está bien y la Ciudad merece una impunidad perfecta.

La perlita abogadil del escrito de apelación se encuentra cuando los letrados porteños acusan al camarista de invadir las atribuciones del Ejecutivo al suspender una licitación y corregir los parámetros de una obra. Esto es realmente riquísimo, porque el Judicial prácticamente existe para invadir a los otros dos poderes, sobre todo en defensa de ciudadanos. De paso, esto evita discutir el fondo de la cuestión, que la licitación porteña fue para ampliar, renovar y cambiar instalaciones de la casa Carriego con explícito encargo de demolerla casi completamente, mientras que las leyes internacionales firmadas por el país ordenan una restauración “conforme al estado original”.

Y de postre, dos chicanas más. Una es escandalizarse porque el juez Trionfetti remite su fallo a la Justicia penal para que se investigue lo actuado por los funcionarios. Según los abogados porteños, como el camarista no acusa específicamente a nadie ni señala concretamente algún delito, no corresponde que remita nada al colega penal. Pero resulta que un magistrado de un fuero no tiene por qué andar tipificando conductas que le corresponden a otro fuero, por el contrario. De hecho, cuando se barrunta que se encontró con un delito que no es de su esfera, tiene que mandar los elementos al fuero que corresponde para que otro juez decida, tipifique y acuse. Exactamente lo que hizo Trionfetti, para fastidio del macrismo, que parece decidido a asegurar la impunidad de los funcionarios implicados.

Y la chicana final es pedir que la Ciudad sea eximida de las costas del caso, como diría el artículo 14 de nuestra Constitución porteña. Lástima que la idea es que el vecino que pide un amparo no tenga que hombrear abogados, costas y costos, de modo de garantizar un acceso a la Justicia para el más modesto. La Ciudad no es un vecino, es el sujeto de los amparos, y estas coronitas ciudadanas no le corresponden.