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Por Sergio Kiernan

Quien piense que el gobierno porteño no presta atención a las críticas que recibe, que piense de nuevo. El macrismo en funciones hace más de seis años no cambia sus prioridades comerciales o políticas, no corrige nada excepto por orden judicial y nunca castiga más que a los raros miembros del PRO que resultan competentes. Pero sí escucha las críticas y hace algo muy, pero muy importante: mejora el camuflaje. Una prueba de esta tendencia se puede ver, muy amarilla y plástica, en la esquina del castigado bulevar Olleros y Libertador.

Allí podrá encontrarse un obrador-container, vallas diversas y un cerco que protege una obra cuasi perfectamente inútil, el “ensanche” de la esquina. El camuflaje aparece si se mira con un mínimo de atención el cartel de obra, que avisa del ensanche, identifica a la empresa contratista y hasta dice que todo debe terminar en 30 días. Lo que falta en este cartel amarillo-PRO pero estaba hasta ahora en todos los carteles de obra pública de la Ciudad, son dos datos importantes. Uno, quién encarga el trabajo. Y otro, cuánto se va a gastar en el asunto.

Pues ambos datos faltan de este cartel.

Saber quién hace una obra pública y cuánto se gasta es una cuestión muy básica de transparencia debido a que el dinero lo puso el peatón que ve el cartel. Es una manera simple de pasar de la sensación pasajera de que es al cuete levantar un empedrado al pensamiento cívico de saber que la obra cuesta dineros serios. Por eso se ponen montos y comitentes en los carteles, y por eso el macrismo ahora no lo hace más. El gesto lleva directamente a los avatares de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana que dirige Eduardo Macchiavelli y que hace obras estúpidas con precios que asombran hasta a sus propios colegas de gobierno. La secretaría recibió hasta una tapa de Página/12 por pagar 200 dólares cada canasto de basura en Entre Ríos y Garay.

La obra de Olleros y Libertador, sin embargo, fue encargada por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público cuando su titular era Diego Santilli, que ahora es diputado y ojalá se quede ahí. La historia arranca oficialmente con el expediente 2.455.960 del año 2013, que es publicado en la página 211 del Boletín Oficial porteño el 5 de noviembre pasado. Ahí se convoca a la licitación privada 288 para el “ensanche” de esa esquina en los términos de la ley nacional 13.064, la que regula las obras públicas y también las del macrismo. El expediente avisa que los pliegos de licitación no tienen costo y que las ofertas se reciben hasta el 22 de noviembre al mediodía exacto en Roque Sáenz Peña 570.

A todo esto, ensanchar esa esquina es francamente dañino, además de un gasto inútil. El lugar es una de las tantas rarezas en una ciudad tan aluvional como ésta, una esquina “a la catalana” que para mejor tiene un edificio enorme y de estilo que la toma entera. Es un recurso muy común en los barrios del Exaimple de Barcelona, los “nuevos” de finales del siglo XIX cuando la capital de Cataluña se amplió e industrializó. Planeado racionalmente, el Exaimple –el Ensanche– tiene “avingudas” con bulevares centrales y un damero de calles aliviado por esquinas de ochava tan grande que las manzanas quedan casi octagonales. Es una manera de crear un espacio de luz y de aire sin hacer “carrers” más anchos de lo normal.

Como comprueba el paseante más casual, esos cruces casi cuadrados sirven para estacionar y para que todos bajen la velocidad porque, paradojalmente, el cruce es más ancho y uno no está seguro de ver el auto que viene por el costado. Los peatones no cruzan por ahí sino que dan una leve vuelta hasta la cebra, que siempre está en el lado más estrecho, que da a la calle en sí. Casi todos los lotes que asoman a estas esquinas ampliadas son grandes y contienen edificios que toman completamente la gran ochava. Esto ayuda a crear un efecto de orden arquitectónico.

En Olleros y Libertador, por razones desconocidas, se intentó algo así. De un lado está la estación de servicios, que generó una esquina común y corriente. Pero del otro hay un edificio con dos entradas y dos consorcios –lo que se nota porque cada mitad está pintada de un color diferente– pero un estilo común y un curioso remate con tejados rojos, a la española. La ochava es curva y no recta como las catalanas, pero como en Barcelona se usa para estacionar. No hay diferencia apreciable de luz, pero eso es porque el conjunto balconea a una avenida muy ancha, una vía y el parque más grande de la ciudad.

¿Para qué rellenar esta esquina? Según el pliego, la tarea es simplemente continuar la vereda con baldosones, hacer algunos canteneros y bancos, y poner luces. Todo esto está muy bien, sólo que enfrente está el bulevar Olleros, que fue recientemente remodelado por el macrismo en su estilo habitual: bancos, luces, juegos, más bancos, tachos de basura y otros objetos, todo contenido en la estética suburban de usar adoquines en muretes y muritos. Con lo que es imposible defender la idea de que en ese cruce hacía falta un lugar para sentarse o ver un arbolito.

Y sin embargo, Ambiente y Espacio Público está dispuesto a gastarse 569.335 pesos y 99 centavos en hacer la obra. Esto es notable, porque el recorte de esquina es realmente pequeño. Como ni el cartel ni lo publicado en el Boletín Oficial contienen medidas, omisión sistemática y nada casual, hubo que recurrir al cálculo. Resulta que el triángulo agudo mide aproximadamente 126 metros cuadrados, contiene cuatro canteros de cemento con alitas proyectadas que servirán de bancos y un número todavía no visible de luminarias. El precio promedio resulta de más de cuatro mil pesos, más de lo que se calcula por metro para proyectos de vivienda popular.

Pero cara y perfectamente inútil como es, la nueva placita triangular pasó por todas las manos posibles cuando estaba en trámite. Según parece, Ambiente y Espacio Público tiene una entidad llamada Dirección General de Regeneración Urbana que revisó la idea. Habiéndola encontrado evidentemente regenerativa, la idea pasó a la Dirección de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental. Y luego la revisó la Dirección General de Redeterminación de Precios, nombre esdrújulo de una dependencia de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda porteño. Aquí viene una sorpresa, ya que el proyecto de pliego pasó por algo llamado Comisión Evaluadora de Precios formada por “dos señores” y “una señorita” cuyos DNI los deschavan como muy jóvenes y cuyo tratamiento formal describe como no-ingenieros y no-arquitectos.

En fin, el 6 de noviembre del año pasado Hacienda se dio por satisfecha y también publicó en el Boletín Oficial porteño su permiso para que continuara la licitación, que en algún momento de este año derivó en una obra concreta. Que se sepa, el actual ministro Edgardo Cenzón no tuvo nada que objetar y hasta puede ser el originador de esto de abreviar los carteles.

Es que Cenzón continúa otra tradición del macrismo, la de venir de una profesión que poco tiene que ver con su cartera. Es economista.

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