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Uno de los principales problemas de la vida política argentina es la velocidad geológica con que se mueve la Justicia. La lentitud de años con la que evolucionan las causas significa que, políticamente, ningún funcionario debe preocuparse por ninguna acusación en su contra, pero que tampoco podrá limpiar su nombre si es acusado injustamente. No se trata de grandes casos resonantes en la Justicia Penal Federal, sino de la constante acumulación de pequeñeces, curretes e irregularidades municipales que nunca se pueden punir o disculpar como un error. “Haceme juicio” es una manera de decir borrate, nos vemos en diez años, nunca pasará nada de nada.

La excepción es el instituto del amparo que, junto a los divorcios de común acuerdo y sin hijos, parece ser lo único que los magistrados pueden decidir en tiempo real. El amparo es una decisión intermedia en la que un juez frena un acto de gobierno cuidando –amparando– el interés de una persona o un grupo de personas que no tienen los poderes del Estado. La decisión de fondo sobre la legitimidad del acto de gobierno en sí puede tardar lo que tardan estas cosas, pero mientras tanto se frena la mano poderosa.

No extraña que el macrismo en funciones deteste los amparos, ya que no puede ignorarlos, sobre todo desde que los jueces entendieron eso de multar a los funcionarios personalmente. La arbitrariedad de las decisiones del PRO encuentra un límite en un magistrado que puede exigir explicaciones, balances, números. No es casual que el actual gobierno porteño pierda y pierda cuando le ponen un amparo, porque raramente tiene explicaciones que dar más allá del deseo político o pecuniario de mandar a hacer ciertas obras.

La solución que encontraron ciertas mentes políticas del macrismo fue demandar a los demandantes más molestos, Basta de Demoler y Sonia Berjman, por el caso de la estación de la Línea H en plaza Francia. Con un nivel muy superficial de decisión, el macrismo decidió ignorar la ley que indicaba que la estación iba en esa plaza y empezó a cavarla en la de enfrente, la Intendente Alvear. Pero ésta es un monumento histórico, uno de los trabajabos más antiguos de Carlos Thays y no la plaza en la que la Legislatura había votado hacer la estación. Amparo, paralización de la obra, cierre del pozo, declaraciones de que la harían en otro lado, mufa evidente del macrismo... y luego una demanda millonaria contra los amparistas.

Dentro del PRO no son todos tan incompetentes como los que iniciaron la demanda, con lo que hay mucha discusión. Sucede que el caso va a ventilarse esencialmente el año que viene, en plena campaña presidencial de Mauricio Macri y en plena sucesión de la Ciudad. Cada vez que estas cosas salen en los diarios, el macrismo tiene que hacer piruetas para justificar presupuestos, decisiones y errores increíbles, con lo que la demanda es de lo más inoportuna. Para peor, es muy posible que además terminen perdiendo, ya que la Justicia ya descartó el enorme embargo contra los demandados que pedían los vengativos funcionarios. Es una decisión temprana que muestra para qué lado sopla el viento.

Curiosamente, hay un antecedente de un manejo completamente diferente de otros amparistas y denunciantes ante la Justicia. Por ejemplo, el del actual asesor del gobierno porteño Javier García Elorrio, que hasta hace pocos meses criticaba con mucha dureza al macrismo en funciones. García Elorrio fue el que, por ejemplo, denunció en 2009 que se habían robado la escultura de Caperucita Roja de la avenida Sarmiento, pleno bosque de Palermo. La escultura estaba en el Centro Cultural Recoleta en una muestra en homenaje a Carlos Thays, nada menos, organizada por el mismo gobierno porteño y por una de las que ahora demandó, Sonia Berjman.

El abogado fue también un vocal crítico de los más altos funcionarios del actual gobierno porteño, diciendo que “Macri es un vago que no sabe nada de lo público” y “lucra” con contratos diversos, su jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta es “un pelado sin onda” que reparte espacios públicos a entes privados, y el ministro Antonio Piccardo “es un gerente de Pindapoy” en cuanto al manejo de los espacio públicos. Estas críticas aceradas llegan a julio de este año, cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo le ordena al gobierno porteño activar el presupuesto participativo en una causa iniciada por García Elorrio. Como bien señalaba la demanda y el fallo en primera instancia, nunca se había cumplido la ley que repartía funciones y dineros.

Pero el macrismo no le hizo juicio a este demandante, como se lo hace a Basta de Demoler y a Berjman. De hecho, García Elorrio es discretamente uno de los coordinadores del área Riachuelo de la Dirección General de Limpieza de Espacio Público. El antes amparista sube fotos a Facebook vistiendo una campera con el amarillo municipal y la sigla DGLim Riachuelo, llevando recorridas de legisladores por la cuenca para mostrar cómo se limpian las aguas.

Una explicación posible es que los acusados, al contrario que el ahora asesor, detuvieron obras de las de ladrillo y hormigón, las que son el sentido mismo de ser del macrismo. Y que eso no se perdona.

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