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En noviembre del año pasado y de la mano del presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez, el Congreso finalmente aprobó la compra del edificio señero de la Confitería del Molino. El paso se daba ante una verdadera angustia ante el estado catastrófico de esta pieza patrimonial tan especial, que fue un logro cultural argentino, una novedad tecnológica y un regalo de inmigrantes italianos a su nuevo país, pero que se había transformado en una mugre, una ruina y un peligro por la desidia de sus dueños. Pese a lo que creen algunos, estatizar es para los patrimonialistas un recurso extremo, algo que se hace cuando pasan los años y ningún privado hace nada aunque se lo pidan. En el caso del Molino, ya son leyenda las ofertas rechazadas a gente que quería hacer hoteles y otros emprendimientos en un lugar tan famoso. A casi veinte años del cierre de la confitería y muchos más de falta de mantenimiento mínimo, no quedaba otro recurso.

Conceptualmente, el edificio está en plena Manzana Legislativa, el entorno inmediato del Palacio del Congreso en el que ese poder del Estado tiene prioridad de compra. Esto se puede ver por la expansión de anexos entre Rivadavia y Bartolomé Mitre, la misma manzana del Molino, y por el Senado instalándose en la vieja Caja de Ahorro en Solís e Yrigoyen. De hecho, la última movida en este sentido fue la compra que hizo Domínguez de la casa francesa en Combate de los Pozos a metros de Rivadavia, una ruina penosa que está ya siendo restaurada y será el futuro hogar permanente del equipo de restauradores del Congreso, otra novedad de su gestión en la Cámara. Ese equipo es el mayor jamás reunido y sostenido en el tiempo en este país, y es el que está completando la primera restauración integral del Palacio en su siglo de existencia.

Con lo que incorporar el edificio del Molino al patrimonio del Legislativo no fue ningún capricho ni ningún ataque de estatismo en vano. La votación de noviembre pasado fue unánime –incluyó a las bancadas que viven criticando el rol activo del Estado– y tuvo una alegría palpable, la de hacer algo bueno en serio, útil. Allí comenzaron los largos y complejos trámites de hacer realidad la compra. Lo que sancionó el Congreso fue que el Ejecutivo comprara el edificio para entregárselo al Legislativo una vez restaurado. Esto puede ser simplísimo, como en el caso de la casa de Pozos, si el dueño es razonable, se sienta a conversar y pone un precio. Pero en el caso del Molino nada fue simple: los dueños se negaron a hablar, fueron a una sola reunión y hasta avisaron que la misma tasación judicial sería aceptada sólo por orden del juez, a cara de perro.

Con lo que no hubo caso de ganar tiempo mientras se cumplía el trámite oficial, que incluye a varios entes de control del Estado, al ministerio de Planificación, que va a ser concretamente quien haga la compra, y a la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Patrimonio Cultural, ya que el Molino es desde 1997 un monumento histórico. Buena parte de estos trámites, hay que subrayar, son para la protección del expropiado y consisten en probar por escrito la importancia del bien en cuestión y la necesidad de estatizarlo. Lo que puede parecer papeleo interminable es una barrera a la arbitrariedad que ni la dictadura se atrevió a saltar.

Este martes se terminó esa etapa cuando se publicó en el Boletín Oficial el decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cerrando el trámite. El texto lo dice explícitamente cuando relata que ya opinaron todas las partes necesarias y quedó establecido que es necesario comprar el edificio del Molino. La presidenta, entonces, ordena que sea el ministerio de Planificación Federal el agente comprador y que su Jefatura de Gabinete incluya en el Presupuesto la partida necesaria para la compra y para la restauración. Planificación también tiene que pedirle al Tribunal de Tasaciones, un ente autónomo dentro de su competencia, que determine un precio justo para la compra.

Para mostrar que hay un sentido de urgencia en el tema, este miércoles mismo hubo una reunión de las partes en el Congreso. Estuvieron representantes de la Comisión Bicameral de administración del Molino, ente creado por la ley de compra, representantes de Planificación y del PRIE, el ente creado para restaurar el Palacio legislativo que ya recibió formalmente el encargo de restaurar el Molino. Con varios abogados también a la mesa, se leyó con lupa el decreto y se determinó qué hacer. Como Planificación Federal ya tiene el informa de dominio de su Agencia Administradora de Bienes del Estado, que indica quiénes son los dueños legales del Molino –dos sociedades anónimas– el ministerio va a contactarlos para ver si ahora logra un avenimiento. Si esto se demora, como se demoró hasta ahora, el servicio jurídico del ministerio está preparando una presentación ante la Justicia para lograr una cautelar y poder hacer, aunque sea, una contención del edificio por razones de seguridad pública. Mientras todo esto ocurre, el Tribunal de Tasación avanzará en estudiar el lugar y determinar un precio justo para la compra.

La preocupación por el estado del edificio y la seguridad pública es algo muy real. El Molino fue abandonado por partes y sectores a lo largo de muchos años. Cuando hubo que ponerle plata para mantenerlo, no se hizo. Argentinamente, se lo dejó caer hasta la ruina y hoy el magnífico edificio no tiene ni agua, ni gas, ni luz, y los tres departamentos todavía ocupados se las arreglan con cables tirados desde una caja de la planta baja. Los ascensores son una memoria afectuosa, la confitería recibe una limpieza regular, el tercer subsuelo está completamente inundado y la mayoría de los departamentos están cerrados a candado hace años. El exterior está igualmente dañado y abandonado, con la cúpula sin vidrios, con sus ventanales arrancados y sus vitrales ya desaparecidos. La fachada exterior está en un estado crítico, con sus herrerías oxidadas y su piedra París necesitada de un cateo urgente. La fachada interna ni necesita catearse, porque a simple vista se ven los revoques abolsados por todas partes y los hierros florecidos asomando. Sólo los magníficos vitrales parecen intactos, ornando muy hermosos ventanales en los livings de los departamentos mayores.

Todo esto necesita una intervención profesional y no los martillazos de la Guardia de Auxilio de la Ciudad, ente creado para ir a demoler lo que esté por caerse. El sábado de la semana pasada se apareció por la esquina del Molino una enorme grúa y un equipo para hacer un “cateo preventivo”. No es casual que hagan estas barbaridades un sábado, cuando las reacciones son más lentas y la caballería llega tarde a parar el vandalismo. Pero parece que alguien allá arriba cuida del Molino y la grúa se rompió escandalosamente: perdió litros y litros de líquido hidráulico, dejando un peligroso charco de aceite en la esquina. Así se acabó la “intervención”.

Lo que se busca hacer ahora, a manos del PRIE, es una intervención en serio, no para salir en los diarios, que cuide la seguridad pública y preserve un edificio único. El PRIE consensuó un plan de acción inmediato con la Comisión Nacional que, aunque el macrismo no se quiere dar por enterado, tiene que aprobar cualquier intervención en un monumento histórico. Lo primero que hay que hacer es montar un andamio-bandeja, de modo de sostener la deteriorada marquesina de hierros y vitrales, una pieza literalmente única que recorre todo el edificio y fue un milagro de luces y colores que asombraba en 1916. Ese montón de hierros abandonados, un pecado realmente imperdonable, está envuelto hace años en una media sombra rotosa. El andamio a montar es de los que tienen alerones, de modo que si se desprende algo de la fachada no le cae a nadie encima, y será una pieza de 54 metros de lado que se proyectará un par de metros por afuera de la marquesina.

Apenas se pueda entrar en el edificio, se van a encarar dos problemas graves. La primera es instalar una cubierta en las alturas, para evitar que le entre agua al edificio, problema del que no se sabe la gravedad por la negativa de los dueños a abrirlo. El segundo problema es también de aguas, pero en el otro extremo y consiste en ver el estado de los subsuelos, bombear el agua en el tercero y catear hasta ver por dónde entra agua. Los archivos de la vieja Obras Sanitarias de la Nación guardan un nutrido intercambio entre el dueño original de la confitería, Gaetano Brenna, y el ente regulador, que deja entender que puede ser tanto la napa surgente como el gran caño maestro que recorre Callao. Famosamente, el Molino tenía licencia para usar el agua de un pozo en el tercer subsuelo para amasar sus célebre medialunas, y hay quien jura que ése era el secreto de su sabor.

Lo que sigue en el plan es una etapa a mediano plazo, que arranca por el estudio integral del edificio, con un capítulo que va a ser divertido de ver porque las fachadas se van a mapear con un dron con cámaras de altísima definición y un programa especial que permite armar un mosaico de imágenes que luego se use para un plano de patología del edificio. El interior, su integridad estructural y el estado de pisos y paredes es todavía un misterio, así como qué quedó adentro de la confitería y de los departamentos. Y esto es apenas un comienzo, porque luego hay que relevar la documentación fotográfica, que se apila en el PRIE, para ver qué le falta al edificio.

Que, desde esta semana, tiene doble consigna policial, del Congreso y del ministerio de Planificación, los dos entes involucrados en la compra.

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