Los recientes casos de corrupción en la Ciudad empiezan a dejar en claro cómo se hacen las cuentas porteñas y, sobre todo, con quién se hacen. El macrismo se construyó como algo “nuevo”, vagamente renovador y “distinto” a la política, pero resulta que a la hora de financiar campañas y generar cajas revirtió a los métodos más tradicionales, aquellos que muestran su raíz conservadora más que sus aspiraciones liberales. Como publicó Página/12 el domingo pasado, en lo que va de 2015 hubo dos docenas de compulsas de precios para hacer veredas y otros tantos contratos dados directamente, sin licitación. Dos empresas se repartieron salomónicamente estos negocios, una docena cada una, y esas dos empresas tienen en común no tener antecedentes en la industria de la construcción y ser de lo más transitorias: según la AFIP, ninguna tiene empleados permanentes o los tiene en negro, y sus dueños son monotributistas que ganan poco.

Esta denuncia de la comunera Julieta Costa Díaz agrega algo muy relevante, que el macrismo en funciones fue subiendo los montos que se pueden contratar en forma directa, sin llamar a licitación, hasta la suma de dos millones de pesos. Este número es realmente alto en el contexto estatal y fue usado con maña y placer, con lo que entre los contratos denunciados aparece alguno que es por 1.999.950 pesos, cincuenta por abajo del tope. Así se gastaron 47 millones en lo que va del año, menos de 50.000 pesos por contrato por abajo del tope legal.

Los lectores de este suplemento no se sorprendieron tanto de este mecanismo cuando escucharon quién hizo los contratos. Resulta que fue la Secretaría de Gestión Comunal, el ente directamente dependiente de la Jefatura de Gabinete porteña, que en los ocho años de macrismo en funciones se fue transformando en un ministerio de obras públicas paralelo que paga precios exagerados hasta en comparación con lo que gastan los ministerios de verdad de hacen obras. Gestión Comunal es el nombre actual de una entidad poco conocida que depende directamente del jefe de Gobierno electo, Horacio Rodríguez Larreta. Supuestamente dedicada a la Atención Ciudadana, la entidad “coordinaba” los viejos CGP y era el instrumento de resistencia a establecer realmente las Comunas. Cuando el PRO no pudo resistir más y tuvo que llamar a elegir comuneros, decidió negarles poderes y sobre todo presupuesto. La ley de Comunas fue creada como un instrumento de descentralización, de modo que funcionaran como pequeñas intendencias bajo el paraguas del jefe de Gobierno, siguiendo el modelo que tienen todas las provincias en su relación departamentos-gobernador.

Pero esto significa resignar tareas y por lo tanto presupuestos, cosa que el macrismo se negó a hacer. Las Comunas fueron creadas, los comuneros fueron electos, el PRO ganó en todas, pero aun así no se les dio ningún poder de hacer obras locales, como era la idea. La secretaría pegadita al banco de Larreta fue concentrando dineros y poderes, hasta que el mismo Mauricio Macri le pasó por decreto decenas de espacios verdes, de plazoletas y canteros a parques enteros. Y también les quedó el tema de las veredas. Los comuneros y sobre todo los consejos consultivos se quedaron mirando el festival de obras, sin poder intervenir y muchas veces enterándose de lo que pasaba en sus propios barrios cuando empezaban a romper y ponían el cartel amarillo. Los precios, mientras, superaban cómodamente los que pagaban por obras similares los ministerios de Espacio Público y Desarrollo.

La secretaría es muy creativa a la hora de hacer contratos. No sólo sus precios son superiores a los de sus colegas de gobierno, sino que hace rutinariamente cosas como publicitar sus licitaciones y contrataciones por plazos mucho menores que los ministerios, de modo que se entere la menor cantidad posible de empresas, y desdoblar los trabajos más grandes para poder hacer varias contrataciones directas en lugar de una licitación, algo explícitamente prohibido por una ley, la 2095, escrita especialmente para evitar este mecanismo. De hecho, la creatividad de la secretaría es tan eficiente que lograron evitar las licitaciones en el 40 por ciento de los contratos, un record. En un caso subrayado por la comunera Costa Díaz, se bajó el monto de la licitación en exactamente 68 centavos para poder hacer un contrato directo. Y siempre está el caso notable del boulevard en la avenida Cabildo, que la secretaría contrató y pagó cuando ya se había decidido hacer el Metrobús.

Pero en este caso puntual, resulta que las empresas que ganaron estos contratos directos apenas tienen un par de años de existencia o cambiaron drásticamente sus propósitos societarios muy recientemente, y formalmente casi ni existen. El dueño de una de las dos beneficiadas tiene otra empresa con un hermano dedicada a la publicidad digital –apps y esas cosas– que ya es proveedora de la Ciudad en ese rubro. Curiosamente, esta empresa tiene su sede formal a cuatro cuadras de la otra y sobre la misma calle, Vuelta de Obligado. Más curiosamente todavía, ambas participaron en una sola licitación y compitieron la una con la otra...

Como está en campaña electoral y ya tuvo problemas con los contratos publicitarios de Fernando Niembro, cuya existencia negaron hasta los supuestos contratados, Mauricio Macri contestó la denuncia. Lo hizo con la calma de un político que alguna vez fue presidente de la constructora de su familia y que algo sabe de estas cosas: “Hay empresas constructoras que se forman para construir por cantidad de metros cuadrados de vereda, toman 600 empleados, en este caso son cooperativas y después que termina el trabajo mes a mes les van pagando el despido anticipado. No tienen relación de dependencia”. Pero si bien en el rubro empresario Macri habla con gran seguridad, en el político le falla. De inmediato avisó que le hacen una campaña sucia pero que su gestión usa simplemente un mecanismo viejo, heredado, de contrataciones, el que marca el decreto 556. El candidato se olvidó de que ese decreto lo firmó él mismo en 2010, su segundo año de gestión como jefe porteño. Es un mecanismo flamante, creado por su propio equipo.