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Para quienes creemos que el desarrollo de las areas postergadas del Gran Buenos Aires no puede dejarse en manos del mercado o en el mejor de los casos en políticas asistencialistas que originan prácticas clientelares por parte de los intendentes del conurbano, el reciente anuncio de la gobernadora Maria Eugenia Vidal sobre una inversión millonaria en obras de infraestructura es auspicioso pero vuelve a poner sobre el tapete algunos aspectos metodológicos y de políticas públicas sobre como se invierte.

Como ocurrió en su momento con el Fondo para el GBA que Eduardo Duhalde obtuvo de Carlos Menem, frente a este tipo de inversion estatal millonaria aparecen los primeros interrogantes: a) Como definir el ámbito territorial (barrios, municipios, regiones, etc.) b) Como definir las áreas o rubros de aplicación (Vialidad, Saneamiento, Salud, etc.) c) Como evitar que estos fondos se desvien hacia otros fines no propuestos o directamente hacia el bolsillo de funcionarios o contratistas. En esta nota vamos a soslayar los aspectos ético morales y de derecho penal que implican el ultimo punto, para concentrarnos en la definición del ámbito territorial y funcional.

Sobre la definición del ámbito territorial, la primera advertencia que se debe realizar aunque suene trivial es que a diferencia de la Ciudad Autónoma en el Gran Buenos Aires la desigualdad en el acceso a los servicios e infraestructura pública es la norma y no la excepción. Y esta realidad que se dá a nivel regional también se evidencia dentro de cada municipio, de lo cual surge que si queremos aprovechar esta inversion para practicar una política reparadora e integradora debería garantizarse que los fondos y las obras se ejecuten en los barrios y zonas objeto de las políticas públicas. En este sentido y a modo de ejemplo no alcanza con que la Provincia gire los fondos para mejora de espacios públicos al municipio si no controla que los mismos se aplican a la mejora de las áreas postergadas previamente definidas y no a embellecer los canteros o a plantar palmeras en las zonas céntricas o de alto impacto visual.

Otro aspecto que no ayudó durante estos últimos años a poder planificar políticas integradoras de dimension territorial es la division del conurbano en “cordones”, que durante las décadas de expansion de la “mancha urbana” resultó un recurso práctico para significar el crecimiento del GBA y el nivel de acceso a los servicios, de lo cual se deducía que los Municipios del 1º cordón tenían un nivel de infraestructura similar a la Ciudad de Buenos Aires, los del 2º cordón un nivel de desarrollo menor y los del tercero como zonas periurbanas casi desprovistas de infraestructura. Actualmente esta division en cordones resulta una fuente de presunción engañosa por cuanto por diversos factores las áreas centrales de varios muncipios del Segundo y tercer cordón como Escobar, Pilar, Ezeiza o Tigre cuentan con mejor nivel de acceso a los servicios e infraestructura que muchas barriadas de municipios del 1º cordón como Villa Inflamable en Avellaneda, Fiorito en Lomas de Zamora o Villa Independencia en San Martín.

A esta altura el lector podrá preguntarse, si no son los cordones ni los municipios como unidad política quienes nos sirvan de anclaje territorial para la priorizar la inversion Qué marco, parámetro o elemento técnico podemos utilizar? Y aquí, buceando en los escritos y trabajos sobre el Amba encontramos en los informes y trabajos del Plan Nacional de Desarrollo del 58’ actualizado en 1972 –al que ya hicimos referencia en el Suplemento por su aporte a la recuperación de terrenos inundables del sur porteño– una referencia por demás interesante: Este trabajo explicaba el desarrollo y expansion del conurbano en función de los vectores de desarrollo (ferrocarril, autopistas y avenidas troncales) originándose en derredor de estos corredores una urbanización consolidada y con buena provision de servicios, pero a su vez advertía que en forma simultánea se urbanizaban zonas mas alejadas de estos corredores a los que llaman espacios intersticiales. Este trabajo de hace mas de tres décadas ya nos marcaba al menos 6 vectores de desarrollo (o áreas consolidadas) y otros tantos espacios intersticiales (o zonas menos desarrolladas). Si lo proyectamos al día de hoy podemos advertir que se han consolidado varios de los corredores señalados en el trabajo y se han agregado algunos nuevos (Aut. Ezeiza/Cañuelas, Aut. a La Plata y Acceso Oeste) y manteniéndose con un menor nivel de desarrollo aquellas zonas mas alejadas de dichos vectores.

Como vemos, la existencia marcada de estas zonas que atraviesan en forma transversal los tres cordones y cada uno de los Municipios bien puede servirnos para comenzar a definir el ámbito territorial para una aplicación eficáz de los recursos.

En cuanto al tipo de infraestructura en la cual invertir el dinero a los efectos de generar una sinergía positiva de desarrollo, entendemos que debe incorporarse tanto la Salud como la Educación no solo como una obligación indelegable del Estado como prestador del servicio, si no también encararlos como vectores de desarrollo para la integración de zonas postergadas. A tal efecto vale el ejemplo de lo realizado por Medellín en la Comuna 13, llevando las mejores escuelas y hospitales (ver suplemento).

Los propuestas esbozadas en esta columna por supuesto pueden merecer observaciones y objeciones, pero en lo que seguramente coincidiremos todos los que creemos en el rol planificador del Estado es en la urgente necesidad de encontrar parámetros para la ejecución de estos recursos millonarios, de forma tal que los mismos no pasen exclusivamente por la negociación de ribetes extorsivos entre una gestión provincial necesitada de plafón político institucional con Intendentes avezados con alineamientos politicos inciertos.