Dicen con justicia que el zorro pierde el pelo pero no las mañas, que es una manera de decir que el presidente cambia el puesto pero no las prioridades. Mauricio Macri, que tanto hizo por la industria inmobiliaria especulativa como jefe de Gobierno porteño y que dejó un sucesor de confianza para el sector, ahora sigue habilitando negocios desde la presidencia. Lo hace por decreto, violentando y tal vez violando la constitución, y pasándole por encima a una atribución más que clara del legislativo.

El negocio inmobiliario arranca pequeño, como un globo de ensayo a ver qué pasa. El decreto 952, fechado el 19 de agosto y flamantemente publicado en el Boletín Oficial, autoriza a la Administración de Bienes del Estado a vender 17 inmuebles de propiedad pública. Son 18.480 metros cuadrados de distinto uso y valor, trece en la Capital, y el mecanismo se basa en el decreto-ley 22.423 de la dictadura, tan eficiente ella en estos temas, que lleva la firma de Videla y Martínez de Hoz y la fecha de marzo de 1981. El texto es una joyita de pensamiento militar-burocrático que insinúa que el Congreso, por entonces cerrado a candado, le había “cedido” al Ejecutivo el poder de vender propiedades públicas. El mecanismo era por remate público, a menos que fuera “más conveniente” hacer ventas directas o licitaciones. Esto es, se podía básicamente vender cualquier cosa de cualquier manera...

Macri recurre a este eficiente decreto porque la Constitución nacional le impone el engorroso y poco tecnocrático procedimiento de crear una ley, lo que implica debates, escuchar a la oposición, justificar las ventas. El problema del presidente es que la constitución de 1994, la que todavía nos rige, prohíbe explícitamente delegarle este tipo de poderes al ejecutivo. Sólo se le pueden pasar cuestiones de emergencia pública, administrativas, y por un plazo fijado con precisión. Nada de esto se aplica al decreto de Macri, que no tiene plazo, no es administrativo y no tiene fecha final.

La Administración a la que Macri habilita por decreto es, por cierto, la encargada de administrar bienes públicos inmuebles y, si hay ventas o enajenaciones de cualquier tipo, la encargada de llevarlos a cabo. Esto es, es el ente que tiene la responsabilidad de hacer efectivas las ventas. Por desgracia para el presidente, esto no significa que tenga el derecho de andar vendiendo lo que se le ocurra a él. La Administración tiene una cierta autonomía en casos limitados, urgentes o de alto interés social. Pero dado que el Estado nacional tiene algo así como 80.000 inmuebles en todo el país -lo que va de campos enormes a lotecitos, de oficinas a departamentos, de cocheras a garitas- el potencial de instalar un sistema de facto de venta directa por orden presidencial es formidable. Este arranque modesto, de menos de dos hectáreas, es una prueba piloto para cosas mucho más grandes.

Una de las propiedades que se quieren vender ahora es la oficina de la SIDE en la calle Billinghurst al 2400, famosa porque de ahí se ordenó en 2002 reprimir la marcha sobre el Puente Avellaneda que costó las vidas de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Casi como para crear simpatía, se venden otras dos oficinas de la ex SIDE, una en la calle Sánchez de Bustamente y otra en la avenida Coronel Díaz, sede de la dirección de Observaciones Judiciales que se encargaba de pinchar teléfonos.

La mayoría de la lista, sin embargo, se compone de propiedades menos significativas, con un garage en el centro porteño, un lote vacío junto a las vías en Belgrano -suculento para una torre- viviendas diversas y oficinas varias. En la lista se destaca el edificio de Chacabuco 142, largamente abandonado pero de valor patrimonial, así como la casa tomada de Solís al 600, un edificio de varios pisos que pertenecía a la Anses, sufrió un incendio y sigue tapiado desde hace años.

Más complicado es el caso del Centro de Salud Mental Rosarios, en la calle Manuela Pedraza, dedicado a la salud mental y a la terapia de drogadependencias. El centro y sus canchas deportivas sobre Campos Salles están en pleno uso, con lo que “fuentes gubernamentales” aclararon que la venta será a la Ciudad, como si eso fuera garantía... Más inexplicable es la venta de la escuela judicial del Consejo de la Magistratura en Paraná al 300, un edificio que desde hace catorce años también aloja la comisión que selecciona jueces. Finalmente, la lista le da la razón a los vecinos de Palermo que denunciaban que les iban a cerrar el complejo deportivo Estación Fitz Roy, que tiene canchas de tenis y fútbol, y sirve como espacio deportivo para las escuelas de la zona. Lo van a vender, nomás. Tiene razón Sergio Abrevaya, que enterado de la idea se preguntó por qué simplemente no habilitan estos edificios para vivienda popular, que tanta falta hace.

Comisiones

Si alguien piensa que esto de que el PRO intrínsecamente proteja los intereses de los especuladores inmobiliarios es arbitrario, conviene que consulte la página oficial del gobierno porteño y se fije en la sección donde se dan consejos sobre cómo alquilar en la Ciudad. La autoridad local explica que se pueden pagar uno o dos meses de comisión a la hora de firmar el contrato. Es decir, validan que las empresas inmobiliarias rompan la ley y cobren de más.

Es literalmente así, porque la ley 2340 ordena que no se cobre más del 4,15 por ciento del total del contrato como comisión, lo que equivale a un mes en un contrato de dos años. El gobierno porteño, en cambio, validaba un invento del Colegio de Corredores de la Ciudad de Buenos Aires, entidad privada y sin capacidad legislativa, que decidió que se podía cobrar más. Por si pudiera haber dudas, el juzgado 17 de la Capital acaba de fallar que la comisión legal es, verbigracia, la que marca la ley y no la que se le ocurrió al Colegio. Conociendo evidentemente el paño, el juez Marcelo Segón hasta aclaró que no vale agregar más costos al inquilino alegando gastos de la inmobiliaria.

El caso comenzó como un amparo en mayo, pero las inmobiliarias no le dieron ni la hora a la decisión judicial, cosa que demostró el defensor del Pueblo porteño Alejandro Amor presentando ante el juez 25 contratos en los que se cobró demás. Este mes, Segón decidió cortar por lo sano y le ordenó directamente al Colegio que deje sin efecto su inventito por ilegal. Para mejor, ordenó crear una suerte de comisión entre el Colegio creativo y grupos de inquilinos.

Ingenieros patrimoniales

Pocas veces se recuerda que los ingenieros también intervienen en el patrimonio y se encuentran con bemoles importantes como el de adaptar edificios de valor arquitectónico y cultural a nuevos usos y nuevas leyes. Por eso, este jueves se realiza el tercer encuentro sobre Patrimonio edilicio y urbano desde la ingeniería y la sustentabilidad, organizado por el Consejo Profesional de Ingeniería Civil. En el panel participan gente probada como Guillermo García, que dirige la restauración del Congreso Nacional, nada menos, Jorge Caramés, asesor de la Comisión Nacional de Monumentos, y Enrique Madia, del ICOMOS Argentina. Para informes e inscripción gratuita, basta ir a www.cpic.org.ar.

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