La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos está muy activa, en más frentes de los esperados. Una buena noticia es el convenio que acaba de firmar su presidente Teresa de Anchorena en Tucumán para realizar una muy interesante experiencia, la de mejorar el ámbito de la plaza central de San Miguel. Quien conozca el lugar recordará que es un clásico del urbanismo argentino, una plaza bien plantada y pensada, rodeada de edificios notables como la misma gobernación, la catedral local, el muy lindo Jockey Club y un conjunto de edificios más modestos que muestran buena terminación y ornamento (porque son de una época en que tener una buena locación imponía el deber moral de hacer un mejor edificio).

La idea es dignificar el espacio, buscando la restauración de los edificios notables y despejando varias espantos cubiertos de cartelerías, mal pintados y peor llevados. La experiencia puede ser rica y compleja, porque hay edificios que ya fueron largamente reemplazados por piezas sin ningún valor y otros que fueron rotos hasta decir basta. Con lo que habrá que aplicar una dosis muy grande creatividad para rediseñar lo perdido, arreglar lo recuperable y crear armonías entre cosas tan diversas.

La otra noticia es buena y mala a la vez, porque confirma que el párroco de la iglesia de Alta Gracia, Córdoba, destrozó su capilla colonial hasta un punto notable, pero avisa que el cura y sus tres arquitectos están procesados por el destrozo. La iglesia, universalmente conocida en el pago como “la capilla” es parte del circuito jesuítico nacional, sigue estando en pleno centro de la ciudad, junto al tajamar, e incluye un notable convento, la llamada Casa del Virrey Liniers, un tajamar y el taller de la misión, el Obrador, todos construidos a partir de 1743. El arquitecto fue el notable curita italiano Andrea Bianchi, responsable de poblar la colonia de edificios bellos. Este conjunto es patrimonio de la Humanidad por decisión de la Unesco en 2000.

Como informó nuestro columnista Facundo de Almeida en febrero de 2012, el párroco consiguió tres millones de pesos del gobierno provincial para arrancar las obras. De inmediato, la Comisión Nacional, en aquellos tiempos presidida por Juan Repetto, advirtió sobre el serio impacto en las estructuras de madera del templo, el techo de la sacristía y varios dinteles. La comisión mandó a inspeccionar el lugar al arqueólogo Marcelo Weissel, que denunció alarmado que la obra era muy dañina. La Comisión ordenó que pararan todo.

Pues esta semana se supo la continuación del tema cuando la justicia federal procesó al párroco y a los tres arquitectos por causar “daños irreparables” a una pieza del patrimonio nacional. Es toda una novedad, pero el cura Marcelo Siderides y los arquitectos melina Malandrino, Pedro Cufre y Juan Pablo Orozco enfrentan el cargo de daño agravado contra un bien de uso público y monumento de carácter histórico.

Resulta que cuando presentó el proyecto de obras en la iglesia, el cura Siderides “olvidó” avisar que quería instalar calefacción por losa radiante, lo que implicaba levantar buena parte del piso del edificio. Este piso fue destrozado a golpes, sin más, y a nadie, ni siquiera al párroco, le importó que abajo de las piedras viejas había gente enterrada. Los huesos fueron rotos también y removidos sin pena en un volquete. Para dar una idea de la indiferencia del clérigo por el tema, se peleó con la empresa de volquetes porque no los habían tirado a la basura y los habían usado para rellenar una canchita de fútbol... En rigor, en Alta Gracia nadie se sorprendió tanto por la frialdad del párroco, conocido por su ambición de transformar a la capilla en el lugar de moda para casamientos y otros sacramentos, y sus explícitas ganas de modernizarla y equiparla para estos usos fashion.

El juez federal Ricardo Bustos Fierro acusó al cura como dueño de casa y a la arquitecta Malandrino como autora del proyecto “de restauración”, con grandes comillas. Para más, Malandrino queda también acusada de ejercicio ilegal de la profesión porque no está matriculada en el Colegio local. Cufre y Orozco son considerados corresponsables del destrozo.

Lo que lleva a una pregunta: el Colegio Profesional de Arquitectos y Urbanistas, que con tanta presteza le hizo un tribunal de honor a Fabio Grementieri ¿va a sancionar a Malandrino, Cufre y Orozco por destruir una pieza colonial? ¿O sólo se mueven para defender a funcionarios del PRO? Esta sería una buena oportunidad para mostrar que la entidad de la matrícula obligatoria tiene algo de rigor en estas cosas.