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Durante los primeros años de la década del noventa la gestión provincial encomendó en el marco del ambicioso plan de reforma administrativa “Génesis 2000” un estudio técnico de factibilidad para la subdivisión de partidos bonaerenses, en particular del Gran Buenos Aires. Cuando el Gobernador Eduardo Duhalde lo envió al Congreso provincial para convertirlo en ley, tomó la decisión política por la presión y pataleo de los caciques matanceros de aquel entonces (Russo, Pierri, etc.) de dejar de lado la subdivisión de La Matanza. El tema era prioritario por ser el más populoso, tanto entonces como ahora. La ley 11.551 de 1994 creó seis nuevos municipios en el AMBA a expensas de los antiguos territorios de Morón, General Sarmiento, Esteban Echeverría y San Vicente, y no tocó La Matanza.

Hoy el tema vuelve a la palestra por el apoyo que recibiría del oficialismo provincial el proyecto presentado por el diputado provincial Marcelo Díaz del GEN. De más está decir que desde 1994 fueron muchos los proyectos presentados en el mismo sentido por prácticamente todos los bloques parlamentarios, incluido el FPV. Todos tenían en común algo no menor: ninguno de los impulsores de estas iniciativas (con la excepción del presentado por la Liliana De Miguel y Gustavo Ferragut en época de Balestrini) era o es matancero.

Mas allá de los intereses políticos que pudieran existir para impulsar o para cajonear la iniciativa, la intención de esta columna es reflexionar si desde el punto de vista de la gestión urbana resulta conveniente o no la subdivisión, y en caso afirmativo de qué forma y que parámetros se deberían tener en cuenta. Una de las primeras cuestiones que vale la pena dilucidar es la que nos propone el título: ¿el tamaño (en este caso los guarismos desproporcionados de población y superficie para un municipio urbano) tienen una incidencia negativa para la gestión de gobierno?

Aquí es donde uno extraña la normativa que tienen provincias como Córdoba, Santa Fe o Entre Ríos, que tienen diferenciados por un lado los ámbitos de gestión urbanos y rurales, y por otro tienen una categorización de las comunas en función de su población, dotando a cada una de una institucionalidad acorde al tamaño. Por el contrario, la provincia de Buenos Aires dota de la misma arquitectura institucional al Municipio de Tordillo, con 5000 habitantes, que a La Matanza con sus casi dos millones. Esta primera aproximación nos lleva a colegir que hasta tanto se produzca una reforma profunda del sistema de municipios bonaerenses no estaría mal tratar de llevar el tamaño de las unidades políticas administrativas a un promedio relativo (¿200/300 mil hab. en el AMBA?) (¿30/50 mil rurales?).

Otro tema no menor, además de los parámetros demográficos, tiene que ver con la sustentabilidad de los nuevos entes políticos. Y si bien en este tópico hay un claro consenso interpartidario sobre la necesidad de contar con sustentabilidad financiera fiscal, no existe tal consenso técnico a la hora de establecer parámetros de sustentabilidad social para los nuevos municipios. De hecho están quienes proponen nuevos partidos en función de la homogeneización o características sociales de los vecinos. De todas las experiencias de subdivisión la que mas se aproxima a la realidad matancera fue la partición de General Sarmiento en 1994. Se creó un distrito claramente residencial y comercial como San Miguel, otro con algo de industria y de servicios (Malvinas Argentinas) y un tercero que se convirtió en un municipio dormitorio con gran parte de población en la indigencia, como José C. Paz.

De esa experiencia surge la necesidad de que las próximas divisiones territoriales tiendan a la integración mas que a la homogeneización, de lo contrario condenaríamos a estos nuevos municipios a depender de una ayuda constante y limitante del poder central de turno.

Si bien, hay otras variables que merecen tenerse en cuenta, existe una que considero fundamental, no tanto desde la mirada de gestión técnica administrativa, sino desde las propias convicciones en pos de las herramientas de construcción de ciudadanía. Claramente, es necesaria la participación de la gente, por más que decidan alternativas que uno no comparta (como el absurdo de la división de Chascomús y Lezama).

En definitiva, invito a que aprovechemos esta discusión que se impone en la agenda política bonaerense para que también pensemos en los mejores instrumentos de gestión y de planificación regional.