Hablar con el arqueólogo Christopher Young puede ser enervante: descubrir el rigor y la fuerza con que English Heritage, la institución para la que trabaja, defiende el patrimonio arquitectónico e histórico de su país, hace inevitable comparar con el desdén y la destrucción que reinan por aquí. Young visitó Argentina para el seminario “Hacia una Cultura del Patrimonio Arquitectónico” que organizó a fines de mayo la Universidad Torcuato Di Tella, un esfuerzo para crear conciencia y diseminar técnicas entre los futuros arquitectos que forma. En una larga charla, Young explicó por qué es importante la preservación patrimonial y describió el envidiable marco legal y las técnicas que usan los ingleses.
Young estuvo a cargo de 109 sitios arqueológicos e históricos en la zona norte de Inglaterra, incluyendo desde dólmenes prehistóricos a fuertes del siglo XIX, asesoró a colegas de Laos y Mongolia, y trabaja en Patrimonio Mundial para la Unesco. “Los edificios históricos y patrimoniales son parte del hábitat histórico de la sociedad”, explica Young, “una parte valiosa que le sirve a la gente porque da un sentido de pertenencia, un marco histórico para la existencia. La gente tiende a sentirse perdida en ciudades o ámbitos nuevos, en los que no tiene puntos de referencia”.
En los últimos años hubo un cambio de ángulo respecto a cómo cumplir esta tarea. Antaño se tendía a conservar edificios que tuvieran un valor evidente y propio, “obras de Wren, de Adams o Inigo Jones”. Hoy se atienden otros valores más locales, comunitarios. “La gente quiere conservar elementos que no serán muy importantes a nivel nacional, pero que lo son para ellos”, define Young. “Cosas como evitar que las ventanas de una calle se reemplacen por otras de plástico, para cuidar el carácter y la textura de un ambiente.”
El marco legal para lograrlo es simplemente impresionante. Por un lado existe un registro de lugares arqueológicos que data de 1882 y contiene 20.000 sitios que van de estructuras prehistóricas a silos de misiles en desuso. El que quiera alterarlos o reciclarlos de cualquier manera tiene que consultar con English Heritage o sufrir un duro juicio civil por daños. La autorización de obra es emitida por el Ministerio de Cultura y el que no acepte el marco que da la institución deberá seguir de todos modos un estricto reglamento. “El 99 por ciento acepta nuestras recomendaciones,” dice Young, “el resto apela”. La entidad recibe entre 800 y 900 pedidos anuales y ya, tantos años después, tiene pocos conflictos porque los propietarios saben que el uso que pueden hacer de sus sitios o edificios tiene límites.
El otro instrumento de conservación es la Lista de Edificios, que empezó durante la Segunda Guerra Mundial como un inventario de edificaciones a reconstruir si eran bombardeadas –”incluso para que las autoridades supieran qué escombros tirar y cuáles preservar”– y que en 1947 se transformó en ley permanente. El sistema es simple. Hay 25.000 edificios “de extraordinaria importancia o valor” que reciben el Grado I o el Grado II con Estrella. Y hay medio millón de edificios que reciben el Grado II, un conjunto que incluye prácticamente todos los edificios erigidos hasta finales del siglo XIX que no hayan sido destruidos, vandalizados o arruinados con reformas. Este grado comprende también un selecto grupo de obras de arquitectura contemporánea que ya llega a la década del setenta, “por lo que estamos protegiendo rascacielos que en su momento fueron muy polémicos”.
Para alterar de cualquier manera el exterior o el interior de estos edificios hay que pedir permiso a las autoridades locales, que manejan la vasta mayoría de los pedidos con criterios diferentes excepto en los casos de sitios Grado I o con Estrella, en los que debe intervenir English Heritage, que también tiene alzada si el pedido es de demolición. “Como puede ver, es un sistema bastante complejo para evitar que se dañe el patrimonio,” define Young, “aunque es un sistema de palos sin ninguna zanahoria: detiene a los que quieren hacer daño, pero no convence de hacer algo bueno”.
Si un edificio se deteriora y está en riesgo, English Heritage tiene varios recursos: “En el caso más extremo, el ministerio puede enviar una advertencia que indica lo que el dueño de la propiedad tiene que hacer para restaurar su edificio. Esto es algo que las autoridades locales raramente quieren hacer, porque los dueños prefieren forzar la situación hasta que la comuna compre el edificio. O sea, cuesta dinero”.
Si bien English Heritage tiene presupuesto para dar préstamos o simplemente asignar dinero al arreglo de edificios particularmente valioso, la filosofía es hacer que la restauración sea rentable en sí misma. “El elemento económico es fundamental y queremos demostrar que darle una nueva vida a un edificio histórico es económicamente viable y práctico, que un edificio preservados puede mantenerse solo si tiene uso.” Young señala que sus encuestas demuestran que a la gente le gusta más trabajar en edificios históricos que en nuevos, que una estructura con valor patrimonial tiene muchos usos y que hasta ecológicamente, ni hablar financieramente, tiene más sentido reciclar y reparar que demoler y construir con materiales nuevos.
Pero como este mundo es duro, Young cuenta que English Heritage tiene muchas veces que avergonzar a los propietarios para lograr resultados. “Usamos, especialmente para edificios Estrella y grado I, el Registro de Edificios en Riesgo, que esencialmente es una ‘lista de la vergüenza’ en la que nombramos cada año las estructuras en peligro de derrumbe por falta de cuidado y a sus dueños”, explica con una sonrisa. “De hecho, muchas son propiedad pública, del gobierno central o de gobiernos locales. La lista parece funcionar, porque en tres años pasamos de algo más de 1600 edificios en riesgo, a 1500.”
Hubo una sola pregunta que este inglés tan correcto no entendió: ¿hay muchas obras no autorizadas? Pidió aclaraciones y, pecando de groseros, se le preguntó si tenían el problema de inspectores coimeables con ataques de ceguera. La respuesta fue simple: “No”.