Semanas atrás, este suplemento hablaba del abandono y del deterioro de “una joya poco conocida de la ciudad”: el Mirador de Comastri, casco de la que fuera la estancia de esa familia en Loyola al 1500. Construido en 1875, es uno de los últimos edificios rurales que dan cuenta de un momento de Buenos Aires donde lo que hoy está cubierto de cemento era puro campo. Se trata de “una pieza irreemplazable, de primera agua”, decía el cronista. Un edificio catalogado con nivel de protección estructural “que la ciudad no puede perder”. Nos enteramos entonces de que su recuperación estaba en la agenda del por entonces flamante jefe de Gobierno local.

Ahora bien, en la semana que está terminando, el Ministerio de Educación porteño cerró la licitación de las obras de consolidación del edificio y lo que debía ser un hecho auspicioso se convirtió, para especialistas y vecinos, en un motivo de preocupación.

Ocurre que la licitación está dirigida a contratar la “consolidación” estructural del edificio para garantizar su estabilidad. Esta consolidación habrá de materializarse a través de la inclusión de una nueva estructura de hormigón (bases, columnas y losas incluidas) y acero en un edificio de ciento treinta años, con paredes portantes de ladrillo y entrepisos sustentados por tirantería de madera. De más está decir que se trata de una obra agresiva, irreversible e inoportuna.

En términos estructurales, el deterioro se presenta en los entrepisos por la pudrición parcial de parte de las vigas de madera. Los muros (cimientos incluidos) no muestran signos evidentes de fallas en su comportamiento. Se trata de una propuesta que no tiene en cuenta el funcionamiento de los sistemas constructivos originales y que no parece haber estudiado las causas de las patologías que presenta. Olvidándose de las causas del degrado, ataca los síntomas. Y lo hace agrediendo al edificio, rompiendo muchos más de lo necesario, introduciéndole elementos de hormigón que no son reversibles y que no presentan un comportamiento amigable con las estructuras de ladrillo. Y sin saber muy bien para qué se esta haciendo la obra, ya que no existe un proyecto integral de recuperación de edificio y no se conoce su destino. Por eso resulta inoportuna.

Si se trata de “garantizar la estabilidad” del edificio, mientras se define el proyecto de restauración integral, resulta más adecuado plantear una consolidación provisional a través de otros procedimientos más simples, más apropiados, reversibles, igualmente eficientes para cumplir con el objetivo de mantener en pie al edificio y más baratos. Estamos hablando de cosas tales como un buen apuntalamiento, la rehabilitación de los desagües que hoy no funcionan, el sellado de las goteras que dejaron pasar el agua que pudrió la madera, etc.

No se discute la necesidad de que el Mirador sea intervenido, pero éste no es el modo. La contradicción expresada entre el andamiaje discursivo a favor de la conservación del bien y las acciones concretas propuestas, que llevan a su destrucción, marcan la falta de un conocimiento cabal del edificio y su situación actual. A la par muestran la ausencia de especialistas en restauración en la ejecución del proyecto. Por suerte, se está a tiempo de revertir esta situación. El jefe de Gobierno tiene la palabra

* Especialista en restauración arquitectónica.