Uno de los problemas más complejos de la salvaguarda del patrimonio edificado es el económico. No sólo están las formidables presiones empresarias para que la piqueta siga alegremente, sino también un tema que toca directamente la economía de los porteños. Es que para una amplia mayoría de las personas que poseen una casa patrimonial, esa casa es su bien principal, su capital familiar. Es perfectamente lógico que cualquier cambio que pueda afectar el valor de ese capital preocupe a los vecinos de la ciudad.

Ayer mismo, la diputada Teresa de Anchorena presentó un exacto proyecto para solucionar este problema creando un nuevo mercado, el del espacio virtual de edificios patrimoniales. El proyecto de “transferencia de capacidad constructiva” crea un instrumento legal ya probado en otros países por el cual se puede vender el potencial de construcción de una casa o predio para que se construya en otro lugar de la ciudad. Así, se pueden comprar metros que nunca se construirán en un lugar para construirlos en otro.

Esto implica por un lado crear un nuevo producto –ya se venden edificios y terrenos, ahora se podrá vender espacio virtual–, por otro capitalizar a los vecinos sin obligarlos a mudarse o entregar sus casas a la piqueta, y por otro cobrar las famosas “excepciones” al código, que siguen siendo un subsidio gratuito a constructoras bien conectadas. Quien quiera ensanchar o subir su proyecto más allá de lo permitido deberá comprar esos metros extra en el mercado de capacidad constructiva. En nuestra próxima edición explicaremos en detalle cómo funciona el mecanismo, qué potencial económico tiene y por qué fue presentado como una modificación del Código de Planeamiento de la ciudad.