Como bien saben los lectores de este suplemento, Mauricio Macri y su gobierno trataron de intimidar a Basta de Demoler y a otras ONG que les molestan en sus negocios, haciéndoles un juicio millonario a ellos y a Sonia Berjman. La idea de los macristas fue que al lograr un amparo para que no desintegraran la plaza Intendente Alvear construyendo ahí una estación de subte –ilegal, de paso, porque tenían que construirla enfrente, en Plaza Francia– les habían hecho perder plata. Y demandaron a Basta de Demoler y a Berjman para que pagaran los millones supuestamente perdidos por bloquear la obra. Además del absurdo legal, ya que no fueron BdD ni Berjman quienes bloquearon la obra sino un juez de la ciudad, en pleno uso de sus poderes judiciales, el caso fue claramente un apriete para asustar a los que quieran protestar a futuro.

El hecho hasta dividió internamente al PRO porteño, porque muchos se dieron cuenta de que se iba a armar un escándalo, cosa que se puso internacional a medida que las expresiones de preocupación, repudio y solidaridad pasaban del CELS y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia a Greenpeace y el World Monument Fund. Ahora, Poder Ciudadano y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales se presentaron ante el tribunal para argumentar a favor de los acusados.