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Daniela Dupuy es fiscal a cargo de la primera fiscalía especializada en Delitos Informáticos, que funciona desde noviembre de 2012. Este organismo investiga, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, delitos informáticos propiamente dichos y delitos cometidos a través de Internet, “que por su complejidad en la investigación y dificultad para individualizar a los autores requieren un tratamiento especializado”. Esto es lo que dice...

¿Qué ocurre en el caso de que una foto sea robada de un perfil público?

–El artículo 153 bis del Código Penal sanciona con prisión de 15 días a seis meses al que a sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorización, a un sistema o dato informático de ingreso restringido. El texto refiere a “un sistema de acceso restringido”. Es decir: no está prohibido acceder a redes abiertas o al contenido que se publica en un sitio de Internet de acceso público. Se refiere a que existe alguna clave que impide el libre ingreso y el delito está en vencer dicha protección. Si se accede a un sistema de libre acceso no hay delito.

¿Entonces qué puede hacerse en el caso de que una imagen sea hurtada de un perfil público?

–Delito no hay, salvo que en el caso se derive que la imagen es pornográfica. Habría que determinar si se encuadra dentro del artículo 128 del Código Penal. Hay que estudiar cada caso concreto para determinar si es un hecho que encuadra en el Código Penal o es una conducta que merece ser accionada por la vía civil. Realmente hay que tener conciencia de las consecuencias de publicar la vida en las redes sociales. Es necesario concientizar a los jóvenes. Por ello, desde la Secretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal, y junto con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Educación estamos trabajando en el armado de una campaña sobre la base de una plataforma de colegios públicos y privados.

¿Qué responsabilidad desde el punto de vista legal le cabe a una red social cuando esto pasa?

–En nuestro país no está regulada la responsabilidad de los proveedores de servicio de Internet. Hoy no hay control. Si se protegiera al máximo la libertad de expresión, los PSI estarían exentos de responsabilidad como intermediarios y no se les exigiría que eliminen o impidan el acceso a esos contenidos, salvo que exista una orden judicial por tratarse de un contenido ilícito. Por el contrario, en un régimen restrictivo, los PSI serían directamente responsables. Considero que habría que buscar una solución intermedia, y una proporcionalidad entre el derecho a la libertad de expresarse y el derecho a la privacidad, pues imponer responsabilidad a los PSI por facilitar la publicación de material presuntamente nocivo llevaría al peligroso control de los PSI de todo el contenido y a eliminar o impedir la publicación de material cuya ilicitud sea discutible, y con ello se afectaría la libertad de expresión.

¿Cuáles son los delitos informáticos que más están afectando a los adolescentes hoy? ¿Qué tipo de denuncias reciben con más frecuencia?

–El 67 por ciento del ingreso de los casos que entran es de pornografía infantil, y en el marco de esas investigaciones se detectaron conductas que aún no han sido legisladas en nuestro país, como el grooming. Acceso ilegítimo es un 12 por ciento. A través de una herramienta contratada por la Fiscalía Nacional de la CABA, tendiente a facilitar el acceso a la justicia de la ciudadanía, se determinó que, durante un período específico, el mayor grado de patrones de búsquedas en Google se vinculó con una fuerte necesidad de encontrar un lugar donde denunciar casos de bullying escolar y cyberbullying.

¿Qué ocurre cuando el delito tiene sus efectos en otro país y se determinó que se produjo en la Argentina?

–La mayoría de los casos de pornografía infantil se inician por investigaciones en otros países, en las que se determina que los posibles autores del hecho residen en la Argentina y lo habrían cometido desde nuestra ciudad. La Fiscalía investiga en el ámbito de la ciudad este tipo de casos, a los autores que habrían cometido estos hechos en la ciudad.

• Equipo Especializado en Delitos Informáticos, Beruti 3345, 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires.

• Fuero Federal, Comodoro Py 2002.

• Policía Federal Argentina. Teléfonos: 101 o 911. Sección delitos de tecnología: Cavia 3350, 1er. piso, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono: 4370-5899.

• Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Area Especial de Investigaciones Telemáticas. Avenida Regimiento Patricios 1142, 2º piso. Teléfono: 4323-8900, interno 4008/4009.

• Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Sarmiento 1118, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono: 4383-8512.

• Inadi. Teléfono: 0800-999-2345. Funciona las 24 horas. Las oficinas están en Moreno 750, 1er. piso, Ciudad de Buenos Aires.