"Hay que evitar la visión de la seguridad simplista, que es la demagogia represiva para la cual la seguridad se reduce al orden en las calles. Se alienta así la construcción del problema como si fuera una 'guerra' entre 'los delincuentes' y las instituciones de seguridad. En esta guerra, los derechos son percibidos como obstáculos a una supuesta solución 'simple', que es el incremento de la violencia estatal, y no como los bienes a proteger por las políticas de seguridad. Peor aún, en esta perspectiva nunca el incremento de la fuerza es suficiente: Cuando estas políticas fracasan, en lugar de admitir el error, se reclama más violencia, más armas y más presencia policial, en fin, más guerra y división. Se trata de enfrentar a la violencia con mayor violencia. Es en esta visión oculta, en perjuicio de víctimas y victimarios, que los delitos se relacionan con las economías delictivas, a las que debe abordarse. Este es el consejo más sano que puede recibir en términos de seguridad el próximo gobierno provincial". La frase pertenece al criminólogo Enrique Font, quien además suma la necesidad de desmilitarizar a la Policía, rediseñar la institución en un escalafón único, producir datos propios, capacitarla y controlarla efectivamente.

-¿Qué es una economía delictiva?

-Se concibe como "economía delictiva" a los procesos de oferta y demanda de bienes o servicios ilegales o de bienes y servicios legales obtenidos ilegalmente. Bienes ilegales son las armas de guerra y un servicio ilegal es la "seguridad privada" prestada fuera de la reglamentación vigente por un policía de franco. Ejemplo de bienes legales obtenidos ilegalmente son las auto﷓partes provenientes de vehículos robados. A tal punto la economía delictiva es un componente central, que no es infrecuente que la criminalización de la actividad en cuestión sea una variable de su rentabilidad o de su concentración, como es el caso del mercado de sustancias de consumo penalizado (mal llamadas "estupefacientes").

Font lleva adelante el proyecto "Violencia, policía y estado de derecho", que comenzó en el año 2004 y abarca entre 1996 y el 2006, en forma conjunta con el CELS, la UNL y la UNR. Este proyecto de investigación esta destinado a trabajar un diagnóstico cuantitativo y cualitativo del fenómeno del uso de la fuerza letal por la policía, en forma más amplia que los casos de gatillo fácil, es decir los casos en los que legítimamente pudo haber habido enfrentamientos con muertes civiles por uso de la fuerza policial ocurridos en la última década en Santa Fe y Buenos Aires, tanto capital como provincia.

"Abordamos la producción de información, mecanismos de control formales e informales, asuntos internos, defensoría del pueblo, familiares de victimas, comisiones investigadores es decir todos los mecanismos sociales informales. El trabajo termina con un análisis de la investigación, y con propuestas de políticas públicas".

-¿Cuál es el análisis que se hizo sobre la policía santafesina?

-Hoy lo que podríamos resaltar es que está acorde al marco de las transformaciones de las policías a nivel nacional, que es una tendencia hacia la desmilitarización. Esto quiere decir que se hace una transformación en los mecanismos de la formación de los cuadros policiales. Desde hace un año y medio, el Consejo de Seguridad Interior del Ministerio de Interior, ha adoptado una política de reformas en la formación junto con el Ministerio de Educación, con la participación de 22 provincias. Esta es la primera vez que el gobierno nacional toma una política sobre las policías provinciales. Esta iniciativa produjo información que no había sobre la formación policial. Y propone tendencias, en las que las provincias adhieren, vinculados a la formación con acreditaciones a las carteras educativas con programas que tengan que ver con el rol de un policía en el siglo 21. Es decir vinculados a la protección del derecho, y resolución de conflictos y no tanto a la lógica del orden público y seguridad pública, sino como seguridad ciudadana. Y esto se logra sacando de los ámbitos policiales la formación. Hay modelos como Mendoza, en que se forma en la universidad, y hay otras similares a lo aprobado Santa Fe con el Instituto de Seguridad Pública. Este es un instituto autárquico, que forma a policías en seguridad pública pero con estandares propios de una tecnicatura. En eso podemos decir que Santa Fe esta alineándose la nación. Otra línea para desmilitarizar es terminar con las estructuras organizacionales que es salir de las dos pirámides propias de una fuerza armada, con una base de ingreso único, es decir un escalafón único concentrándose fuerte en la formación inicial de los policías.

-¿Qué pasa en este punto con la provincia de Santa Fe?

-En esta provincia esta aprobado una nueva ley de personal, lo que pasa es que esa ley de alguna manera no es muy radicalizada en la transformación policial sino que ha sido una ley de compromiso, pero al menos transforma el escalafón único. Pero tiene un problema: esa ley no esta reglamentada. Creo que el próximo gobierno provincial tiene la posibilidad de afinar esa ley reglamentándola, y esto puede permitir bastante flexibilidad en un esquema deseado. Esta es una tarea pendiente: reglamentar la Ley de Personal. Esto lo hizo Neuquén, Mendoza y Buenos Aires, en las que habría que mirar como han hecho para evitar los bolsones de resistencia en los sectores que están próximos a retirarse y en los mandos altos.

-¿En que otros puntos Santa Fe está en deuda?

-Una es una profesionalización y especificación técnica de las políticas de seguridad: Ya está claro que no se puede seguir improvisando. Tiene que haber equipos técnicos que sostengan las políticas de seguridad, que de otro modo están destinadas al fracaso. Esta provincia no ha generado capacidad técnica en más de veinte años, capaces de producir políticas que tengan sustento. Lo segundo es que el gobierno tiene que tener informes propios sobre el delito, muy detallado: dónde, cómo se produce, sobre qué economías delictivas se sustentan estas prácticas, quienes son los actores. Esto es importante porque hasta hoy esta producción de informes ha descansado sobre la policía, que la ha usado de manera extorsiva porque le otorga una autonomía que ninguna fuerza debería tener. Si un ministro está esperando que la policía le diga cuál es el delito cometido es un rehén de la misma. Hoy hay experiencias en la Argentina de producción de información viable: Esta será una tarea que el gobierno de Hermes Binner podrá fundar de cero. En paralelo con esto es definir una política de capacidades de gerenciamiento policial. Esto es tener un acabado conocimiento del lugar donde está la policía, qué hace y cómo distribuye sus recursos- concluyó Font.