El intendente Martín Balbarrey terminará su mandato en medio de los escándalos. Un proyecto de ordenanza presentado por el bloque del PJ para designar en la planta permanente del municipio a unos 1.100 empleados con contratos basura, pasantías y planes jefas y jefes de hogar derivó ayer en otro apriete a los concejales opositores que se niegan a votar la iniciativa. El gremio de los trabajadores municipales ya denunció que la movida está fogoneada por punteros del PJ. Así que el principal blanco fue el concejal del peronismo disidente Marcelo Ferreira, a quien un grupo de 20 personas escrachó en su propia casa durante más de una hora, lo que obligó a la Policía a poner custodias en los domicilios de otros seis concejales del Frente Progresista.

Ferreira denunció ante la justicia a quienes le reclamaron a los gritos que apoye el proyecto que presentó su ex colega de bancada, Rafael López, un émulo de Borocotó que se pasó a las filas del PJ oficial hace muy pocos meses. El voto de Ferreira es clave para desempatar los números en el Concejo, donde hoy el Frente Progresista tiene seis concejales (Noelia Chiementín, Marta Fassino, Jorge Henn, Carlos Pereira, Julio Schneider y Leonardo Simoniello) y el PJ la misma cantidad (Rubén Mehauod, Liana Moraguez, Nicolás Piazza, Jorge Kiener, María Lastra y Rafael López). Por ahora, Ferreira cuestiona el proyecto de López, pero si cambia de opinión, podría dar vuelta los números.

"Yo hago responsable al bloque justicialista y al intendente Balbarrey por esta situación. Todavía, Balbarrey no se ha manifestado, así que yo no sé cuál es su postura, y tampoco la de (el intendente electo Mario) Barletta", dijo Ferreira. Y sus colegas del Frente Progresista salieron a defenderlo. "Manifestamos nuestra más plena solidaridad con el concejal Ferreira y nuestro más contundente repudio a los actos de violencia e intimidación sufridos. Es inédito en la ciudad de Santa Fe que, a través de la intimidación y el apriete, se intente torcer una voluntad legislativa. El intento de violentar una legítima actitud de un concejal de la ciudad constituye no sólo una práctica autoritaria sino, también, un ataque al funcionamiento de las instituciones democráticas", advirtió la oposición.

"Este hecho no es un acto aislado. Una similar situación ya fue padecida por la concejala Noelia Chiementín cuando este mismo grupo de personas tuvo actitudes agresivas y de amedrentamiento en su oficina". "Responsabilizamos al intendente Balbarrey por estos hechos intimidatorios. Dentro de las 30 personas que se encuentran impulsando este accionar se encuentran reconocidos militantes y "punteros" del oficialismo municipal. Por lo tanto, solicitamos a la Justicia que se aboque en forma urgente al esclarecimiento de estos hechos delictivos y se determinen las responsabilidades. Al efecto, el concejal Ferreyra ha manifestado que ha radicado la respectiva denuncia policial, actitud que merece todo nuestro apoyo. Y exigimos al Departamento Ejecutivo Municipal que sancione a los empleados involucrados", dice la declaración de Frente Progresista.