Desde Santa Fe

La situación del juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez se complicó en el Consejo de la Magistratura. La comisión de Disciplina y Acusación votó ayer por mayoría un dictamen que propone suspender al magistrado en su cargo y someterlo a un jury de enjuiciamiento por ordenar el pago de bonos públicos en default a su valor nominal después de la crisis de diciembre de 2001. El despacho de la diputada kirchnerista Diana Conti logró tres votos, mientras que otros dos despachos que proponían desestimar la denuncia -como planteó el diputado radical Federico Storani- o sólo aplicar a Rodríguez un apercibimiento -como sugirió el juez Luis María Cabral- quedaron con un voto cada uno. Ahora, los tres dictámenes: el acusatorio y los absolutorios serán tratados en dos semanas, el jueves 22, en el plenario del Consejo, que deberá decidir por mayoría especial de dos tercios si separa a Rodríguez de su cargo y ordena el proceso de remoción ante el Tribunal de Enjuiciamiento.

Rodríguez es investigado en el Consejo de la Magistratura desde hace dos años por recursos de amparos que concedió a bonistas durante la etapa del corralito -después del descalabro económico de diciembre de 2001- y fallos que ordenaron pagar bonos públicos en default a su valor nominal. La causa se inició por una denuncia del Ministerio de Economía. Pero desde entonces, los planteos del diputado Storani lograron que el proceso se extienda hasta ahora.

El despacho de la diputada Conti que aconsejó someter al juez santafesino al jury de enjuciamiento logró tres votos: el del senador Nicolás Fernández, la abogada Marcela Losardo y el de la autora del proyecto. Mientras que los dictámenes de Storani y el del juez Cabral, uno cada uno. Así que ahora, la suerte del doctor Rodríguez se definirá, el próximo jueves 22, cuando el plenario del Consejo considere los tres dictámenes votados en la comisión de Acusación, pero para que uno de ellos prospere deberá obtener la mayoría especial de dos tercios: al menos ocho votos de los trece consejeros que integran el cuerpo.

El dictamen de Conti señala que un grupo de abogados "solicitaban medidas cautelares invocando razones de urgencia relativa a la salud y a la edad avanzada de los reclamantes, aún cuando en todos los casos los títulos fueron adquiridos con "posterioridad a la declaración de cesación de pagos". En algunos casos, las decisiones del juez obligaban a pagos de casi cinco millones de pesos, según se desprende de la documentación. El dictamen -informó la agencia DyN-sostiene que "es casi evidente que existió una maniobra que consistía en la compra de bonos presumiblemente a valores muy bajos en el mercado y luego, en un corto período, intentar cobrarlos al cien por ciento (de su valor) mediante una acción judicial rápida como el amparo".

El diario electrónico Notifé recordó ayer el descargo del juez Rodríguez ante las imputaciones en su contra.

-"¿Cuáles fueron sus argumentos de defensa ante el Consejo de la Magistratura?", le preguntaron.

-"Estos bonos tenían una fecha de cumplimiento del rescate, tenían unos intereses, pero quienes obtuvo esos bonos se los vendió al Estado que en ese momento fue desinteresado. Luego entra a la rueda, a través de la Caja de Valores, que los registra con los nuevos titulares. Se han presentado estas personas, y como ha dicho la Corte Suprema desde su etapa fundacional, el derecho de propiedad no puede estar sometido, o de alguna forma condicionado, a la emergencia. Las garantías constitucionales están por encima de las emergencias. Además, dos meses antes del decreto 1.570, de diciembre de 2001, el Congreso había dictado la intangibilidad del derecho de propiedad de los depósitos. Entonces, si queremos un país serio, tenemos que cumplir con la ley. No se puede cambiar las reglas del juego porque hay una emergencia, al menos yo lo entendí así. En este momento, los jueces estamos en un grado de vulnerabilidad muy alto. Tengo 25 años de ejercicio profesional, antes de asumir como juez, y muchas veces me he encontrado con sentencias que no me gustaban y nunca inicié un juicio político. No me corresponde analizar si eso está bien o esta mal, a mí el Estado me paga para decidir en forma imparcial y tomar decisiones jurisdiccionales. No se puede avanzar sobre el contenido de las sentencias, porque el Poder Judicial, en el esquema montesquiano, es una función independiente y me parece que le hace bien a la República que haya jueces probos y también imparciales y que tengan la libertad para tomar la decisión", concluyó Rodríguez.