Mientras el gobierno provincial busca lugares para trasladar a cerca de 300 presos que se encuentran en comisarías rosarinas en cumplimiento de la decisión de la Cámara Penal de Apelaciones, el designado ministro de Seguridad, Daniel Cuenca reconoció ayer que una de las opciones que baraja el futuro gobierno es otorgar "en casos puntuales" el beneficio del arresto domiciliario para reclusos que estén al final de la condena.

Consultado sobre el fallo que ordena el desalojo del "excedente" de presos de comisarías rosarinas, Cuenca dijo que esa es una orden para el actual gobierno y que el 12 de diciembre tendrá que ver qué grado de cumplimiento tiene, pero que no entra en colisión con sus propios planes, que pasan por "erradicar la población de presos" alojados en comisarías. "Es un temita complicado pero hay que hacerlo", enfatizó.

Para cumplir el objetivo de liberar de presos las seccionales policiales la idea, dijo el futuro ministro, es por un lado continuar con la construcción de cárceles y también se van a estudiar "alternativas" para casos en los que pueda haber "otros mecanismos que no sea estar detenidos ocupando una plaza".

Una de esas alternativas podría ser el arresto domiciliario sobre el final de la condena, aunque aclaró que no sería una medida de carácter "masivo" sino para casos "muy puntuales. Lo que se hace es cumplir con la Constitución, con las leyes y los pactos internacionales. Puede haber un caso en que no haya funcionado, que se haya fallado en el diagnóstico, pero es la excepción", insistió.

El futuro titular del Ministerio de Seguridad remarcó que el beneficio de la prisión domiciliario será siempre que "no haya riesgo de fuga" y dijo que se va a estudiar la posibilidad de usar tobilleras electrónicas para tener un seguimiento permanente del recluso beneficiado.

Desde el gobierno de Jorge Obeid aclararon que tienen "diez días hábiles para cumplir con la resolución de la Cámara Penal. Se están buscando los lugares apropiados y cuando se definan se comunicarán".