La vida de Ana María Acevedo pudo salvarse con tratamientos adecuados. Así lo afirman los tres informes médicos que el juez correccional de Santa Fe, Jorge Andrés, recibió esta semana. La joven de 20 años, oriunda de Vera, murió el 17 de mayo pasado en el hospital Iturraspe de Santa Fe, sin recibir ningún tratamiento para el sarcoma de maxilar debido a su embarazo, y ante la cerrada negativa a practicarle un aborto terapéutico. La opinión más lapidaria lleva la firma Oscar Dip, profesor de Oncología Clínica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y director de la carrera de esa especialidad. Este profesional considera que la radioterapia debió aplicarse inmediatamente después de la cirugía y que en el tercer trimestre de embarazo también debió hacerse quimioterapia. Por su parte, la doctora María Guadalupe Pallota, de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, afirmó que debió aplicarse quimioterapia en el tercer trimestre, ya que la vida de la madre corría peligro. Y observó también que en el 70 por ciento de los casos de radbomiosarcoma alveolar (tal el nombre de la enfermedad) remite con una posibilidad de sobrevida de hasta cinco años.

El magistrado recibió tres de los informes solicitados a Universidades y asociaciones científicas para determinar si hubo mala praxis o negligencia en el accionar médico. Es que la obligación profesional es de medios, y no de fines, o sea que están obligados a poner lo mejor de su ciencia para atender a los pacientes. Con estas pruebas, se podrá avanzar en la investigación de la causa. "Cuando lleguen los otros tres informes que solicitó a las cátedras de Ginecología y Obstetricia, de Pediatría y de Neonatología, el doctor Andrés podrá continuar el trámite. Esperamos que comience con las indagatorias", indicó la abogada Mirta Manzur, de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, que se hizo cargo de la causa junto a sus colegas Lucila Puyol y Paula Condrac.

El informe de Dip afirma que la radioterapia debió practicarse, durante el primer trimestre de embarazo. Y agrega un dato sobrecogedor: con la tecnología disponible en la actualidad, pudo realizarse el tratamiento y al mismo tiempo proteger al embrión, ya que la aplicación en la cara no tenía por qué afectar la pelvis. El mismo especialista indica que la quimioterapia, en el tercer trimestre, pudo aplicarse con drogas que no perjudicaran al feto. Incluso, afirmó que con el tratamiento adecuado pudo mantenerse con vida al feto hasta el séptimo mes de gestación, y luego practicar una cesárea para continuar con el tratamiento oncológico de la madre, si hubiera sido necesario.

El tercer informe, de la cátedra de Estomatología Clínica de la Facultad de Odontología de la UNR, firmado por Lidia Escovich, se centra en la demora en el diagnóstico del sarcoma. Consideró que la falta de instrumental adecuado hacía difícil diagnosticar la enfermedad en el SAMCO de Vera. Consideró que debieron hacerse estudios con mucha más celeridad, ya que la demora de cinco meses en el diagnóstico fue demasiado prolongada.

En ese punto, la especialista porteña consideró que el abordaje del caso fue incorrecto desde el primer momento. Es decir, desde el momento en que dilataron el diagnóstico desde el SAMCO de Vera. Sobre las decisiones tomadas cuando el embarazo ya estaba avanzado, opinó que la quimioterapia debió aplicarse, aún con riesgo para el feto, por el dramático cuadro atravesaba la madre. Los profesionales consultados coincidieron en que los tratamientos para el cáncer debieron realizarse. En el sumario administrativo que instruye el ministerio de Salud de la provincia a raíz de la muerte de Ana María, fueron interrogados los médicos que atendieron a Ana María. Tanto Yossen como el jefe de Oncología, Mario Blajman y el director del hospital, Andrés Ellena argumentaron que se abstuvieron de realizar tratamientos oncológicos para proteger la vida del feto. Sin embargo, fuentes del juzgado subrayaron que no existe discusión en torno a ese punto, ya que está resuelto en la legislación argentina. Refirieron que el artículo 86 del Código Penal es taxativo al despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo si existe riesgo para la vida de la madre.

La causa cambiará de juez este martes, cuando el Eduardo Pocoví asuma como titular del juzgado correccional 5 de Santa Fe, que hoy subroga Andrés. Las medidas de prueba solicitadas por el actual magistrado deberán ser evaluadas por su sucesor.

En medio del dolor y la pobreza, en la ciudad de Vera, los papás de la joven esperan que la Justicia repare -aunque sólo será de manera simbólica- el daño provocado por los profesionales de la salud pública. Mientras tanto, los hijos de Ana María, de 4, 2 y un año, nunca podrán recuperar a su mamá.

Las abogadas de los padres de Ana María habían iniciado a principios de este mes un recurso administrativo en el Ministerio de Salud, como paso previo a entablar un juicio civil contra el Estado por la muerte de la joven.