El gobernador Hermes Binner advirtió ayer que la decisión de sus dos antecesores Carlos Reutemann y Jorge Obeid de privatizar, primero, la empresa Aguas Santafesinas, y después, reestatizarla le puede costar a la provincia 310 millones de dólares, casi 1.000 millones de pesos, si pierde el pleito que entabló el grupo Suez ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal arbitral del Banco Mundial, en Washington. "Eso es un ejemplo de lo que no hay que hacer", dijo el mandatario al condenar la herencia de los 90: "La privatización del Banco de Santa Fe, el desguace de la Empresa Provincial de la Energía y la entrega de Aguas Provinciales a los sectores privados", todo, en tiempos de Lole y Obeid. "¿Y cómo se sale de esto?", le preguntaron. "Poniendo plata, no hay otra", sorprendió Binner. Y si bien aclaró que el juicio aún no está perdido, intentará que un fallo adverso "sea lo menos nocivo posible para la población" santafesina. Una forma de abrir el paraguas. La sentencia del Ciadi sobre el caso de Santa Fe se podría conocer entre "marzo o abril, o quizás mayo", anunció ayer la vicepresidenta de Aguas Santafesinas, Nora Ramírez, aunque ya hay un antecedente: el tribunal arbitral ya falló en contra de la provincia de Tucumán por el retiro de la concesión del grupo francés Vivendi que explotaba Aguas de Aconquija.

Después de participar en un acto oficial, Binner fue consultado sobre la demanda que inició el grupo Suez cuando Obeid resolvió rescindir el contrato con el grupo Suez, el 30 de enero de 2006, y recuperar el manejo de Aguas Provinciales -ahora convertida en Aguas Santafesinas SA- después de diez años de concesión privada. "¿Está informado de esto?", le preguntó un colega de Canal 13. "Por supuesto", contestó el gobernador. Y recordó que uno de los integrantes de su gabinete, el fiscal de Estado designado, Jorge Barraguirre, asesoró al gobierno del presidente Néstor Kirchner en los juicios de las empresas privatizadas ante el Ciadi cuando el procurador general de la Nación era Horacio Rosatti. Incluso, Barraguirre llegó a informar sobre la situación de Santa Fe y el contrato de Aguas Provinciales ante la Legislatura santafesina.

"Estamos informados y preocupados, obviamente", explicó Binner ante la posibilidad de un fallo adverso. "Pero también este es un problema que están sufriendo otras provincias argentinas y, en definitiva, la Nación", intentó tranquilizar.

-¿Y cómo se sale de esto? -insistió otro colega.

-Poniendo plata, no hay otra. Y vamos a ver cómo hacemos para que sea lo menos nocivo para la población. Esto son parte de acciones gubernamentales (de la dupla Reutemann-Obeid) que nosotros hemos criticado y que hemos puesto como ejemplo de lo que no hay que hacer, como la privatización del Banco de Santa Fe, el desguace de la Empresa Provincial de la Energía o la entrega de Aguas Provinciales a los sectores privados -disparó el gobernador.

-¿Cree que este es un juicio perdido?

-No, sino no lucharíamos para (ganarlo).

-Porque usted dijo que esto se arregla con plata, que no había otra alternativa.

-Pero el simple hecho de llevar adelante el trámite judicial ya cuesta dinero. Y, realmente, este (la privatización de Aguas Provinciales) era un proyecto que estaba destinado al no cumplimiento y hoy resulta que somos nosotros los que no hemos cumplido. Entonces, todo lo que firmó en su momento Aguas Provinciales, la empresa privatizada, no sólo que no lo cumplió, sino que además no hubo ningún control por el no cumplimiento. Y esto genera hoy problemas muy serios -afirmó Binner.

Ayer, la vicepresidenta de Aguas Santafesinas SA, Nora Ramírez anunció que el fallo del Ciadi sobre el caso de Santa Fe se espera para el primer semestre del año que viene. "Esperamos la resolución final para marzo o abril", dijo la funcionaria al diario Uno de Santa Fe. "Recién ahora que estamos en la empresa vamos a tener información precisa. Pero según lo que pudimos saber, se estaría en un período de prueba cerrado, salvo que se presentara algún hecho nuevo y se incorporara como prueba, se estaría esperando la resolución final para marzo o abril de 2008", explicó Ramírez.